Ley penal juvenil: el fin de la impunidad adolescente

Llegó la hora de responder penalmente

Cronología de un polémico debate

• Año 1995: Nace el anteproyecto de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente tras la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño; que establece que la privación de libertad debe ser un último recurso y por el menor tiempo posible.

• Año 2002: El Ejecutivo presenta al Congreso el proyecto de ley. Desde un punto de vista jurídico, la reforma se fundamenta en que la actual legislación de menores entra en contradicción con disposiciones de la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño. Así lo señaló el mensaje presidencial de Ricardo Lagos que acompañó a la iniciativa. Ésta contemplaba un restringido número de delitos y establecía penas privativas de la libertad de tres años sólo para los llamados delitos graves.

• Año 2003: Aumenta la delincuencia juvenil en las cifras de denuncias y victimización del país (ver gráfico).

• Año 2005: En mayo se produjeron dos importantes cambios en el Senado. La elevación a 5 años de la máxima sanción privativa de libertad, en el caso de adolescentes de 14 y 15 años de edad, y a 10 años, para adolescentes entre 16 y 17 años. También se reemplazó el catálogo de delitos elaborado especialmente para los menores, por la aplicación de las sanciones contenidas en el Código Penal con una rebaja de la condena de un grado hasta el mínimo. Es decir, se aplicó la misma escala de penalidad de los adultos, menos un grado.

• Año 2006: La normativa debía comenzar a regir el 8 de junio, pero el Congreso decidió aplazarla por un año por no contar con todos los centros de internación y programas de reescolarización y reinserción necesarios. Se formó entonces una comisión de expertos técnicos para ayudar a su implementación.

• Año 2007: Dos meses antes de su entrada en vigencia, la comisión de expertos evacuó un informe en que se diagnostican problemas de diseño de la nueva normativa. El Ejecutivo envió entonces al Congreso un proyecto que introducía cambios a la ley respecto al régimen de ejecución de penas, tipificación de los delitos y plazos para poner a los menores de 18 y mayores de 14 detenidos a disposición de los tribunales.

• Se reordenaron los artículos referidos a las penas (artículos 6, 21, 22 y 23 del texto original), distinguiendo entre la pena a imponer y la pena considerada en abstracto (la que establece el Código Penal).
• Respecto a la procedencia de la internación provisoria -entendida como prisión preventiva- se clarificó cuál será la pena a considerar por el juez para determinar si ella es procedente o no (artículo 32 original de la ley). Así, se estableció que podrá aplicarse la medida de internación provisoria en un centro cerrado cuando la pena en abstracto lo permita (5 años y un día o más) para delitos tales como homicidio, robo con violencia o intimidación y robo en lugar habitado.
• En caso de delito flagrante, se extendió el plazo contemplado originalmente de 12 horas a 24 horas, para que la policía ponga al adolescente infractor de la ley a disposición del tribunal. También se estableció como obligación la presencia del abogado defensor al momento de que un joven imputado preste declaraciones ante el fiscal.
• Respecto al cumplimiento de la sanción en centros semicerrados, se amplío su oferta y cobertura, facultando al Sename para que celebre convenios con organismos colaboradores acreditados que podrán ofrecer este servicio.
• Por último, una indicación del Senado, del senador (UDI) Hernán Larraín, modificó el artículo 23, en cuanto a que si la sanción equivale a una pena de crimen (más de 5 años), se deberá aplicar al joven la pena de internación en régimen cerrado por los dos primeros años. Al tercero, el juez podrá revisar la situación y determinar un traslado a un régimen semicerrado u otro sistema de libertad vigilada especial.

Evolución del índice de aprehensiones por delitos de mayor connotación social entre jóvenes de 14 a 17 años y adultos (1986-2002).

Las críticas al nuevo sistema

Preguntas frecuentes sobre esta ley

• Establece procedimientos, fiscales y defensores especializados.
• Establece programas de reinserción.
• Termina con el trámite de discernimiento.
• Establece la responsabilidad penal desde los 14 años, distinguiendo dos segmentos: 14 a 16 y de 16 a 18 años.
• Establece un amplio catálogo de sanciones.
• Las penas privativas de libertad sólo se establecen para delitos más graves.
  
  

• Conocer el motivo de su detención y ver la orden de la misma, salvo que sea sorprendido de modo flagrante.
• Ser adecuadamente informado de los hechos que se le imputan, así como de los derechos que le otorga la ley: guardar silencio, no ser obligado a declarar y ser trasladado ante un juez dentro del plazo de 24 horas.
• Contar con un abogado de su confianza. Si no lo tuviese, el Estado deberá proporcionarle uno.
• Mientras se determina su culpabilidad, tiene derecho a ser tratado como inocente.
• Si el inculpado se encuentra privado de libertad, tiene derecho a permanecer separado de los adultos.
• Debe ser tratado con dignidad, no pudiendo ser sometido a castigos corporales, encierro en celda oscura o a cualquier sanción que ponga en riesgo su salud física y mental.
• Una vez sancionado, el joven tiene derecho a pedir el término o cambio de una pena privativa de libertad, por una que pueda cumplir en libertad para favorecer su reinserción social.

• El régimen cerrado obliga a los jóvenes a desarrollar actividades dentro de recintos del Servicio Nacional de Menores.
• El régimen semicerrado establece la residencia obligatoria en un centro, pero se cuenta con programas que se desarrollan también en el exterior del establecimiento.

En ambos regímenes de internación se incluyen la continuación de estudios, el aprendizaje de oficios, el manejo de tecnologías digitales, el tratamiento de adiciones y el fortalecimiento del vínculo con la familia.

Sanciones no privativas de libertad:

• Libertad asistida y libertad asistida especial, donde el adolescente es orientado, controlado y motivado por un delegado, que debe procurar su acceso a programas y otros servicios necesarios para la reinserción. El delegado es el representante de una institución colaboradora acreditada que ha celebrado los convenios respectivos con el Servicio Nacional de Menores (Sename). Este tipo de sanción no podrá exceder los tres años.
• Reparación del daño causado a la víctima, que se hará efectiva mediante una prestación en dinero, la restitución o reposición del objeto o cosa de la infracción o un servicio no remunerado en su favor, previa aceptación del condenado y la víctima.
• Servicios en beneficio de la comunidad, mediante actividades no remuneradas que no excedan las 4 horas diarias, compatibles con la actividad educacional o laboral del adolescente. La sanción tendrá una extensión mínima de 30 horas y máxima de 120.
• Multas y amonestaciones. El juez podrá imponer una multa a beneficio fiscal que no exceda las 10 unidades tributarias. Para ello se considerará la condición y facultades económicas del infractor y de la persona que está a su cuidado. La multa se podrá pagar en cuotas o será conmutable por servicios a la comunidad, a razón de 30 horas por cada 3 unidades tributarias mensuales.

Sanciones accesorias, contemplan la rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol. También se puede prohibir la conducción de vehículos motorizados hasta cumplir los 20 años.

• Para robo con violencia, robo con violación, secuestro con violación o robo con homicidio: al menos dos años de reclusión en régimen cerrado, periodo después del cual pueden acceder a cumplir sus penas en régimen semicerrado.
• Para homicidio calificado o robo calificado: penas entre 5 años y 1 día, y 10 años y 1 día. El rango de sanciones aplicables para estos delitos son de régimen cerrado con programas de reinserción social y régimen semicerrado con programas de reinserción social, respectivamente.
• Para robo en lugar habitado y robo con violencia o intimidación: las penas van desde los 3 años y 1 día, a 5 años con régimen cerrado con programas de reinserción social, régimen semicerrado con programas de reinserción social y libertad asistida especial.
• En caso de riñas con resultado de homicidio, lesiones graves y porte ilegal de armas: las penas van desde los 541 días a 3 años de cárcel. Para estos delitos se contemplan sanciones en régimen semicerrado con programas de reinserción social, libertad asistida en cualquiera de sus formas y prestación de servicios en beneficio de la comunidad.