Documentos de Asesorías Parlamentarias

Documentos elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, como parte de su función de apoyo al trabajo parlamentario, para contribuir a la certeza del actuar legislativo, disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y respaldar el protagonismo internacional del Congreso Nacional de Chile en los foros inter-parlamentarios.

Estos documentos han sido elaborados a solicitud de parlamentarios del Congreso Nacional, bajo sus orientaciones y particulares requerimientos. Por consiguiente, sus contenidos están delimitados por los plazos de entrega establecidos y por los parámetros de análisis acordados. No son documentos académicos y se enmarcan en criterios de validez, confiabilidad y neutralidad política.

Categoría: Administración del Estado

Total documentos: 614

29/09/2020

Regulación de la “Puerta Giratoria” Legislación Extranjera.

Dazarola Leichtle, Gabriela Maria

El fenómeno de la puerta giratoria o revolving door, se refiere a la rotación que existe entre funcionarios públicos que trabajan en determinada área de la economía o la regulan, y una vez dejado el servicio público, se van a trabajar a empresas que operan dentro de la misma área. Situación que también se da a la inversa, es decir, personas que trabajan en el sector privado y llegan al sector público. De acuerdo a la experiencia extranjera revisada (Argentina, Costa Rica, España, Francia, Portugal, Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos), las normas para aminorar los efectos de la puerta giratoria se centran, principalmente, en la primera situación descrita, es decir, el flujo desde el sector público al sector privado. Las disposiciones que regulan la situación descrita se encuentran insertas en normas generales sobre ética en la función pública, regulación de conflicto de intereses y códigos de conducta. En el caso de Francia, existe un decreto que regula la situación en particular. Las normas generales abordan una serie de situaciones adicionales, tales como exclusividad en el ejercicio de la función pública, limitaciones patrimoniales en participaciones societarias, deber de inhibición y de abstención en ciertas materias, o el establecimiento de un órgano orientador sobre la materia. En el caso de los ejemplos latinoamericanos las normas que regulan el postempleo de los funcionarios públicos se acotan a un par de artículos que determinan prohibiciones a funcionarios que en el ejercicio de sus cargos han tenido relación con una empresa determinada. En países como España, Francia, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos, las disposiciones son más extensas y definen con mayor precisión los cargos públicos que se encuentran regulados por la norma, fijando procedimientos, organismos encargados de orientar la acción de los funcionarios/ autoridades, además de las sanciones asociadas.

15/09/2020

Inhabilidades de acceso a cargos de elección popular para quienes se encuentran en posesión de un cargo: Regulación en algunos países de América Latina.

Dazarola Leichtle, Gabriela Maria

En el marco de los requisitos exigidos para la inscripción de candidatos para una elección popular, es posible encontrar en distintos ordenamientos jurídicos de América Latina, exigencias particulares para acceder a cada tipo de candidatura, tal como se aprecia en Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Los requisitos legales básicos para postularse como candidatos, suelen coincidir y entre ellos se encuentran: ciudadanía, edad mínima y estar en pleno goce de los derechos políticos y civiles. En cuanto a las inhabilidades de acceso a cargos de elección popular para quienes se encuentran en posesión de un cargo electo, se encuentran en todos los países mencionados exigencias de renuncia previa al cargo en posesión, con diferencias en los plazos exigidos para cada caso, así como los cargos que están sujetos a dichas exigencias.

20/08/2020

Porcentajes de participación electoral exigidos para validez de referendos y consultas populares Casos en América Latina

Dazarola Leichtle, Gabriela Maria

De acuerdo a la revisión en América Latina sobre la existencia de normas constitucionales y legales que establezcan algún porcentaje de participación para que mecanismos de democracia directa como Referendos y consultas populares sean válidos o vinculantes, es posible encontrar que a nivel constitucional en Uruguay, Venezuela y Costa Rica se establecen porcentajes mínimos de participación. Mientras que Argentina, Colombia y Perú, estas exigencias se establecen a nivel legal, en normas que regulan este tipo de consultas o los distintos mecanismos de participación ciudadana. Asimismo en Uruguay, Colombia y Perú, se establece además del porcentaje de votantes un quórum de mayoría para la votación. En Uruguay para el plebiscito que modifica parcial o totalmente la Constitución Política, se exige por lo menos que concurran a votar el 35% del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional. Mientras que en Venezuela se exige la concurrencia a votar del 25% de electores inscritos en el registro civil y electoral para los referendos relacionados con proyectos de ley y un 40% en el caso de referendos para la derogación de normas. En Costa Rica En Argentina, se regula la consulta popular para determinados tipos de proyectos de ley, para lo que se requiere que haya emitido su voto no menos del 35% de los electores inscriptos en el padrón electoral nacional. En Colombia, para las reformas a la Constitución por vía de referendo se requiere que el número de sufragantes exceda el 25% del total de ciudadanos que integran el censo electoral. Finalmente en Perú el referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le consultan, entre los que se encuentran la reforma total o parcial de la Constitución, para lo que se establece que la , también se diferencias los porcentajes exigidos según la materia, al menos el 30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para referendos sobre la legislación ordinaria, y el 40% como mínimo, para las reformas parciales de la Constitución y leyes de mayoría calificada. consulta es válida sólo si fuera aprobada por no menos del 30% del número total de votantes.

07/08/2020

Discrecionalidad en el gasto de Gobiernos Regionales y municipalidades: Análisis de la legislación.

Hernández Araya, Rafael Andrés

La mayor diferencia entre Gobiernos Regionales y municipios en lo referente a sus facultades de gasto es que los Gobiernos Regionales cuentan con un presupuesto, tanto de funcionamiento de como de inversión, fijado en la Ley de Presupuestos, presentada por el Poder Ejecutivo y discutida en el Congreso Nacional cada año. Los municipios, por su parte, tienen la facultad de definir su propio presupuesto a iniciativa del Alcalde y aprobado por el respectivo Concejo Municipal. La principal función del Consejo Regional es decidir ítems o marcos presupuestarios para la inversión regional, por lo que los Gobiernos Regionales tienen la atribución de priorizar las iniciativas de inversión en su territorio. Por tanto, al resolver dónde localizar los recursos no se estaría decidiendo discrecionalmente, sino que únicamente se estaría cumpliendo con las funciones constitucionales y legales establecidas para dicho órgano. Donde sí podría haber eventuales espacios de discrecionalidad es en lo referente al Fondo de Apoyo Regional, pues tiene un fin determinado en la ley, pero los Consejos Regionales no necesariamente deciden la inversión de aquellos recursos en los fines inicialmente establecidos.

05/08/2020

Institucionalidad de organizaciones sociales: Experiencia internacional.

Jarufe Bader, Juan Pablo

En los últimos veinte años, el rol desempeñado por las organizaciones de la sociedad civil se ha incrementado notoriamente en la arena pública, tanto en materia de cooperación para el desarrollo, como en su activa participación en el proceso de toma de decisiones de los estados. El creciente impacto de los actores no gubernamentales en la vida pública, alcanzó su consolidación institucional a partir del nacimiento de la Asociaciónde Busan para una Efectiva Cooperación para el Desarrollo, instancia configurada en 2011, que tuvo su primera reunión de alto nivel en abril de 2014,en México. La relación entre el aparato estatal y las entidades de la sociedad civil chilenas, se halla mediada por la llamada División de Organizaciones Sociales, organismo subordinado al Ministerio Secretaría General de Gobierno, que actúa como “puente de comunicación entre el gobierno y la sociedad civil”. En el caso argentino, el Ministerio de Desarrollo Social cuenta con la Unidad de Organizaciones Civiles, que persigue diversos objetivos en materia de responsabilidad social, trabajando en conjunto con ciudadanos, empresas yactores de la sociedad, en iniciativas que alienten el desarrollo sostenible, el respeto por la diversidad y el cuidado del medio ambiente, en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible fijados por Naciones Unidas.

23/07/2020

Elecciones en medio de la pandemia: experiencia internacional

Dazarola Leichtle, Gabriela Maria; Jarufe Bader, Juan Pablo

Frente a los desafíos que plantea la organización de elecciones en el contexto del “COVID-19”, organismos como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, han recomendado protocolos con acciones como integrar las mesas electorales con personas jóvenes, de menor riesgo frente al virus; hacer un inventario de centros de votación que permitan cumplir con el distanciamiento social; y realizar el escrutinio de votos de manera digital. Según “IDEA Internacional”, desde el 21 de febrero al 19 de julio de 2020, al menos 67 países habían decidido posponer sus elecciones debido al “COVID- 19”, mientras al menos 49 habían optado por celebrarlas. En este marco, la primera etapa de las elecciones municipales francesas, tuvo lugar el 15 de marzo de 2020, en medio de medidas para evitar los contagios por "COVID-19", entre las que puede citarse el respeto a un distanciamiento social de un metro en las filas, el uso de lapiceras propias al momento de votar y el uso de alcohol gel previo al ingreso a la cabina de votación. De cara a la segunda fase de estos comicios, verificada el 28 de junio, el gobierno galo introdujo recomendaciones como la limpieza de los lugares de votación; la fijación de un límite de tres electores en cada recinto; y la expulsión de cualquier votante que alterase el orden o retrasase el proceso electoral. En el caso de Corea del Sur, la Comisión Nacional Electoral prescribió una serie de medidas especiales de cara a las elecciones de la Asamblea Nacional, del pasado 15 de abril, entre las que estuvieron la opción de votar dos días antes de la fecha de los comicios; el sufragio anticipado por correo, en el caso de contagiados con “COVID-19”; y el empleo de equipamiento de protección corporal y facial para policías, periodistas y observadores electorales. En el caso polaco, ante la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 28 de junio, las personas tuvieron la opción de votar el mismo día de los comicios o enviar su preferencia vía correo electrónico, hasta doce días antes. A su vez, previo a las elecciones del Parlamento vasco, celebradas el 12 de julio, el gobierno de esta región prohibió el derecho a voto a quienes hubiesen dado positivo por “COVID-19”, fijando condiciones para los comicios, como la distancia mínima de dos metros entre cada mesa electoral. Por último, en República Dominicana, los comicios presidenciales previstos para el 17 de mayo, fueron pospuestos para el 5 de julio, jornada para la cual la autoridad dispuso medidas como el ingreso de los votantes uno por uno en el local de votación y la desinfección de la cédula de identidad de los electores.

23/07/2020

Discrecionalidad en la distribución de recursos a los municipios: Análisis de la legislación y de los presupuestos municipales.

Hernández Araya, Rafael Andrés

Los ingresos de los municipios se componen de cuatro fuentes: Ingresos Propios Permanentes, Fondo Común Municipal, Transferencias y Otros Ingresos. La mayor parte del presupuesto de las administraciones locales se conforma de Ingresos Propios Permanentes, y Fondo Común Municipal. Respecto a los Ingresos Propios Permanentes,son originados por tributos o derechos cobrados en la misma comuna. Se gravan a los bienes inmuebles, patentes comerciales, o por el cobro de permisos de circulación. Es decir, no hay injerencia del Gobierno Central en su recaudación, y las tasas aplicables están fijadas en la ley, por lo que no se vislumbra espacios de discrecionalidad desde el nivel central.Similar es lo que se encuentra en el Fondo Común Municipal, donde todos sus coeficientes se hallanen la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley de Rentas Municipales, y en el reglamento para la distribución de este fondo. Por tanto, al estar fijados todos los coeficientes para su distribución en las respectivas normas, tampoco cabría hablar de discrecionalidad a este respecto. Es en las transferencias desde Subdere donde se observan potenciales espacios de arbitrariedad, específicamente en lo referido a programas como el de Mejoramiento de Barios (PMB) o el de Mejoramiento Urbano (PMU), de los que no se conocen parámetros seguidos por el nivel central para decidir en cuáles comunas se financian proyectos.

13/07/2020

Ley de Protección al Denunciante o whistleblowing: Experiencia Comparada en el ámbito administrativo.

Dazarola Leichtle, Gabriela Maria

La protección de denunciantes de corrupción hace referencia al conjunto de acciones institucionales orientadas a garantizar los derechos de los denunciantes que podrían verse amenazados o disminuidos por represalias causadas a raíz de su revelación. Este tipo de revelaciones, comunicaciones o denuncias, se ha identificado en lengua inglesa con el término whistleblowing. En la actualidad son numerosos los países y organizaciones internacionales que están desarrollando legislaciones especiales sobre el tema. Se destaca al respecto, la Ley Modelo, de carácter orientativo, para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos, dictada por la Organización de Estados Americanos (OEA); por otra parte la Directiva de la Unión Europea (UE) 2019/1937 sobre“Protección de las personas que informe sobre las infracciones del Derecho de la Unión”, cuyos contenidos deben ser transpuestos por los estados miembros a su derecho interno.En la experiencia comparada, las disposiciones de las leyes de whistleblowing, tienen distintos enfoques y objetivos, solucionando en cada caso las formas y mecanismos específicos que debe contemplar la ley para lograrlos. Del análisis comparativo, distintos autores muestranque se pueden apreciar ciertos aspectos comunes en todas ellas, y que se traducen en disposiciones claves que deben contener este tipo de normas, para incentivar o promover las denuncias o revelaciones de información y proteger a las personas que las efectúen.

10/07/2020

Fundamentos en torno al unicameralismo y bicameralismo: Realidad en países OCDE y de América Latina.

Jarufe Bader, Juan Pablo

Los parlamentos a nivel mundial ofrecen dos grandes tipos de estructura asociada a su funcionamiento, cuales son la unicameral y bicameral. Al respecto, los países han optado por una u otra fórmula, atendiendo a una serie de razones de distinto corte, entre las que se cuentan la configuración del estado, que puede ser unitaria o federal; el funcionamiento del sistema político, electoral y de partidos; y la tradición política o los factores de raigambre histórico-cultural. De acuerdo a autores como Nolte, los bicameralismos tendrían ventajas como la opción de representar diversos intereses en cada cámara; el aporte almecanismo de pesos y contrapesos; la contribución a una mayor calidad de la producción legislativa; y la generación de resultados legislativos más consistentes en el tiempo.A su vez, las ventajas asociadas a los unicameralismos, se vincularían, a juicio de Obrador, con una mayor facilidad de expresar la voluntad general de laciudadanía, mediante un solo esquema de representatividad; la generación de ahorro en materia de tiempo legislativo y recursos económicos; la maximización de recursos investigativos en los temas de la tabla legislativa; y una mayor fortaleza frente al Poder Ejecutivo.

2020-07

Selección de proyectos de ley: Mensajes rechazados en períodos que indica.

Palli Cea, Angelo Andrés

Se ha solicitado informar sobre los proyectos de ley presentados por la ex Presidenta Michelle Bachelet durante sus gobiernos (2006 a 2010 y 2014 a 2018) y que fueron rechazados en general por el Congreso Nacional. Para esto, se procedió en primer lugar a la revisión de la base de datos de Tramitación de Proyectos de ley del Congreso Nacional (SIL), que contiene proyectos presentados desde 1990 a la fecha, recopilando solo aquellos proyectos iniciados vía mensaje que fueron presentados dentro del período de tiempo solicitado y que figuran como rechazados por el Congreso Nacional. Es conveniente tener presente que un proyecto de ley puede ser rechazado por haber sido votado mayoritariamente de forma negativa, o bien por no haber alcanzado los votos favorables necesarios 1 para cumplir con el quórum constitucional especial exigido en determinados casos . Los resultados se agruparon según el período presidencial al que corresponden y se ordenaron cronológicamente, desde el más antiguo al más nuevo. En cada caso se indica el número de boletín (enlazado a su tramitación legislativa), su título (enlazado al texto del mensaje), la fecha de ingreso, la Cámara de Origen y una breve síntesis con los principales hitos de tramitación además del resultado de las votaciones en general (con enlace a los documentos oficiales correspondientes para más detalle). En total se encontraron 4 mensajes rechazados, todos pertenecientes al período 2006-2010 y con su ingreso a tramitación por la Cámara de Diputados: 3 de ellos fueron rechazados por no alcanzar los votos favorables según el quórum constitucional exigido y 1 fue rechazado por votación mayoritaria en contra. Solo en 1 de los casos, el Ejecutivo hizo uso de la facultad para insistir en la Cámara Revisora, siendo rechazado nuevamente el proyecto por no alcanzar los votos favorables según el quórum constitucional exigido.