Documentos de Asesoría Parlamentaria

Documentos elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, como parte de su función de apoyo al trabajo parlamentario, para contribuir a la certeza del actuar legislativo, disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y respaldar el protagonismo internacional del Congreso Nacional de Chile en los foros inter-parlamentarios.

Estos documentos han sido elaborados a solicitud de parlamentarios del Congreso Nacional, bajo sus orientaciones y particulares requerimientos. Por consiguiente, sus contenidos están delimitados por los plazos de entrega establecidos y por los parámetros de análisis acordados. No son documentos académicos y se enmarcan en criterios de validez, confiabilidad y neutralidad política.

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Categoría: Derecho

Total documentos: 1028

13/07/2020

El Acuerdo de Escazú: Génesis, contenido y posición de Chile respecto del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Vargas Cárdenas, Patricia Andrea

El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo de política ambiental para la región de América Latina y el Caribe, es un instrumento jurídico internacional vinculante, y se considera pionero porque va más allá de la protección del medio ambiente y establece garantías a personas, grupos y organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales y consagra la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación como objetivos para lograr la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso. En particular, el tratado establece tres derechos de acceso para alcanzar el derecho sustantivo a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras. Estos tres pilares son el derecho de acceso a la información, orientado a garantizar la transparencia de la información ambiental en su dimensión pasiva y activa; el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales, particularmente respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente, incluido los que afecten a la salud, y de asuntos ambientales de interés público; y el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, referido a las garantías del debido proceso para acceder a instancias judiciales y administrativas. Escazú es el primer tratado a nivel mundial en contener disposiciones específicas para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Esta disposición, la más progresista del tratado, está destinada a garantizar que los defensores actúen sin amenazas, restricciones e inseguridad, protegiendo sus derechos a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, y a ejercer los derechos de acceso.

07/07/2020

Vetos Presidenciales: Leyes objeto de veto presidencial durante su tramitación desde marzo 2014 a julio 2020

Riquelme Reyes, Ignacio Javier

Se solicita la elaboración de una minuta dando cuenta de las leyes tramitadas y publicadas desde marzo de 2014 a la fecha, que hayan sido objeto de veto presidencial, entendiendo por tal, el ejercicio de aquella facultad del Presidente de la República para rechazar total o parcialmente un proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional1. Para realizar la búsqueda, se consultaron las bases de datos de los servicios web de Historia de la Ley y Ley Chile de la Biblioteca del Congreso Nacional. El periodo de tiempo revisado considera desde el 1 de marzo de 2014 al 6 de julio de 2020. Se incluyeron todas las leyes tramitadas y publicadas durante dicho periodo.

06/07/2020

La Ley Zamudio ante el Sistema Universal de DD.HH.

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

Sistema Universal de DDHH, Examen periódico universal, Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

06/07/2020

Régimen legal de cuidado personal y patria potestad: Aspectos críticos ante falta de padre y madre.

Guerra Araya, Pedro Sebastián

El requerimiento que fundamenta este documento solicita indagar en el caso específico en que una persona menorde edad, niño, niña o adolescente (NNA)se encuentra sujeto al cuidado personal de un tercero, que no es ni el padre ni la madre, y el modo en que se resuelve el problema de la administración de los bienes de ese NNA. Asimismo, se solicita indagar la forma en que otras legislaciones han abordado el problema, tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal. El documento consta de una primera parte, en la que expone el planteamiento del problema que motiva este informe. Una segunda parte analiza el régimen de cuidado personal de menores que actualmente rige en Chile, sus fuentes normativas y el modo en que este se relaciona con la administración de bienes de los menores sujetos a cuidado personal. En este mismo acápite se indaga en los asuntos prácticos que se suscitan, destacando los problemas sustantivos y procesales. Se finaliza esta parte con un resumen de lo expuesto y algunas conclusiones. Finalmente, una tercera parte, expone la forma en que otras legislaciones han abordado el problema específico que se plantea. En cuanto a la metodología del documento, se explicita que esta consiste en análisis exhaustivo de las fuentes normativas y de la literatura relevante, ofreciendo una interpretación cuando esta sea procedente.

2020-07

Medidas adoptadas respecto del pago servicios eléctricos por COVID-19: Legislación comparada.

Williams Obreque, Guido Andrés; Bermúdez Soto, Rodrigo Alejandro

A pedido del usuario, se describen las medidas normativas adoptadas en beneficio de los usuarios de suministro eléctrico a consecuencia del Covid-19 en Perú, Argentina, Colombia, España y Francia. En Perú, se permite a las empresas el fraccionamiento, hasta en 24 meses, de los pagos por consumos de electricidad por cobros que se hayan emitido durante el mes de marzo de 2020 y los consumos realizados durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y sus renovaciones posteriores. Por su parte, en Argentina, las empresas prestadoras de servicios de electricidad podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a determinados usuarios, en caso de mora o falta de pago luego de 6 facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020, incluyendo usuarios con aviso de corte en curso. En el caso colombiano, las empresas de energía eléctrica puedan diferir el pago de los servicios por un período de 36 meses respecto del denominado “consumo básico o de subsistencia” de personas vulnerables. Dicho beneficio se establece para dos ciclos de facturación desde abril de 2020. Las empresas que otorguen este beneficio podrán tomar una línea de liquidez financiada por el Estado y además estarán obligadas a ofrecer un descuento de mínimo el 10% sobre el valor (no subsidiado) de la correspondiente factura.

2020-07

Cibercrimen y delito informático: Definiciones en legislación internacional, nacional y extranjera.

Cavada Herrera, Juan Pablo

El término “cibercrimen” carecería de una definición universalmente homogénea y aceptada por los especialistas en el área, existiendo eso si acuerdo entre los investigadores en que sería una actividad ilegal realizada mediante un computador. De las distintas definiciones doctrinales y de instrumentos internacionales, se desprenden diferentes conceptos, tales como delincuencia informática, abuso informático, criminalidad informática, criminalidad mediante computadoras, delitos informáticos, etc. Estos, se refieren, más que a una forma específica de delito, a una pluralidad de modalidades delictivas, vinculadas de algún modo con los computadores, designando una multiplicidad de conductas ilícitas y no una sola de carácter general, y parece hablarse de delito informático cuando nos estemos refiriendo a una de estas modalidades en particular. En síntesis, “delito cibernético” sería una acepción amplia, que comprende situaciones en que el elemento informático se encuentra en el objeto de la conducta penada (por ejemplo, intromisión ilegal a bancos de datos), y aquellas en que dicho elemento es el medio para realizar un fin ilícito. De esta manera, el concepto de cibercrimen abarcaría, en sentido amplio, tanto delitos comunes que se ejecutan a través de medios informáticos, como nuevos delitos, cuya ejecución sólo es posible gracias a la existencia de dichos medios. Y dentro de este término genérico, los delitos informáticos serían aquellas conductas delictuales en que se atacan bienes informáticos en sí mismos, no como medio, como por ejemplo, dañar el Software mediante la intromisión de un virus.

2020-07

Ensayos clínicos con medicamentos: plazo de presunción de responsabilidad o de cobertura de seguro por daño y eventualmente de prescripción de acción indemnizatoria. Legislación comparada.

Williams Obreque, Guido Andrés

A solicitud del usuario, se describe la normativa española y argentina relativa a indemnizaciones por ensayos o investigaciones clínicas con medicamentos, particularmente el plazo de la presunción de responsabilidad o de la cobertura de seguros o garantías por daños post ensayo y eventualmente la prescripción de la acción por responsabilidad patrimonial. En España, el Real Decreto legislativo 1/2015 y su Reglamento tienen diferente plazo de presunción de responsabilidad por los daños asociados al ensayo clínico. En un caso, es de un año desde la finalización del ensayo; en el otro, un año desde la finalización del tratamiento. Además, se ha planteado que ambas normas no impiden acudir a las reglas del régimen común para casos como la prescripción de la acción. En este sentido, el Código Civil establece la prescripción de un año para la acción que persigue la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia. A su vez, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que prescribirá al año la acción contra la administración, desde producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

2020-07

Teletrabajo yconciliación de trabajo y familia: equidad de género. Casos: Francia, Finlandia, Nueva Zelanda.

Álvarez Droguett, Paola Alejandra

El teletrabajo ha surgido fuertemente como una nueva forma de organización del trabajo, debatiéndose, sus aspectos positivos y negativos. Uno de los aspectos positivos, es que facilita al trabajador (a) a conciliar ámbitos laborales con los familiares y personales. Según investigaciones en la materia, el teletrabajo conlleva diferencias dependiendo el género del trabajador. Así,las mujeres tienden a utilizar el teletrabajo más que los hombres, para equilibrar familia y trabajo; en el caso de los hombres, no es posible establecer una relación causal entre teletrabajo y una mayor participación en el cuidado infantil ni en las labores domésticas. En el marco de la pandemia producido por el Covid-19, estudios de la OCDE y la OIT, dan cuenta que la pandemia no ha afectado de la misma manera a las mujeres y a los hombres trabajadores. Específicamente, el impacto del teletrabajo en mujeres ha sido diferente, debido que las mujeres han asumido en forma desproporcionada el cuidado de los menores y adultos mayores, situación que se ha exacerbado con el cierre de las escuelas o de las instalaciones de cuidado, junto con el trabajo de la casa.

2020-07

La obligación de confinamiento por coronavirus y sus sanciones pecuniarias – Chile, España y Francia.

Harris Moya, Pedro Nicolás

La obligación de confinamiento es una medida preventiva frente a la propagación del coronavirus, cuya eficacia descansa en una sanción esencial, a saber: las multas aplicables frente a un desplazamiento fuera del domicilio, por causa no debidamente justificada. Se trata de una retribución común, aplicable en el Derecho francés, español y chileno, cuyas formas varían sensiblemente desde tres puntos de vista diversos. Primero, el alcance de la obligación. Segundo, la tipificación de la infracción. Y tercero, el importe de la sanción pecuniaria aplicable en cada caso.

2020-07

Protección de datos por diseño y por defecto: Principios fundacionales y marco normativo europeo.

Wilkins Binder, James Alfred

La privacidad o protección de datos “por diseño” y “por defecto” hace alusión al proceso mediante el cual las organizaciones o entidades que se relacionan con el tratamiento de datos aplican medidas técnicas y organizativas en las fases iniciales del diseño de las operaciones de tratamiento de datos para garantizar la privacidad y el respeto de los principios de protección de datos personales desde el primero momento (privacidad por diseño), o para garantizar que los datos personales sean tratados con el mayor grado de protección de la intimidad, de manera que los datos personales no sean por defecto accesibles a un número indefinido de personas (privacidad por defecto»). Si bien se trata de un concepto que tuvo su origen en la década de los 90, no fue aceptado internacionalmente sino hasta la 32a Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad, en el año 2010. En 2016 fue reconocido normativamente el concepto en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, estableciendo obligaciones al responsable del tratamiento de datos en dos sentidos: a) aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para asegurar de forma efectiva los principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento; y b) aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas que garanticen que solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento, asícomo también que, por defecto, los datos personales no sean accesibles a un número indeterminado de personas físicas.