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Documentos presentados a comisiones
Nueva diplomacia energética y transición verde: hacia nuevos mecanismos de financiamiento
La política energética y climática mundial atraviesa un momento decisivo, en el que la transición hacia matrices limpias y resilientes se ha vuelto inseparable de la arquitectura financiera internacional. Lo que antes se discutía en torno a seguridad de suministro y cooperación técnica hoy se negocia en términos de inversiones billonarias, reglas de mercado, incentivos fiscales y mecanismos de reparto de costos y beneficios. La nueva diplomacia energética no se mide únicamente en oleoductos, interconexiones o barriles, sino en compromisos de capital, instrumentos financieros innovadores y capacidad de orientar flujos globales hacia proyectos que reduzcan emisiones y promuevan justicia social. En este contexto, el financiamiento climático se posiciona como el eje articulador de la transición verde, pues define tanto la velocidad como la dirección del cambio, y determina quién gana y quién queda rezagado en la carrera hacia economías descarbonizadas.
Áreas Marinas Protegidas: conservación y sostenibilidad: Administración, objetivos y estrategias económicas para la conservación de la biodiversidad.
El informe aborda el financiamiento y gestión de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) en Chile, incluyendo parques marinos, reservas marinas, santuarios de la naturaleza y Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU). Estas áreas buscan conciliar la conservación de la biodiversidad marina con el uso sostenible de los recursos, bajo la administración del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y, en el caso de parques y reservas marinas, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA). Con la Ley N° 21.600 de 2023, la creación y administración de AMP se centraliza en el MMA y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). La ley también establece regulaciones transitorias para las AMP existentes y procedimientos de homologación para cada categoría de protección. Los parques marinos se clasifican como Parques Nacionales, destinados a preservar ecosistemas y especies con fines científicos, educativos o recreativos. Las reservas marinas protegen zonas de reproducción de recursos hidrobiológicos, permitiendo actividades extractivas solo bajo autorización. Las AMCP-MU permiten usos sostenibles, mientras que los santuarios se enfocan en investigación y educación, garantizando manejo integrado y evaluación de riesgos. El financiamiento de las AMP proviene de aportes fiscales directos, ingresos propios de actividades turísticas y concesiones, cooperación internacional y fondos privados. Entre 2024 y 2025, el presupuesto estatal asignado a AMP aumentó un 4,2%. Actualmente, Chile cuenta con 11 parques marinos, 6 reservas marinas y 15 AMCP-MU, cada uno con objetivos específicos de protección de ecosistemas, especies marinas y procesos ecológicos. Las tablas incluidas resumen la localización, superficie y objetos de conservación de cada área, proporcionando un panorama integral del sistema de AMP y su financiamiento en el país.
Protección Ecológico-Ambiental y Desarrollo Verde: La Experiencia de Chile.
Chile ha consolidado un marco ambiental innovador, con avances en energías renovables, economía circular y protección de la biodiversidad, aunque aún enfrenta conflictos socioambientales y alta vulnerabilidad climática. Su experiencia evidencia que el desarrollo verde requiere sostenibilidad y justicia ambiental. Este documento se presenta como aporte al Legislators Forum for Friendly Exchanges.
Tiempo legislativo: Seguimiento de Temas Ambientales en el Congreso - agosto 2025
Es el resumen del trabajo parlamentario en materia ambiental entre el 4 y el 21 de agosto de 2025, a partir de citaciones del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados. Por parte del Senado, la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales abordó principalmente el proyecto de ley sobre arbolado urbano e infraestructura verde (Bol. 14213-12), con participación de autoridades gubernamentales, académicos y representantes de organismos internacionales. También revisó el proyecto que modifica normas sobre bienes del Estado (Bol. 15346-12), aprobado y enviado a Sala; el que prohíbe tránsito de vehículos en playas y dunas (Bol. 15666-12), en discusión de indicaciones; y la iniciativa que fortalece la institucionalidad ambiental (Bol. 16.552-12). Asimismo, se inició el análisis de modificaciones a la ley de Tribunales Ambientales (Bol. 16449-12 y 17608-12). En el ámbito de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales examinó tres mociones: una para proteger cielos de valor astronómico (Bol. 17754-12); otra para aumentar sanciones a la incineración de basura y promover educación ambiental (Bol. 17522-12); y una sobre protección de personas defensoras de la naturaleza y derechos humanos ambientales (Bol. 16886-12), con participación de autoridades locales y del Ministerio del Medio Ambiente.
Áreas marinas protegidas en Chile: Marco legal y gestión para la conservación.
Las Áreas Marinas Protegidas (AMP) se organizan en cuatro categorías: parques marinos, reservas marinas, santuarios de la naturaleza con ecosistemas marinos y áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos (AMCP-MU). Los parques marinos buscan preservar unidades ecológicas y especies hidrobiológicas, mientras que las reservas marinas protegen áreas de reproducción y pesca, autorizando de manera transitoria actividades extractivas bajo regulación. Las AMCP-MU integran conservación y uso sostenible, considerando la interacción humana tradicional, mientras que los santuarios de la naturaleza, regulados por la Ley N° 17.288, se crean por Decreto Supremo para proteger sitios de valor científico, educativo o paisajístico, bajo estricta regulación del Servicio. La Ley N° 21.600 crea un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), administrado y fiscalizado por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Esta ley establece un proceso de homologación y reclasificación de reservas marinas, santuarios y bienes nacionales protegidos (artículo 5o. transitorio). El plazo para completar este proceso es de cinco años desde la entrada en funcionamiento del Servicio.
Normativa lumínica de Chile: Protección de los cielos para la astronomía, la salud y la biodiversidad.
El Ministerio del Medio Ambiente de Chile define la contaminación lumínica como la alteración de la oscuridad nocturna por luz artificial innecesaria. Este fenómeno afecta la salud humana al alterar los ciclos de sueño y perjudica la biodiversidad al desorientar a las especies nocturnas. Además, reduce la calidad de los cielos para la observación astronómica, una actividad crucial para las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, que albergan cerca del 70 % de la capacidad astronómica mundial. Para abordar este problema, Chile ha implementado y actualizado su normativa. El Decreto Supremo No. 686 de 1998 fue la primera regulación, enfocada en proteger los cielos nocturnos del norte del país. Este fue reemplazado por el D.S. No. 43 de 2012, que impuso exigencias más estrictas y se adaptó a nuevas tecnologías. La norma vigente es el Decreto Supremo No. 1 de 2022, cuyo objetivo es controlar las emisiones de alumbrado exterior para proteger la calidad astronómica, la salud y la biodiversidad.
Prohibición de bolsas plásticas en Chile: Ley No. 21.100 que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en Chile.
Se entrega información sobre la implementación y efectos de la Ley No. 21.100, que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en Chile. Esta ley, promulgada en 2018, fue una respuesta a la masiva contaminación ambiental generada por las bolsas plásticas, de las cuales el 97% terminaba en rellenos sanitarios o en el océano. Su objetivo es proteger el medio ambiente restringiendo su distribución en todo el territorio nacional, con sanciones de hasta 5 UTM por cada bolsa entregada. La ley se aplicó de forma gradual, iniciando con grandes comercios y extendiéndose en 2020 a pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, desde su implementación, se ha evitado la circulación de más de 11.500 millones de bolsas, lo que representa una reducción significativa de residuos plásticos. Además, la ley ha generado un cambio cultural en el comportamiento de consumidores y comercios, promoviendo el uso de alternativas reutilizables.
Oportunidades para el desarrollo productivo verde en la integración regional y las futuras transiciones.
América Latina y el Caribe, pese a ser responsables de una fracción menor de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), se encuentran entre las regiones más afectadas por la crisis climática, dada su alta exposición geográfica, su matriz productiva extractiva, su desigualdad social y su limitada resiliencia institucional. Por lo mismo, transiciones de toda índole ya están en curso para que la Región desarrolle su mayor potencial con una mayor autonomía e independencia energética. En estos momentos, el continente enfrenta el reto urgente de reconfigurar su matriz productiva en un contexto de múltiples transiciones: climática, energética, tecnológica y geopolítica. En este escenario, el desarrollo productivo verde emerge como una estrategia clave no solo para enfrentar la crisis ambiental, sino también para dinamizar economías estancadas, generar empleo de calidad y reducir desigualdades estructurales, sobre todo luego de las diversas crisis políticas del último lustro, y de la pandemia que azotó con fuerza a todo el orbe. La región posee una riqueza en biodiversidad, fuentes renovables y minerales estratégicos que podría posicionarla como un actor clave en la economía descarbonizada del futuro.
Ámbitos prioritarios en el marco del Acuerdo de París, para coordinar posiciones en América Latina hacia la COP 30, y rol de los parlamentarios en la acción climática
Este Informe ha sido elaborado para apoyar la participación de una delegación del Senado en la II Cumbre Parlamentaria de Cambio Climático y Transición Justa de América Latina y el Caribe, organizada por el Observatorio Parlamentario sobre el Cambio Climático y Transición Justa (OPCC) de la CEPAL, en conjunto con el Congreso Nacional de Brasil, que se celebrará en Brasilia (Brasil) los días 6 y 7 de agosto de 2025. En particular, entrega antecedentes para participar en el panel I (“Una COP guiada por la Cruz del Sur”) y panel II (“el rol de los legisladores en el esfuerzo global para combatir el cambio climático”), que se orientan al objetivo de “identificar temas prioritarios y oportunidades para alinear posiciones parlamentarias para estructurar la Declaración Conjunta del OPCC que se presentará en la COP30”.
Tiempo legislativo: Seguimiento de Temas Ambientales en el Congreso - julio 2025.
Entre el 30 de junio y el 24 de julio de 2025, las comisiones legislativas del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile desarrollaron una intensa agenda en materia ambiental. Destacó el debate del proyecto de ley (Boletín N° 16.553-12) que fortalece la fiscalización y cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente. Este fue abordado en diversas sesiones del Senado, con participación de actores del mundo académico, organizaciones sociales, representantes del sector productivo y autoridades, como la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la superintendenta Marie Claude Plumer. Asimismo, entre los temas abordados estuvieron las reclamaciones por humedales urbanos, el impacto de proyectos inmobiliarios y las tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental. En paralelo, se discutió el proyecto de ley que prohíbe el ingreso de vehículos motorizados a playas y dunas (Boletín N° 15.666-12), avanzando en el estudio y votación de indicaciones. Conjuntamente, se abordó una moción para impedir la constitución de derechos de agua sobre glaciares (Boletín N° 11.597-12). Por su parte, en la Cámara de Diputadas y Diputados, se trabajó sobre la modificación de la Ley N° 21.368 para permitir productos de un solo uso fabricados con materiales reciclables o reutilizables (Boletín N° 17.547-12), con múltiples audiencias y avances legislativos. También, se inició la discusión de reformas a la Ley N° 20.600 sobre Tribunales Ambientales (Boletín N° 16.204-12). A su vez, el 8 de julio de 2025, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en general el acuerdo internacional para el establecimiento del Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales. Este fue adoptado en Ciudad de México el 19 de septiembre de 2023.