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Documentos en Comisiones
Proyectos de ley que podrían vincularse al Boletín N° 18521-07
El informe identifica 24 proyectos de ley que presentan distintos grados de vinculación con las materias abordadas por el Boletín N° 18.521-07, refundido con los boletines N° 18.562-07 y 18.566-07. Estas iniciativas buscan modificar la Constitución Política para establecer una causal de cesación e incompatibilidad asociada a la detección de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas. Para determinar las iniciativas relacionadas, se aplicó un criterio amplio de vinculación material, revisando los títulos de los proyectos y, cuando fue necesario, sus mensajes, mociones y antecedentes de tramitación legislativa. La búsqueda incorporó proyectos referidos a exámenes y controles de drogas, causales de inhabilidad, incompatibilidad o cesación, requisitos para acceder o postular a determinados cargos públicos y otras disposiciones vinculadas al consumo de sustancias ilícitas por autoridades o funcionarios. De este modo, el informe ofrece un panorama de los antecedentes legislativos que podrían complementar o relacionarse con la regulación actualmente propuesta.
Educación financiera. Marco normativo del sector educación en Chile
La Ley N.º 21.092 incorporó la educación financiera como objetivo general de la enseñanza media en Chile, aunque no como una asignatura específica, ya que el currículo escolar no se define legalmente. Además, la normativa educacional no establece una definición jurídica de educación financiera, a diferencia de otros organismos, como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que utiliza como referencia la definición de la OCDE y promueve esta materia entre las instituciones financieras reguladas. En el sistema escolar, entendida principalmente como formación para la administración de las finanzas personales, la educación financiera se encuentra distribuida transversalmente en distintos niveles y asignaturas. Está presente en Matemática de 3°, 4° y 5° básico; Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 1° medio; Matemática de 4° medio; y como competencia de egreso en la Educación Técnico-Profesional. Sin embargo, su ausencia en 2° y 3° medio evidencia una enseñanza fragmentada y sin continuidad curricular. Solo en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas constituye una asignatura obligatoria. Finalmente, la educación financiera también es abordada por otras instituciones estatales, como SERNAC, la Subsecretaría de Previsión Social, la CMF y el Ministerio de Hacienda, planteándose como desafío analizar su implementación y el grado de coordinación interinstitucional con el MINEDUC.
Reporte de Defensa Nacional: 28 de septiembre al 5 de octubre de 2026.
A nivel nacional, el Ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, recibió al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio de España, General del Aire Francisco Braco, con quien dialogó sobre temas de interés bilateral. En el plano regional, una delegación del Ejército argentino participó en la puesta en órbita del “Evaluador Tecnológico Nano Sat”, primer nanosatélite del país, que tuvo lugar en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, Estados Unidos. En el ámbito internacional, el Ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, anunció la creación de un regimiento de drones, que estaría plenamente operativo hacia 2029. En materia de ciberseguridad, el Danish Central Person Register sufrió un ciberataque masivo contra sus sistemas digitales, que filtró bases de datos, direcciones y números de identificación de unos 8,8 millones de ciudadanos daneses.
Propuestas de la Comisión Investigadora sobre Listas de Espera (CDD - CEI 63/64 - 2025) Documento complementario al informe Resultados del Seminario ¿Hacia dónde va la Salud?
La minuta sintetiza los principales problemas, conclusiones y medidas sobre las Listas de Espera (LE) identificados por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados durante 2025. Su elaboración responde a un acuerdo de la Comisión de Salud del Senado de 2026, que solicitó a la Biblioteca del Congreso Nacional incorporar estas propuestas junto con las recopiladas en el informe de resultados del seminario “¿Hacia dónde va la salud en Chile?”, realizado el 10 de agosto de 2026. El documento se estructura en dos capítulos. El primero presenta el diagnóstico de las listas de espera, considerando tanto los retrasos en atenciones correspondientes a problemas cubiertos por las Garantías Explícitas de Salud (GES) cuyos plazos no fueron cumplidos, como las demoras para acceder a prestaciones relacionadas con patologías NO GES. El segundo capítulo sistematiza las principales medidas y propuestas formuladas por la Comisión Investigadora para enfrentar estos problemas. Como fuente principal se utilizaron las conclusiones y proposiciones finales aprobadas.
Mamógrafos en la Atención Primaria de Salud (APS) del sector público
Minuta que describe el número, estado operativo, movilidad y tecnología de los mamógrafos registrados para los programas de Atención Primaria de Salud (APS), según catastro del Ministerio de Salud de 2025. El análisis comprende equipos de distintas dependencias administrativas que prestan servicios a dichos programas.
Denuncias falsas en conflictos familiares: Chile y legislación comparada.
El presente informe examina la regulación aplicable a las denuncias, acusaciones o querellas falsas en Chile y en legislación comparada, con especial atención a aquellas formuladas en contextos de familia y a sus posibles efectos sobre la relación entre progenitores e hijos. En Chile, las denuncias falsas no cuentan actualmente con una regulación autónoma en el derecho de familia. Su tratamiento se encuentra principalmente en el derecho penal común y, de manera complementaria, en normas civiles y procesales. A ello se agregan las reglas de familia relativas al cuidado personal, la relación directa y regular, las medidas cautelares y la protección frente a la violencia intrafamiliar y de género. La experiencia comparada muestra que la respuesta predominante frente a las denuncias deliberadamente falsas se encuentra en normas penales y, de manera complementaria, civiles o procesales. Así ocurre en Argentina, España y Francia. Algunas jurisdicciones contemplan además mecanismos específicos en el ámbito de familia. En California y Texas se prevén consecuencias frente a denuncias formuladas con conocimiento de su falsedad o intención de engañar, mientras que Brasil vincula determinadas denuncias falsas con la afectación del vínculo entre el niño, niña o adolescente y uno de sus progenitores o familiares. Algunas de estas regulaciones contemplan también medidas para preservar o restablecer las relaciones familiares, cuando ello resulta compatible con la seguridad y el interés superior del niño. Asimismo, algunas legislaciones protegen expresamente las denuncias formuladas de buena fe. Australia constituye un antecedente distinto: entre 2006 y 2012 contempló una regla específica frente a alegaciones formuladas a sabiendas como falsas en procedimientos de familia, posteriormente derogada por preocupación sobre su posible efecto disuasorio. La evaluación posterior no identificó una asociación clara entre la derogación y un aumento de alegaciones falsas, y actualmente no existe una regla equivalente. En el plano internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño que está separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior (artículo 9.3). Por su parte, MESECVI ha advertido sobre el posible efecto disuasivo de determinadas respuestas sancionatorias y ha señalado la falta de datos suficientes que sustenten una alta prevalencia de denuncias falsas. ONU Mujeres, en tanto, recomienda que las leyes específicas sobre violencia contra las mujeres no incorporen delitos especiales de “acusaciones falsas”, cuando estas conductas pueden abordarse mediante las figuras penales generales.
Atención de la infertilidad: regulación y cobertura de tratamientos de reproducción asistida en Chile España y Estados Unidos.
El mundo está experimentando profundas transiciones demográficas, en muchos países la tasa global de fecundidad ha disminuido notablemente en las últimas décadas y Chile no ha estado ajeno. Según proyecciones del INE esta llega a 0,92 el año 2026. También ha aumentado la edad promedio de las mujeres a la llegada de su primer hijo, situándolo cerca de los 30 años promedio a nivel mundial y a 28,6 años en nuestro país (2024), cifra que concuerda con el aumento de la tasa de fertilidad en los grupos de 30-34 y 35-39. En términos generales, el postergar la llegada de un hijo hacia después de los 30 años, tendría implicaciones biológicas, si se considera que la fecundidad femenina tiende a disminuir paulatinamente a partir de los 35 años. Debido a estas cifras, la OMS ha manifestado su preocupación por el desafío sanitario a escala mundial que impone la alta prevalencia de la infertilidad en la población, poniendo de manifiesto la necesidad de ampliar el acceso a la atención de la fertilidad, de modo que quienes lo deseen dispongan de medios seguros, eficaces y asequibles para poder llegar a tener hijos.
Tierras raras en la Región de Ñuble: Antecedentes económicos, régimen jurídico-tributario y concesiones de exploración en curso.
Las tierras raras (ETR) son 17 elementos que, aunque abundan en la corteza terrestre, rara vez se encuentran en depósitos explotables. Esta escasez las hace críticas para la energía, la defensa y la industria. China produce el 70% de las ETR del mundo y procesa cerca del 90%, lo que genera una fuerte dependencia en la Unión Europea y Japón. Se prevé que la demanda seguirá creciendo con los vehículos eléctricos y la energía eólica, y los precios, ya de por sí volátiles, volvieron a subir en 2025 tras las restricciones chinas a sus exportaciones. En este contexto, Chile podría convertirse en una fuente alternativa en el corto y mediano plazo, a partir de las arcillas iónicas de Biobío y Ñuble, y más adelante desde relaves mineros. A diferencia del litio, las ETR se rigen por el régimen común de concesiones: cualquier interesado puede obtener, por resolución judicial, una concesión de exploración o de explotación. Además, la Política Nacional Minera 2050 las considera estratégicas para diversificar la minería. Durante la exploración, la única fuente de ingresos fiscales es la patente, equivalente a 3/50 de UTM por hectárea, cuyo recaudo se destina a gobiernos regionales y municipios. En la etapa de explotación, la patente es de 1/10 de UTM por hectárea cuando hay actividad minera; si no la hay, aumenta con los años hasta 12 UTM. Una vez que exista producción, podrían sumarse el impuesto de primera categoría, el impuesto adicional (que pagan las empresas con capitales extranjeros) y el componente general del royalty minero, cuando las ventas superen cierta escala. Hoy el país tiene un solo proyecto de explotación de ETR: Aclara, en Penco. Surgió de exploraciones apoyadas por Corfo hace más de una década y obtuvo su aprobación ambiental en junio de 2026. Se espera que produzca 1.700 toneladas anuales de concentrado, con una inversión de USD 130 millones y hasta 1.400 empleos en operación, cifras que sirven de referencia para dimensionar la escala económica de estos proyectos. En Ñuble, las concesiones de exploración suman 149.500 hectáreas, pero no especifican qué mineral se busca, y muchas pertenecen a empresas de energía que las usan para resguardar sus proyectos. Solo dos empresas exploran tierras raras: NeoRe y REE UNO, de Aclara, que en conjunto abarcan 18.700 hectáreas en Cobquecura, Quillón, Ninhue y Coelemu. Hasta ahora no hay registro de concesiones de explotación de ETR en la región, por lo que los ingresos fiscales actuales provendrían únicamente de las patentes de exploración.
Potenciales impactos medioambientales de la explotación de tierras raras en arcillas iónicas: Experiencia internacional en la explotación de tierras raras.
El informe aborda la explotación de tierras raras alojadas en arcillas de adsorción iónica, considerando sus características, métodos de recuperación y aspectos ambientales asociados. Estas arcillas se forman por la meteorización prolongada de rocas, proceso que permite que las tierras raras queden débilmente adsorbidas en minerales arcillosos y puedan ser recuperadas mediante intercambio iónico. A diferencia de la minería convencional de roca dura, su explotación considera la remoción selectiva del horizonte arcilloso y su contacto con una solución lixiviante, cuyos iones desplazan las tierras raras retenidas en la arcilla. La solución obtenida es posteriormente procesada para recuperar estos elementos y producir un concentrado. Este tipo de explotación se ha desarrollado principalmente en China y también presenta experiencias en Myanmar, Australia y Brasil. Desde el punto de vista ambiental, la lixiviación presenta riesgos que dependen de factores como el reactivo utilizado, el diseño del sistema de recuperación y las condiciones hidrogeológicas del sitio. En este contexto, existe evidencia de que el uso de sulfato de magnesio (MgSO₄) podría reducir los riesgos asociados al amonio frente al sulfato de amonio. Asimismo, experiencias con sulfato de amonio y lixiviación in situ han registrado impactos como inestabilidad del terreno y presencia de nitrógeno residual con potencial de afectar las aguas subterráneas. Estos antecedentes refuerzan la importancia de una adecuada planificación, evaluación ambiental, control y fiscalización. En consecuencia, con una gestión apropiada de estos factores, este tipo de proyectos puede ser evaluado considerando tanto su potencial productivo como sus riesgos ambientales.
Chile: Conectividad y habilidades digitales. Datos sobre recursos habilitantes para audiencias telemáticas judiciales
El estudio analiza el acceso a audiencias telemáticas en el contexto de la Justicia Digital en Chile, con especial atención a las mujeres y la población rural. La Justicia Digital comprende el uso de tecnologías con validez legal en procedimientos judiciales, como audiencias remotas, videoconferencias, presentaciones electrónicas y firmas digitales. La revisión de antecedentes sobre conectividad, habilidades digitales y uso de videoconferencias en juzgados de Familia evidencia una alta conectividad nacional. En 2024, esta alcanzó un 94,5% en zonas rurales y un 96,8% en áreas urbanas. Asimismo, desde la pandemia de Covid-19 se fortaleció la incorporación de tecnologías en los procesos judiciales, estimándose que actualmente cerca del 15% de las audiencias de los juzgados de Familia se realizan de manera telemática. Respecto de las competencias digitales, más del 65% de hombres y mujeres, tanto urbanos como rurales, declara poseer habilidades básicas. Sin embargo, persisten brechas en las capacidades avanzadas: estas son reportadas por el 27% de los hombres y solo el 13% de las mujeres, y por el 20% de la población urbana frente al 14% de la rural. En conclusión, pese a la alta conectividad, subsisten brechas digitales de género y territorio, sin información específica sobre las competencias necesarias para participar adecuadamente en audiencias telemáticas.