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05/11/2026

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Análisis Presupuestario 2026-2027 y Ejecución a agosto de 2026.

El análisis muestra los recursos asignados al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y su variación respecto a la Ley de Presupuestos 2026 ajustada (es decir la que incluye la Ley inicial más diferencia de reajuste más leyes especiales y ajuste presupuestario). Del mismo modo, se realiza una breve descripción de la ejecución al mes de agosto para esta Cartera (último mes para el que DIPRES entrega información).

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05/11/2026

Ministerio de Desarrollo Social y Familia: Análisis Presupuestario 2026-2027 y Ejecución a Agosto de 2026

Análisis del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para el año 2026 (el que incluye la ley inicial más el reajuste del sector público, leyes especiales y ajuste) y se compara con el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027. De manera complementaria, el análisis entrega la evolución de la ejecución agregada a diciembre para los años recientes, esto es, entre los años 2016-2026 y la ejecución acumulada a agosto de 2026 para este Ministerio.

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05/11/2026

Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Análisis Presupuestario 2026-2027 y Ejecución a agosto de 2026.

El análisis muestra los recursos asignados al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y su variación respecto a la Ley de Presupuestos 2026 ajustada (es decir la que incluye la Ley inicial más diferencia de reajuste más leyes especiales y ajuste presupuestario). Del mismo modo, se realiza una breve descripción de la ejecución al mes de agosto para esta Cartera (último mes para el que DIPRES entrega información).

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04/11/2026

Inasistencia y deserción escolar en Chile: Marco normativo, institucional y mecanismos de prevención, intervención y coordinación.

El informe analiza la regulación y respuesta institucional frente a la inasistencia y deserción escolar en Chile, incluyendo mecanismos de coordinación y sistemas de alerta temprana. Como principal hallazgo, se observa que la respuesta frente a estas situaciones no descansa en un solo organismo ni en una única herramienta jurídica, sino en la actuación conjunta de establecimientos educacionales, sostenedores, Servicios Locales de Educación Pública, Oficinas Locales de la Niñez, Superintendencia de Educación y otros órganos públicos, según la naturaleza y gravedad del caso. En este marco, la coordinación interinstitucional adquiere un papel central. La Ley Nº 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, refuerza esta dimensión al incorporar nuevas reglas de articulación entre el sistema educacional y otros órganos de la Administración del Estado e incluir expresamente la inasistencia grave y la deserción escolar entre las materias que deben ser consideradas en los planes comunales de seguridad pública. No obstante, su implementación aún se encuentra en desarrollo. Asimismo, la normativa revisada no establece una sanción automática para padres o responsables por la sola inasistencia del estudiante. Las consecuencias jurídicas más intensas aparecen cuando existe una afectación del derecho a la educación y se incumplen medidas adoptadas para su protección o restitución. Finalmente, en materia de prevención, Chile ha avanzado desde herramientas focalizadas de alerta hacia un sistema más amplio de protección de trayectorias educativas mediante Chile Presente. La experiencia comparada revisada por la OCDE muestra una orientación similar hacia la detección temprana, el seguimiento y la intervención oportuna y, cuando existen medidas coercitivas, hacia su utilización dentro de esquemas graduales que priorizan previamente las acciones de apoyo.

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04/11/2026

Reformas y tendencias en la evaluación ambiental de proyectos: una mirada comparada a Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y China.

Este informe estudia las principales tendencias regulatorias para reducir los tiempos de evaluación ambiental y autorización de proyectos en Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y China, con el propósito de identificar aprendizajes relevantes para Chile y examinar cómo compatibilizar la eficiencia administrativa con la protección del medio ambiente. En el caso de Estados Unidos de Norteamérica, las reformas a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) establecieron plazos máximos y límites de extensión para las evaluaciones, promovieron la coordinación entre agencias y acotaron el alcance de determinados análisis y de la revisión judicial. Si bien estas medidas buscan reducir demoras e incertidumbre, la descentralización de los procedimientos puede generar diferencias de criterio entre organismos y plantea interrogantes sobre el alcance de la revisión ambiental. En la Unión Europea, en tanto, la simplificación de los procedimientos se ha concentrado principalmente en sectores estratégicos, mediante plazos diferenciados, ventanillas únicas y mecanismos de coordinación. A estas medidas se suma una propuesta de reforma transversal de las evaluaciones ambientales, cuya tramitación continúa en curso. El debate europeo destaca la necesidad de considerar las capacidades institucionales y la complejidad territorial, evitando que la reducción de los plazos debilite las garantías ambientales. Por su parte, China ha impulsado la diferenciación de exigencias según el impacto de los proyectos, la digitalización y la eliminación de trámites duplicados. Asimismo, ha avanzado hacia la integración de los permisos de emisión y el fortalecimiento de la fiscalización, las sanciones por fraude y los instrumentos de control de contaminantes climáticos. Su enfoque busca combinar una mayor rapidez administrativa con exigencias operativas más estrictas. Asimismo, en Chile, la discusión sobre la “permisología” aborda problemas de coordinación, plazos e información requerida. En este contexto, la Ley Nº 21.770 se enfoca en parte de estas dificultades mediante plazos máximos y mecanismos de coordinación para autorizaciones sectoriales, aunque excluye las tramitadas íntegramente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En conjunto, las experiencias comparadas sugieren que agilizar no implica necesariamente reducir las exigencias ambientales, sino que requiere mejorar la coordinación institucional, digitalizar procedimientos, diferenciar los proyectos según sus impactos y mantener una fiscalización efectiva.

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04/11/2026

Vías de adquisición de la nacionalidad aplicables a deportistas en algunos países: Alemania, Australia, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

El análisis de la nacionalidad deportiva en el derecho comparado muestra cómo nueve países, Alemania, Australia, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, abordan la nacionalización de atletas de élite mediante dos visiones principales: el respeto estricto a los plazos ordinarios de extranjería o el uso de mecanismos discrecionales y flexibles para incorporar talento competitivo, dos enfoques internacionales predominantes. Prioridad a la residencia continua: Países como Alemania, Japón y Australia imponen plazos generales más extensos de permanencia previa, aunque mantienen excepciones puntuales para casos de interés nacional o deportivo. Flexibilización y discrecionalidad ejecutiva: Naciones como España, Italia, Brasil, Francia, Estados Unidos y Reino Unido cuentan con herramientas legales, como la carta de naturaleza, decretos por méritos especiales o la reducción de plazos para agilizar la obtención de la ciudadanía. Normativas y vías por país: Alemania: Mantiene un plazo general de 5 años de residencia, pero permite la naturalización discrecional tras 3 años si existe un interés deportivo público excepcional avalado por su confederación olímpica Reino Unido: No contempla una figura específica en la British Nationality Act para deportistas, aunque la Secretaría de Estado ostenta la facultad discrecional de conceder certificados de naturalización a mayores de edad con plena capacidad; además, utiliza la visa International Sportsperson para estancias temporales sin ciudadanía directa Italia: Aplica la ciudadanía por méritos especiales (artículo 9 de la Ley 91/1992), requerida mediante propuesta gubernamental colegiada y reservada de forma restrictiva para servicios eminentes al país Brasil: Reduce su requisito ordinario de residencia de 4 años a solo 1 año para quienes demuestren capacidades profesionales destacadas o presten servicios relevantes Francia: Su Código Civil reconoce la integración excepcional en los ámbitos deportivo, cívico o científico para reducir el tiempo exigido de residencia previa Japón: Exige como regla general 10 años de residencia, pero admite la naturalización por contribuciones significativas aprobada por el Parlamento o Dieta Australia: Fija un estándar de 4 años de residencia, combinándolo con facultades ministeriales discrecionales y proyectos de reforma para eximir a atletas de élite de los plazos de permanencia física Estados Unidos: Contempla 5 años de residencia permanente en su vía habitual, aunque el Congreso ha promulgado leyes especiales de naturalización instantánea para deportistas de invierno, además de contar con visados por habilidades extraordinarias España: Permite el acceso a la nacionalidad a través del Código Civil, principalmente mediante la vía de residencia continua o la concesión por carta de naturaleza de carácter discrecional.

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04/11/2026

Financiamiento de las políticas culturales en Chile: Asignaciones públicas y donaciones privadas.

El presente documento examina los mecanismos de financiamiento de las políticas culturales en Chile, distinguiendo entre los recursos públicos destinados al fomento de la producción de bienes y servicios culturales, y los aportes privados incentivados mediante beneficios tributarios. Se describen los principales instrumentos normativos que regulan ambos mecanismos y sus modalidades de asignación. En materia de financiamiento público, se analiza el sistema de fondos concursables, administrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sus objetivos y regulación, así como las asignaciones directas contempladas en la Ley de Presupuestos. Respecto del financiamiento privado, se examina el régimen de donaciones culturales establecido por la Ley N°18.985, sus beneficios tributarios y la evolución de las donaciones. Entre los principales hallazgos, se constata que el financiamiento público se estructura principalmente mediante fondos concursables, cuyo presupuesto para 2026 alcanza $95.767.152.000, equivalente al 18,2% del presupuesto ministerial. Asimismo, aunque las donaciones culturales cuentan con incentivos tributarios, su participación en el conjunto de donaciones sujetas a beneficios tributarios es comparativamente reducida y ha disminuido durante el período analizado.

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03/11/2026

Protección de las víctimas ante el egreso penitenciario del condenado, con énfasis en niños, niñas y adolescentes: Análisis normativo y propuestas de mejora legal y administrativa.

El presente informe analiza el marco normativo e institucional chileno relativo a la protección de las víctimas y su entorno ante el egreso del condenado, considerando la libertad condicional, los beneficios intrapenitenciarios y el egreso por cumplimiento total de la condena, con especial atención al régimen de protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. La Ley N° 21.627 (2023) garantizó la notificación previa a la víctima cuando el condenado postula a libertad condicional o a permisos ordinarios de salida. Asimismo, la Ley N° 21.780 (2025) creó el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas (en funciones desde el 1 de abril de 2026), mientras que las Leyes N°21.057 N° 21.057, 21.430 y 21.302 establecen mecanismos de protección especializada para niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, subsiste un vacío legal cuando el condenado egresa por cumplimiento definitivo de la pena, por ejemplo, no existen alertas automáticas previas a la liberación ni herramientas procesales para prorrogar medidas de protección o monitoreo telemático posteriores a la pena. Finalmente, se identifican posibles reformas legales para ampliar los mecanismos de notificación y protección a las víctimas, distinguiendo aquellas que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Asimismo, se examinan alternativas de medidas reglamentarias que pueden implementarse mediante la potestad administrativa y convenios interinstitucionales.

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03/11/2026

Reporte de Defensa Nacional: 26 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

A nivel nacional, el Presidente de la República, José Antonio Kast, nombró al General de Aviación Máximo Venegas como nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto, en reemplazo del General de Aviación Leonardo Romanini. En el plano regional, el Ministro de Defensa de Argentina, Teniente General Carlos Alberto Presti, participó en un nuevo encuentro de la coalición de países que, bajo el liderazgo de EE.UU., busca robustecer la seguridad hemisférica ante las amenazas transnacionales. En el ámbito internacional, el Departamento de Estado, de EE.UU., aprobó una venta de 500 misiles “Patriot PAC-3” a Ucrania, en una transacción estimada en US$2.100 millones, que tiene por finalidad reforzar la capacidad defensiva de Kiev ante los ataques misilísticos rusos contra sus objetivos. En materia de ciberseguridad, una serie de supermercados de diversos países europeos fue impactada por un ciberataque que afectó sus refrigeradores y congeladores de alimentos. La intrusión afectó a cuarenta tiendas “Delhaize”, en Bélgica y Luxemburgo; así como a un menor número de tiendas en Estonia, Finlandia, Irlanda, Países Bajos y Suecia.

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02/11/2026

Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Análisis Presupuestario 2026-2027 y Ejecución a agosto de 2026.

Recursos asignados al Ministerio del Trabajo y Previsión Social de acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y su variación respecto a la Ley de Presupuestos 2026 ajustada (es decir la que incluye la Ley inicial más diferencia de reajuste más leyes especiales y ajuste presupuestario). Del mismo modo, se realiza una breve descripción de la ejecución al mes de agosto para esta Cartera (último mes para el que DIPRES entrega información). El Proyecto de Ley de Presupuestos para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social propone un presupuesto de $17.425.304 millones, registra un crecimiento para el año 2021 de 1,1% respecto al Presupuesto ajustado del año 2026. Por su parte, la ejecución presupuestaria acumulada a agosto de 2026 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha sido de $11.049.228 millones, lo que representa el 65,1% del total del presupuesto vigente disponible, a este mismo mes de referencia.

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