Documentos de Asesorías Parlamentarias

Documentos elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, como parte de su función de apoyo al trabajo parlamentario, para contribuir a la certeza del actuar legislativo, disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y respaldar el protagonismo internacional del Congreso Nacional de Chile en los foros inter-parlamentarios.

Estos documentos han sido elaborados a solicitud de parlamentarios del Congreso Nacional, bajo sus orientaciones y particulares requerimientos. Por consiguiente, sus contenidos están delimitados por los plazos de entrega establecidos y por los parámetros de análisis acordados. No son documentos académicos y se enmarcan en criterios de validez, confiabilidad y neutralidad política.

Últimos documentos

12/05/2020

Ajuste Fiscal por pandemia de Coronavirus (COVID-19) y ejecución presupuestaria de programas del Ministerio de Agricultura.

Morales Peillard, Pablo Andrés; González Ulibarry, Paco

La Pandemia originada por el Coronavirus (COVID-19), ha provocado efectos económicos que afectan a trabajadores, empresas y familias. El Gobierno -en respuesta- ha diseñado un Plan Económico de Emergencia, para “entregar apoyo a los trabajadores y trabajadoras, a las empresas y a las familias más vulnerables del país para enfrentar las consecuencias económicas” de la pandemia. Para financiar este plan, se han realizado dos ajuste fiscales al presupuesto aprobado para el año 2020. El primero realizado en marzo y el segundo a finales de abril. En el caso del Ministerio de Agricultura, el ajuste fiscal corresponde aM$ 50.300.819, correspondientes a un 8,1% del presupuesto aprobado. El presente documento detalla en primer lugar el ajuste fiscal que han sufrido a la fecha las distintas partidas del Presupuesto de la Nación y posteriormente, se presenta la ejecución presupuestaria acumulada al primer trimestre de una serie de programas relevantes de la Partida Ministerio de Agricultura.

12/05/2020

Criterios objetivos de segmentación asociados a avalúos de bienes raíces en legislación tributaria

Wilkins Binder, James Alfred

La legislación tributaria nacional dispone de varias normas que basan la aplicación de un beneficio (rebaja o exención) en atención al avalúo fiscal de bienes raíces o de un conjunto de estos. Tal es el caso del impuesto a la renta al mayor valor en la enajenación de bienes raíces por parte de personas naturales, que sólo queda afecto si dicho mayor valor, independiente del número de enajenaciones realizadas y del número de bienes raíces de propiedad del contribuyente, excede la suma total equivalente a 8.000 unidades de fomento. Por su parte, el derecho al beneficio de exención o rebaja del Impuesto territorial para adultos mayores también se basa, entre otros elementos, en el avalúo fiscal del inmueble de que se trate, así como en la suma de los avalúos fiscales de los bienes raíces del contribuyente. Finalmente, la sobretasa al impuesto territorial incorporada por la Ley Nº 21.210 considera como elemento determinante para su aplicación, la suma total de los avalúos fiscales de los bienes raíces de propiedad de un contribuyente.

12/05/2020

Elementos del proceso constituyente colombiano: Funcionamiento de la Asamblea Constituyente de 1991.

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

El proceso constituyente colombiano fue concebido como un mecanismo para salir de la crisis en que se encontraba el país, especialmente producto de la violencia política y criminal, después de agotada la reforma vía parlamento. Tuvo diversos impulsores, entre los que destacan el movimiento estudiantil, grupos guerrilleros y los presidentes Barco y Gaviria. El acuerdo político que le dio viabilidad, contemplaba un mandato de reforma acotado a un temario. Sin embargo, estas y otras limitaciones fueron eliminadas por la Corte Suprema. Así, lo que se concibió como un mecanismo de reforma constitucional fue convertido en un mecanismo para crear una nueva constitución. El proceso contó con instancias de preparación, las que habrían tenido una amplia participación, aunque se discute sobre el impacto de lamisma. Como ninguna de las fuerzas políticas alcanzó la mayoría absoluta, el proceso fue liderado por las tres principales, que conformaron una troika para presidir la Asamblea Constituyente. Aunque la gran mayoría de los asambleístas pertenecían a partidos políticos, pareciera que estos no fueron los principales articuladores de acuerdos. Existió sin embargo,una amplia capacidad de consenso. El trabajo se organizó en comisiones temáticas, que debían considerar las propuestas emanadas de la ciudadanía, y dos debates generales en la Plenaria. Las normas en primer debate se aprobaban con mayoría absoluta, pero si después querían ser modificados en segundo debate, requerían dos tercios de los constituyentes para prosperar. Uno de los aspectos que determinó el funcionamiento de la Asamblea fue su acotado tiempo de funcionamiento: solo 149 días, plazo que fue cumplido por el organismo.

12/05/2020

Regulación internacional sobre arte de pesca de arrastre de fondo: Argentina, México, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), Nueva Zelandia, Islandia y España.

Arancibia Jeraldo, Leonardo Christian; Cuevas Saavedra, Claudia Patricia

Este documento aborda las regulaciones de la pesca de arrastre en la experiencia internacional. A partir de la revisión de variadas normas que, abarcan reglamentos, resoluciones, mensaje presidencial, actas y otras regulaciones, se presenta las medidas que autorizan este tipo de pesca, así como, los requisitos que se ha de cumplir y las prohibiciones relativas a ésta. En el caso de Argentina, las operaciones de pesca están restringidas a un área delimitada por Resolución, donde sólo podrán ser ejercidas por ciertos artes de pesca como red de arrastre de media agua entre otros. Se regula, en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, la utilización de mallas mínimas en las redes que, en función por tipo de buques, maniobras de pesca y especie. Operacionalmente, se desarrolló el dispositivo para el escape de juveniles de peces en las redes de arrastre “DEJUPA”, cuyo uso fue obligatorio en 2001. En México, está permitido el uso de sistemas de pesca de arrastre de fondo con doble aparejo y arrastre por popa para la pesca de Merluza del Pacífico Norte siendo obligación la luz de malla mínima de la red de 10,16 cm en el copo y de 12,7 cm en el cuerpo. Así, todo tipo de medidas que se requieran, podrán ser establecidas o modificadas por la Secretaría del ramo. Además, existen Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Refugio Pesquero donde la pesca por arrastre está, expresamente prohibida. Para EE.UU, en el caso de la pesca de arrastre, la ley establece en la sección sobre investigación pesquera de captura incidental, el desarrollo de una serie de actividades, para desarrollar un programa para evitar la captura incidental (bycatch). En este sentido, se requiere que todos los planes de manejo pesquero establezcan un informe metodológico para evaluar el bycatch en una pesquería y las medidas para minimizarlo. Por ello estas redes (y dispositivos) pueden usarse solo áreas que estén designadas como una zona de arrastre de fondo.

11/05/2020

La situación de las hortaliceras mapuche en la ciudad de Temuco. Contexto y el estatuto jurídico aplicable

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

En el último tiempo ha salido a la luz pública la disputa que existe entre la Municipalidad de Temuco y las comerciantes ambulantes mapuche de la misma ciudad, en torno a la venta informal de productos del campo en el centro de la ciudad, que fue proscrita mediante Decreto Municipal. El conflicto ha resurgido tras el levantamiento de la cuarentena en la ciudad establecida como medida de contención de la pandemia de COVID-19. El texto constitucional chileno reconoce un amplio derecho a emprender actividades económicas, siempre que estas sean lícitas, es decir, no sean contrarias a la moral, el orden público ni la seguridad nacional, y sean ejercidas de conformidad a su regulación legal. El Tribunal Constitucional ha señalado que dicha regulación debe establecerse mediante ley y debe ser determinada, específica, respetar el principio de igualdad y el contenido esencial de los derechos. En el caso del comercio ambulante, no existe una norma de rango legal que lo regule directamente, pero se entiende tal facultad a la autoridad municipal en tanto administrador legal de los bienes nacionales de uso público. Por su parte, el Convenio 169 de la OIT establece un mandato de protección especial del trabajo indígena, entendido como un derecho social, el cual debe ser garantizado con pertinencia cultural. Además, reconoce la importancia especial de las actividades económicas de subsistencia y de las actividades económicas tradicionales de los pueblos indígenas. Lo anterior parece apuntar a que la regulación de esta actividad requeriría de una consulta previa, de conformidad a los establecido en el propio Convenio, pero en 2011 la Corte de Apelaciones de Temuco, en fallo confirmado por la Corte Suprema, se manifestó en contrario.

11/05/2020

Las normas generales de Superintendencias – Mención especial en materia de pensiones.

Harris Moya, Pedro Nicolás

Con independencia de la denominación legal, los autores de Derecho administrativo han analizados los actos generales dictados por la Administración bajo dos categorías: o bien se tratan de reglamentos, o bien de circulares. Las Superintendencias son órganos administrativos, cuyas leyes orgánicas suelen facultarles para dictar diferentes actos. Las normas generales obligatorias, dictadas por la Superintendencia de Pensiones, son unos de ellos. Debido a que dicha denominación carece de un régimen propio, se tratarán de actos susceptibles de asimilarse a cualquiera de las dos categorías antes referidas. Tal asimilación no es indiferente frente a sus efectos. Al menos, si se considera que la circular no suele interpretarse como susceptible de imponer obligaciones externas a la Administración, a diferencia de lo que ocurre frente a los reglamentos.

11/05/2020

Legislación extranjera sobre algunas propuestas del proyecto de ley que fortalece la investigación y persecución de carteles (Boletín 13.312-03).

Wilkins Binder, James Alfred; Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice; Bermúdez Soto, Rodrigo Alejandro; Wilkins Binder, James Alfred; Cavada Herrera, Juan Pablo

El proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 211, de 1973, boletín Nº 13.312-03, propone incorporar una serie de reformas al régimen de defensa de la libre competencia. De estás, se revisan las siguientes desde la perspectiva de la legislación extranjera: a)Órganos encargados de la investigación de conductas contrarias a la libre competencia y sus respectivas facultades. b) Régimen del secreto y la reserva bancaria y las reglas de acceso a la información protegida. c)La figura del denunciante reservado. d)El concepto de bienes y servicios de primera necesidad como fundamento para el aumento de la sanción penal.

11/05/2020

Líneas de préstamos para pymes en el marco de crisis COVID-19: países anglosajones

Holz Guerrero, Mauricio

El presente documento tiene como objetivo informar sobre medidas para inyectar capital de trabajo a micro, pequeñas y medianas empresas, a través de préstamos, en Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda. Se da cuenta de los principales programas y se explican sus principales características y condiciones. En primer lugar cabe destacar que se observan diferencias entre la interacción entre el Estado y las instituciones financieras privadas que proveen los préstamos. En todos los países se observan programas de financiamiento vía préstamo en donde el Estado actúa como aval del deudor, siendo la institución privada la que provee el crédito. No obstante, en Canadá se observa un esquema de cofinanciamiento, es decir una parte la presta el Estado y la otra parte el sector privado, y esquemas en donde no intervienen los privados y el prestamista es 100% el Estado. Un esquema interesante se da en el Reino Unido, en donde el Estado actúa como inversionista de empresas recién creadas, es decir inyecta recursos a través de préstamos convertibles, adquiriendo un porcentaje de la propiedad de la empresa. Otro aspecto diferenciador es la participación del Estado en la definición de las condiciones del crédito cuando son privados los que los proveen. En Estados Unidos existen por ejemplo el Pay Check Protection Programy el Economic Injury Plan, en los cuales el Estado fijala tasa de interés, incluso diferenciando entre empresas e independientes.

08/05/2020

Efectos del COVID-19 en el sector de la energía.

García Bernal, Nicolás Alonso

La pandemia generada por el COVID-19, más allá del impacto inmediato en la salud, tiene implicaciones importantes para las economías mundiales, el uso de energía y las emisiones de CO2. Según la Agencia Internacional de la Energía(IEA), la demanda mundial de energía disminuyó un 3,8% en el primer trimestre de 2020, y la mayor parte del impacto se sintió en marzo, a medida que se aplicaban las medidas de confinamiento en Europa, América del Norte y otros lugares. En términos anuales, la IEA prevé que la demanda mundial de energía del 2020 se contraerá en un 6%, equivalente a la mayor contracción en 70 años en términos porcentuales y absolutos. Igualmente, para el año 2020, estimó que las emisiones globales de CO2disminuirían en un 8% o casi 2.6 Giga-toneladas (Gt).Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los principales retos del sector en tiempos del COVID-19 sonasegurar la adecuada y continua operación del sistema eléctrico con el fin de asegurar el abastecimiento del servicio, además de garantizar el acceso de la población más vulnerable y la sustentabilidad financiera y operativa del sector. Para Chile, la consultora Systep (2020) prevé un impacto en las perspectivas futuras del sector, explicada por un menor crecimiento de la demanda eléctrica en el corto plazo y una contracción estimada del 2% del PIB que, provocaría una reducción en los planes de inversión. En Chile, al igual que en el resto de los países de América Latina y el Caribe - dada su condición de servicio básico - los gobiernos han tomado medidas para asegurar el suministro de electricidad e incluso, posponer su pago y aliviar en parte los efectos sobre la economía familiar.

08/05/2020

Elementos del proceso constituyente boliviano: Funcionamiento de la Asamblea Constituyente de 2006.

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

El proceso constituyente boliviano encuentra sus antecedentes inmediatos en la crisis política y social que afectaba al país en los años precedentes. Su realización fue habilitada mediante una reforma constitucional y una ley de convocatoria especial, que involucró un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas. El proceso contó con instancias oficiales de preparación, aunque también existió un significativo trabajo constituyente desde las organizaciones sociales. La Asamblea Constituyente se estructuró en torno a las bancadas políticas con representación, bajo el liderazgo del oficialismo que alcanzó la mayoría absoluta de los escaños. El trabajo se organizó en comisiones y sub-comisiones temáticas, que debían analizar las diversas propuestas presentadas tanto por los constituyentes, como porla ciudadanía. Luego debían elevar un informe para consideración de la Plenaria, pudiendo incluir también una propuesta de minoría. La aprobación en general de estos informes era por mayoría, pero eltexto en detalle debía aprobarse por dos tercios de los constituyentes presentes. El texto final se sometería a referéndum aprobatorio, al igual que aquellas normas aprobadas que no alcanzaren el quórum. El proceso estuvo marcado por el conflicto social y político, expresado principalmente en las dificultades para adoptar un reglamento y un sistema de votaciones. Finalmente, el texto sometido a referéndum fue previamente enmendado mediante un acuerdo entre Gobierno y Oposición.