Documentos de Asesorías Parlamentarias

Documentos elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, como parte de su función de apoyo al trabajo parlamentario, para contribuir a la certeza del actuar legislativo, disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y respaldar el protagonismo internacional del Congreso Nacional de Chile en los foros inter-parlamentarios.

Estos documentos han sido elaborados a solicitud de parlamentarios del Congreso Nacional, bajo sus orientaciones y particulares requerimientos. Por consiguiente, sus contenidos están delimitados por los plazos de entrega establecidos y por los parámetros de análisis acordados. No son documentos académicos y se enmarcan en criterios de validez, confiabilidad y neutralidad política.

Últimos documentos

06/07/2020

Régimen legal de cuidado personal y patria potestad: Aspectos críticos ante falta de padre y madre.

Guerra Araya, Pedro Sebastián

El requerimiento que fundamenta este documento solicita indagar en el caso específico en que una persona menorde edad, niño, niña o adolescente (NNA)se encuentra sujeto al cuidado personal de un tercero, que no es ni el padre ni la madre, y el modo en que se resuelve el problema de la administración de los bienes de ese NNA. Asimismo, se solicita indagar la forma en que otras legislaciones han abordado el problema, tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal. El documento consta de una primera parte, en la que expone el planteamiento del problema que motiva este informe. Una segunda parte analiza el régimen de cuidado personal de menores que actualmente rige en Chile, sus fuentes normativas y el modo en que este se relaciona con la administración de bienes de los menores sujetos a cuidado personal. En este mismo acápite se indaga en los asuntos prácticos que se suscitan, destacando los problemas sustantivos y procesales. Se finaliza esta parte con un resumen de lo expuesto y algunas conclusiones. Finalmente, una tercera parte, expone la forma en que otras legislaciones han abordado el problema específico que se plantea. En cuanto a la metodología del documento, se explicita que esta consiste en análisis exhaustivo de las fuentes normativas y de la literatura relevante, ofreciendo una interpretación cuando esta sea procedente.

03/07/2020

Premios nacionalesen Chile y su normativa.

Cáceres Lara, Marcela Teresa

Premios nacionales es el nombre colectivo para el máximo reconocimiento que otorga el Estado de Chile a la obra de chilenos que, por su excelencia, creatividad, aporte trascendente a la cultura nacional y al desarrollo del saber y de las artes, se hagan acreedores a estos galardones. También podrá ser otorgado a una personalidad extranjera de larga residencia en Chile y cuya obra científica o creativa se haya desarrollado en el país y signifique un aporte de excelencia y relevancia a la ciencia, la cultura o el arte nacionales. Los Premios Nacionales están regulados por la Ley N° 19.169, de 1992, que establece suentrega, cada dos años, en once disciplinas: Literatura; Periodismo; Ciencias Exactas; Ciencias Naturales; Ciencias Aplicadas y Tecnológicas; Historia; Ciencias de la Educación; Artes Plásticas; Artes Musicales; Artes de la Representación y Audiovisuales, y de Humanidades y Ciencias Sociales. Desde el año 2018, el otorgamiento de los premios se comparte entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Lo anterior, debido a la promulgación de la Ley N° 21.045, de 2017, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que en su artículo 44 establece modificaciones a la Ley N° 19.169.

01/07/2020

Cibercrimen y delito informático: Definiciones en legislación internacional, nacional y extranjera.

Cavada Herrera, Juan Pablo

El término “cibercrimen” carecería de una definición universalmente homogénea y aceptada por los especialistas en el área, existiendo eso si acuerdo entre los investigadores en que sería una actividad ilegal realizada mediante un computador. De las distintas definiciones doctrinales y de instrumentos internacionales, se desprenden diferentes conceptos, tales como delincuencia informática, abuso informático, criminalidad informática, criminalidad mediante computadoras, delitos informáticos, etc. Estos, se refieren, más que a una forma específica de delito, a una pluralidad de modalidades delictivas, vinculadas de algún modo con los computadores, designando una multiplicidad de conductas ilícitas y no una sola de carácter general, y parece hablarse de delito informático cuando nos estemos refiriendo a una de estas modalidades en particular. En síntesis, “delito cibernético” sería una acepción amplia, que comprende situaciones en que el elemento informático se encuentra en el objeto de la conducta penada (por ejemplo, intromisión ilegal a bancos de datos), y aquellas en que dicho elemento es el medio para realizar un fin ilícito. De esta manera, el concepto de cibercrimen abarcaría, en sentido amplio, tanto delitos comunes que se ejecutan a través de medios informáticos, como nuevos delitos, cuya ejecución sólo es posible gracias a la existencia de dichos medios. Y dentro de este término genérico, los delitos informáticos serían aquellas conductas delictuales en que se atacan bienes informáticos en sí mismos, no como medio, como por ejemplo, dañar el Software mediante la intromisión de un virus.

01/07/2020

Competencias medioambientales de la autoridad sanitaria.

Bermúdez Soto, Rodrigo Alejandro

Documento elaborado a partir de la consulta realizada en relación con los efectos de la Resolución N° 933 Exenta, de 11.03.2020 que derogó la Resolución Exenta No 1.001 de 1997, ambas de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta y en particular, a qué institución le corresponderá fiscalizar estos aspectos de acuerdo a la normativa vigente y pedimos que se señale explícitamente cuál sería la norma correspondiente.

01/07/2020

DEPA: Acuerdo de Asociación de Economía Digital suscrito entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur: Objetivo, negociación y carácter del tratado.

Vargas Cárdenas, Patricia Andrea

El Acuerdo de Asociación de Economía Digital (por su sigla en inglés DEPA: Digital Economy Partnership Agreement) es el primer acuerdo en su tipo desarrollado exclusivamente para regular el comercio electrónico y los asuntos relativos a la economía digital. El DEPA fue suscrito el pasado 11 de junio entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur de manera completamente remota, y concreta un régimen especial para la facilitación del comercio electrónico profundizando aspectos establecidos en recientes acuerdos de cooperación económica. Uno de los objetivos principales del DEPA es facilitar y potenciar las oportunidades de intercambio comercial en el entorno digital para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. El DEPA es un acuerdo vivo, que se encuentra abierto a la incorporación de nuevos miembros, y a que otros regímenes de cooperación incorporen sus principios y definiciones o que éstas puedan ser utilizadas como referencia para el diseño de políticas públicas. Los tres países precursores de este acuerdo pionero son economías de similares características, comparten una visión común sobre el comercio exterior, y participan en bloques de cooperación económica como el P4, vínculos que determinaron la decisión de materializar el Acuerdo y explorar en éste nuevos temas de comercio digital, como inteligencia artificial, cooperación en ciberseguridad y sector Fintech, así como protección al consumidor, entre otras disciplinas que van más allá de las contenidas en el marco de otros acuerdos comerciales como el CPTPP.

01/07/2020

Depreciación acelerada de activos intangibles: Legislación chilena y algunos países de la OCDE.

Cavada Herrera, Juan Pablo; Morales Peillard, Pablo

La Ley sobre Impuesto a la Renta no permite la depreciación de activos intangibles. Por ello el proyecto de ley que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para el plan de reactivación económica (Boletín N° 13.615-05), según señala, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, consistentes en emplear herramientas tributarias para robustecer la demanda de bienes de inversión y consumo que permitan lograr una rápida recuperación económica, propone un régimen de amortización instantánea respecto de ciertos activos intangibles que estén protegidos en conformidad con la ley, a saber, propiedad industrial, derechos de autor y nuevas variedades vegetales, reconociendo así las diversas formas de inversión y desarrollo tecnológico que dan cuenta de una economía cada vez más digitalizada. La norma propuesta sería aplicable sólo a activos intangibles adquiridos entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022, y que sean destinados al interés, desarrollo o mantención de la empresa o negocio, y no se aplicaría a los gastos de organización y puesta en marcha y tratamiento tributario del good will en caso de fusión de sociedades. Revisada la información disponible sobre la materia en algunos países de la OCDE, considerando el plazo breve de respuesta, se advierte que casi todos contemplan expresamente la depreciación de activos intangibles, con plazos fijos o dependientes de la duración del contrato subyacente al activo. No es posible descartar la existencia de regímenes especiales de depreciación acelerada o instantánea, pues pueden estar contemplados en regímenes tributarios para pequeñas empresas o para casos especiales.

01/07/2020

La obligación de confinamiento por coronavirus y sus sanciones pecuniarias – Chile, España y Francia.

Harris Moya, Pedro Nicolás

La obligación de confinamiento es una medida preventiva frente a la propagación del coronavirus, cuya eficacia descansa en una sanción esencial, a saber: las multas aplicables frente a un desplazamiento fuera del domicilio, por causa no debidamente justificada. Se trata de una retribución común, aplicable en el Derecho francés, español y chileno, cuyas formas varían sensiblemente desde tres puntos de vista diversos. Primero, el alcance de la obligación. Segundo, la tipificación de la infracción. Y tercero, el importe de la sanción pecuniaria aplicable en cada caso.

01/07/2020

Leyes y decretos relacionados con el suelo: Erosión.

González Ulibarry, Paco

Existen diversas leyes (9) y decretos (7) de carácter nacional que hacen mención a la erosión de los suelos. Dichas regulaciones hacen referencia a protección de cauces y suelos; pago de impuestos; funciones establecidas en los servicios; expropiación; y programas de apoyo contra la erosión.

01/07/2020

Medidas adoptadas respecto del pago servicios eléctricos por COVID-19: Legislación comparada.

Williams Obreque, Guido Andrés; Bermúdez Soto, Rodrigo Alejandro

A pedido del usuario, se describen las medidas normativas adoptadas en beneficio de los usuarios de suministro eléctrico a consecuencia del Covid-19 en Perú, Argentina, Colombia, España y Francia. En Perú, se permite a las empresas el fraccionamiento, hasta en 24 meses, de los pagos por consumos de electricidad por cobros que se hayan emitido durante el mes de marzo de 2020 y los consumos realizados durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y sus renovaciones posteriores. Por su parte, en Argentina, las empresas prestadoras de servicios de electricidad podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a determinados usuarios, en caso de mora o falta de pago luego de 6 facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020, incluyendo usuarios con aviso de corte en curso. En el caso colombiano, las empresas de energía eléctrica puedan diferir el pago de los servicios por un período de 36 meses respecto del denominado “consumo básico o de subsistencia” de personas vulnerables. Dicho beneficio se establece para dos ciclos de facturación desde abril de 2020. Las empresas que otorguen este beneficio podrán tomar una línea de liquidez financiada por el Estado y además estarán obligadas a ofrecer un descuento de mínimo el 10% sobre el valor (no subsidiado) de la correspondiente factura.

01/07/2020

Prescripción de la responsabilidad civil en ensayos clínicos - Inicio del plazo en el Proyecto de Ley Boletín 13642

Harris Moya, Pedro Nicolás

La prescripción es uno de los modos de extinguir las obligaciones. La responsabilidad civil sobre ensayos clínicos por productos farmacéuticos y otros elementos de uso médico consagra dos aspectos que la diferencian del régimen civil general. Primero, requiere de diez años (y no cuatro). Segundo, este tiempo se computa desde la manifestación del daño (y no desde la perpetración del acto). En efecto, la época perpetración del acto ha sido interpretada de dos maneras distintas. Una asociada al momento en que se origina el hecho y otra vinculada al que se manifiesta el daño. Debido a que el Proyecto de Ley Boletín 13642-11se remite al art. 2332 del Código Civil para computar el plazo, consagraría una prescripción de cuatro años desde la perpetración del acto. Dicha referencia podría reabrir las diferentes interpretaciones sobre el inicio del plazo.