Documentos de Asesorías Parlamentarias

Documentos elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, como parte de su función de apoyo al trabajo parlamentario, para contribuir a la certeza del actuar legislativo, disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y respaldar el protagonismo internacional del Congreso Nacional de Chile en los foros inter-parlamentarios.

Estos documentos han sido elaborados a solicitud de parlamentarios del Congreso Nacional, bajo sus orientaciones y particulares requerimientos. Por consiguiente, sus contenidos están delimitados por los plazos de entrega establecidos y por los parámetros de análisis acordados. No son documentos académicos y se enmarcan en criterios de validez, confiabilidad y neutralidad política.

Últimos documentos

01/07/2020

Propuestas temáticas para futura agenda legislativa en materia de recursos hídricos.

Baeza Gómez, Eduardo Christian

La presente minuta se enfoca en proponer futuros temas en materiade aguas paraenriquecer la agenda legislativa de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. Las ideas temáticas planteadas se basan en los desafíos que surgen de la discusión en diferentes instancias públicas y privadas, además de diferentes experiencias extranjeras relacionadas con la gestión más eficiente del citado recurso natural.

01/07/2020

Protección de datos por diseño y por defecto: Principios fundacionales y marco normativo europeo.

Wilkins Binder, James Alfred

La privacidad o protección de datos “por diseño” y “por defecto” hace alusión al proceso mediante el cual las organizaciones o entidades que se relacionan con el tratamiento de datos aplican medidas técnicas y organizativas en las fases iniciales del diseño de las operaciones de tratamiento de datos para garantizar la privacidad y el respeto de los principios de protección de datos personales desde el primero momento (privacidad por diseño), o para garantizar que los datos personales sean tratados con el mayor grado de protección de la intimidad, de manera que los datos personales no sean por defecto accesibles a un número indefinido de personas (privacidad por defecto»). Si bien se trata de un concepto que tuvo su origen en la década de los 90, no fue aceptado internacionalmente sino hasta la 32a Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad, en el año 2010. En 2016 fue reconocido normativamente el concepto en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, estableciendo obligaciones al responsable del tratamiento de datos en dos sentidos: a) aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para asegurar de forma efectiva los principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento; y b) aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas que garanticen que solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento, asícomo también que, por defecto, los datos personales no sean accesibles a un número indeterminado de personas físicas.

01/07/2020

Proyectos de ley: Protección del denunciante en materia de probidad.

Palli Cea, Angelo Andrés

Se ha solicitado informar sobre los proyectos de ley presentados que sean similares al que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (boletín N°13565-07). Para esto, se procedió en primer lugar a la revisión de la base de datos de Tramitación de Proyectos de ley del Congreso Nacional (SIL), que contiene iniciativas presentadas desde 1990 a la fecha, recopilando aquellos cuyo contenido guarda relación con la protección del denunciante de actos contra la probidad. Para la búsqueda se revisaron las materias asociadas a cada proyecto de ley y además se realizó una búsqueda en base a los siguientes descriptores: “probidad”, “probidad administrativa”, “denunciante” y “estatuto de protección”: En total se encontraron 7 proyectos de ley: uno de ellos está publicado como ley, uno está archivado y los restantes se encuentran en tramitación, en primer trámite constitucional; uno se originó en mensaje y los demás en mociones parlamentarias; todos tienen su origen en la Cámara de Diputados, pero se encuentran en diferentes comisiones. A continuación se presenta el detalle de los resultados obtenidos, incluyendo en cada caso el número de boletín con enlace a la tramitación legislativa, su título y estado actual, su origen y fecha de ingreso, el tipo de iniciativa de que se trata con enlace a su texto, los autores del proyecto cuando se trata de una moción, el trámite constitucional en que se encuentra y el último trámite reglamentario que registra.

01/07/2020

Reporte de Defensa Nacional: 29 de junio al 6 de julio de 2020.

Jarufe Bader, Juan Pablo

A nivel nacional, el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, explicó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que la reducción de la presencia nacional en operaciones de paz, obedece a una estrategia para enfocar recursos en otras áreas de acción, sobre todo en el actual contexto de pandemia, sin significar un cambio en la Política de Defensa del país. En el plano vecinal, el Centro de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de Paz, adscrito al Ministerio de Defensa de Perú, culminó el curso de capacitación a 23 oficiales de las ramas castrenses, quienes quedaron facultados para operar como observadores militares de Naciones Unidas, en diversas misiones a lo largo del mundo. En el ámbito internacional, el Primer Ministro australiano, Scott Morrison, lanzó una actualización de la Estrategia de Defensa 2020 del país, que considera un incremento en el gasto de defensa durante los próximos diez años, en respuesta a lo que la autoridad consideró "un ambiente regional en proceso de deterioro", con tendencias como una creciente modernización tecnológico- militar y una tensión latente en la región Indo-Pacífica.

01/07/2020

Selección de proyectos de ley: Mensajes rechazados en períodos que indica.

Palli Cea, Angelo Andrés

Se ha solicitado informar sobre los proyectos de ley presentados por la ex Presidenta Michelle Bachelet durante sus gobiernos (2006 a 2010 y 2014 a 2018) y que fueron rechazados en general por el Congreso Nacional. Para esto, se procedió en primer lugar a la revisión de la base de datos de Tramitación de Proyectos de ley del Congreso Nacional (SIL), que contiene proyectos presentados desde 1990 a la fecha, recopilando solo aquellos proyectos iniciados vía mensaje que fueron presentados dentro del período de tiempo solicitado y que figuran como rechazados por el Congreso Nacional. Es conveniente tener presente que un proyecto de ley puede ser rechazado por haber sido votado mayoritariamente de forma negativa, o bien por no haber alcanzado los votos favorables necesarios 1 para cumplir con el quórum constitucional especial exigido en determinados casos . Los resultados se agruparon según el período presidencial al que corresponden y se ordenaron cronológicamente, desde el más antiguo al más nuevo. En cada caso se indica el número de boletín (enlazado a su tramitación legislativa), su título (enlazado al texto del mensaje), la fecha de ingreso, la Cámara de Origen y una breve síntesis con los principales hitos de tramitación además del resultado de las votaciones en general (con enlace a los documentos oficiales correspondientes para más detalle). En total se encontraron 4 mensajes rechazados, todos pertenecientes al período 2006-2010 y con su ingreso a tramitación por la Cámara de Diputados: 3 de ellos fueron rechazados por no alcanzar los votos favorables según el quórum constitucional exigido y 1 fue rechazado por votación mayoritaria en contra. Solo en 1 de los casos, el Ejecutivo hizo uso de la facultad para insistir en la Cámara Revisora, siendo rechazado nuevamente el proyecto por no alcanzar los votos favorables según el quórum constitucional exigido.

01/07/2020

Teletrabajo yconciliación de trabajo y familia: equidad de género. Casos: Francia, Finlandia, Nueva Zelanda.

Álvarez Droguett, Paola Alejandra

El teletrabajo ha surgido fuertemente como una nueva forma de organización del trabajo, debatiéndose, sus aspectos positivos y negativos. Uno de los aspectos positivos, es que facilita al trabajador (a) a conciliar ámbitos laborales con los familiares y personales. Según investigaciones en la materia, el teletrabajo conlleva diferencias dependiendo el género del trabajador. Así,las mujeres tienden a utilizar el teletrabajo más que los hombres, para equilibrar familia y trabajo; en el caso de los hombres, no es posible establecer una relación causal entre teletrabajo y una mayor participación en el cuidado infantil ni en las labores domésticas. En el marco de la pandemia producido por el Covid-19, estudios de la OCDE y la OIT, dan cuenta que la pandemia no ha afectado de la misma manera a las mujeres y a los hombres trabajadores. Específicamente, el impacto del teletrabajo en mujeres ha sido diferente, debido que las mujeres han asumido en forma desproporcionada el cuidado de los menores y adultos mayores, situación que se ha exacerbado con el cierre de las escuelas o de las instalaciones de cuidado, junto con el trabajo de la casa.

01/07/2020

Transparencia y apertura parlamentaria: Experiencia latinoamericana.

Horzella Cutbill, Bárbara

A continuación, a solicitud parlamentaria se describen ciertos aspectos relacionados con la transparencia y apertura parlamentaria en los casos de diez países de América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú). Para ello fueron elaboradas dos tablas que sistematizan la siguiente información: en la Tabla N° 1, los aspectos relativos a la forma de Estado, Gobierno y conformación de los órgano legislativo, donde se presenta la organización básica del sistema político de los casos revisados, así como aspectos puntuales de la organización de cada órgano legislativo. La Tabla N° 2, en tanto, busca sistematizar aspectos particulares respecto de la transparencia y apertura parlamentaria, consignándose las normas legales que consagran disposiciones relacionadas con transparencia y acceso a información pública. En este sentido, se constata que en todos los casos revisados existe una norma de esta naturaleza y en la mayoría de ellos dicha norma establece la obligación expresa a los órganos legislativos de poner a disposición del público informaciones de su ámbito. . Seguidamente, se evidencia la existencia de organismos cuya misión es la de implementar las leyes de transparencia al interior del legislativo – para efectos de este informe las Cámaras Bajas en caso de tratarse de órganos bicamerales-. Tal es el caso por ejemplo de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el legislativo argentino o la Dirección de Transparencia en la legislatura boliviana. Desde el punto de vista de la disponibilidad de datos, todos los casos revisados poseen en los sitios web oficiales de sus órganos legislativos un vínculo (link) hacia el sitio de transparencia donde hacen públicos distintos aspectos del quehacer parlamentario y funcionamiento del legislativo. Asimismo, a la fecha la mayoría de ellos cuenta con portales de “Datos Abiertos”, donde proveen bases de datos que permiten un mayor análisis de la labor parlamentaria. Por su parte, todos los países, salvo Bolivia, son miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Finalmente, se presenta el lugar obtenido por cada país en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2018, elaborado por la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa (Ranking ILTL).

01/07/2020

Transporte aéreo en el contexto COVID-19: Colombia, España, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y Singapur.

Cuevas Saavedra, Claudia Patricia

Debido a la pandemia, los sectores de turismo y transporte, a nivel mundial, se han visto fuertemente afectados. El cierre de fronteras y las cuarentenas han tenido un fuerte impacto en las actividades relativas al transporte aéreo. Actualmente, algunos países han implementado diversas acciones para implementar, progresivamente, lo que se ha llamado el “regreso a la nueva normalidad”. Es el caso de Colombia, que ha revisado los protocolos de salud pública, ha relajado las restricciones de vuelo e implementado ayudas económicas al sector. España también ha modificado las restricciones de viaje y ha desarrollado un plan para retomar, paulatinamente, la reactivación que incluye incentivos al turismo, lo que repercute en el transporte aéreo comercial. Estados Unidos de Norteamérica, por su parte, ha dispuesto recursos de información destinados tanto al viajero como a tripulación, operadores, protocolos de medición de temperatura y registro de pasajeros, en caso que fuese necesario realizar seguimiento sobre éste y sus contactos. También el país tiene en marcha ayudas económicas para el sector. Singapur también ha introducido cambios en las medidas fronterizas y ha bajado la rigurosidad de cómo los viajeros han de llevar a cabo las cuarentenas. El país asiático ha definido ayudas económicas para impulsar la reanudación del transporte aéreo y, así también, del sector turístico, reconociendo su incidencia positiva en la recuperación del transporte. Como introducción al tema, se incluyen directrices recomendadas por organismos internacionales del transporte aéreo y la aviación mundial.

01/07/2020

Tratamiento de obligaciones económicas, financieras, bancarias o comerciales: Antecedentes para el análisis de iniciativas de ley que prohíben su comunicación durante los efectos de la pandemia causada por el COVID-19.

Wilkins Binder, James Alfred

El Proyecto de Ley que modifica la ley N°19.628, propone prohibir que se comuniquen las obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, mientras esté vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe decretado con motivo de la pandemia de Covid-19 (boletines refundidos Nº 13.414-03, 13.444-03, 13.446-03, 13458-03, 13519-03, 13523-03, 13626-03). Se trata de boletines distintos que dan cuenta de fórmulas legislativas diversas. En este sentido, algunos proponen modificar la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada, otros proponen como soporte legal la Ley Nº 20.575 que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, y otros proponen una ley autónoma para los mismos efectos. En cuanto al plazo de suspensión de la comunicación de esta clase de datos, todos reconocen como elemento común la vigencia de un estado de excepción y, en base a ello, fijan distintos plazos de suspensión que van desde 90 días a un año. En cuanto a los beneficiarios, la mayoría de los boletines reconocen como beneficiarios a personas naturales, sin embargo algunos los extiendena micro, pequeñas y medianas empresas.

01/07/2020

Uso de medios telemáticos para cumplir orden de alejamiento

Fernández Lores, Guillermo Javier; Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice

En materia violencia de género, uno de los derechos de las víctimas es a ser protegida de su agresor por medio de una institucionalidad especial. Desde el punto de vista del procedimiento penal, esto se persigue a través de medidas preventivas, tales como las órdenes de alejamiento del presunto agresor respecto de la víctima. Las legislaciones de las que da cuenta este informe cuentan con normas específicas para casos de violencia de género y/o violencia doméstica, contemplando la posibilidad de que el juez decrete dicho alejamiento como medida cautelar o preventiva (especialmente frente a la concesión del beneficio de la libertad bajo fianza). Asimismo, se establece que dicha orden de alejamiento pueda ser controlada mediante algún mecanismo de monitoreo telemático. Esta medida de prohibición de acercamiento a la víctima también se contempla como sanción accesoria a sanciones no privativas de libertad y/o como condición del otorgamiento de la libertad condicional o provisional. La imposición de este tipo de instrumentos debe fundarse en que contribuirá significativamente a la seguridad de la víctima, ante un eventual incumplimiento del acusado de la orden de alejamiento. En caso de decretarse la medida, la prohibición se materializa mediante el establecimiento de zonas de exclusión geográfica, las que incluyen áreas alrededor de la residencia de la víctima y espacios tales como el lugar de trabajo, y la escuela de sus hijos, entre otros. Para ello, el Tribunal ordena al acusado usar un dispositivo de localización y si ingresa a una zona de exclusión, los datos de ubicación del acusado se transmitirán inmediatamente a la víctima y a la policía, y se revocará su libertad condicional. El mecanismo de seguimiento remoto debe siempre contar con el consentimiento del acusado. Portugal incluye como requisito que las personas que viven con éste otorguen también su consentimiento. También resulta relevante que para el caso de Estados Unidos, la normativa de los estados estudiados establece que el sistema debe ser costeado por el presunto agresor y que, en caso de no contar con recursos para ello, puede liberarse de dicho costo a través de la prestación de servicios comunitarios.