Documentos de Asesorías Parlamentarias

Documentos elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, como parte de su función de apoyo al trabajo parlamentario, para contribuir a la certeza del actuar legislativo, disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y respaldar el protagonismo internacional del Congreso Nacional de Chile en los foros inter-parlamentarios.

Estos documentos han sido elaborados a solicitud de parlamentarios del Congreso Nacional, bajo sus orientaciones y particulares requerimientos. Por consiguiente, sus contenidos están delimitados por los plazos de entrega establecidos y por los parámetros de análisis acordados. No son documentos académicos y se enmarcan en criterios de validez, confiabilidad y neutralidad política.

Últimos documentos

01/09/2020

Factores psicosociales de la respuesta de la población ante las medidas para enfrentar la pandemia: Los casos de Nueva Zelanda y Uruguay.

Lampert Grassi, María Pilar

A medida que la pandemia fue desarrollándose, la investigación en la materia dio cuenta de que las cuarentenas implementadas para disminuir y postergar los contagios COVID-19 eran efectivas, en particular cuando eran aplicadas tempranamente, por periodos cortos y en conjunción con otras medidas de protección y control. Sin embargo, también quedó en evidencia que la respuesta de la población a esta medida dependerá de factores psicosociales particulares, que aumentan o disminuyen el nivel de incertidumbre y seguridad de la población. Organismos internacionales se han referido a la importancia de considerar estos factores en el plan para enfrentar la pandemia, para lo cual se hace fundamental tanto una comprensión de los grupos poblacionales más afectados(y sus necesidades), así como también integrar a la comunidad en la preparación e implementación de las medidas de control de la epidemia. En este marco,se deben considerar tres factores fundamentales en la estrategia que se establezca: satisfacción de necesidades básicas (alimentación, abrigo, vivienda etc.);consejería a la población y la reactivación de redes sociales; y estrategias de comunicación de riesgo.

01/09/2020

La respuesta a la pandemia en la Republica Oriental de Uruguay.

Goldstein Braunfeld, Eduardo Isidoro

La situación epidemiológica de Uruguay ha sido resaltada como ejemplar, debido a que, después de haberse confirmado el primer caso de contagio a mediados de marzo, ya en la primera semana de junio las cifras daban cuenta de una cierta contención de la epidemia. Luego de ello, la transmisión se ha producido por brotes, sin haber llegado nunca a una fase de aumento exponencial. Este resultado es especialmente notorio, toda vez que, a la fecha, Uruguay no ha dictaminado cuarentenas obligatorias, optando por una estrategia que privilegia la libertad con responsabilidad. Otro aspecto destacado de la gestión gubernamental uruguaya es la coordinación lograda entre los tomadores de decisiones y el mundo científico. En efecto, prueba de ello es el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), compuesto por más de 55 expertos que asesoran científicamente a la Presidencia. Inspiradas en el modelo surcoreano, las acciones efectuadas para controlarla epidemia en Uruguay persiguieron especialmente mejorar la capacidad de testeo, considerado que es un factor crítico de la vigilancia posterior (trazabilidad y aislamiento de casos). Se evitó llegar así a una fase de transmisión donde las medidas de vigilancia pierden su eficacia, lo que supone mantener la epidemia en una escala manejable. Luego, se reconoce como un elemento clave para este propósito la rapidez de la respuesta del gobierno, quien declaró la emergencia sanitaria el mismo día en que se confirmó el primer caso de contagio en el país.

01/09/2020

Leyes y decretos relacionados con el suelo Desertificación y degradación del suelo.

González Ulibarry, Paco

Las regulaciones pertinentes a la desertificación corresponden a una ley y tres decretos. Dichas regulaciones se refieren a: el uso racional del recurso suelo; bonificación de las prácticas para el manejo y recuperación del suelo ya degradado por los procesos de desertificación, y acuerdos internacionales para la lucha contra la desertificación. Además, las regulaciones relacionadas con la degradación del suelo son cinco leyes y seis decretos de carácter nacional. Dichas regulaciones se refieren a la bonificación de las prácticas para el manejo y recuperación del suelo ya degradado; uso racional del recurso suelo; y zonas de utilización para evitar la degradación del suelo.

01/09/2020

Requerimientos para espacios en que se desarrollen actividades deportivas, en relación a las personas con discapacidad.

Cáceres Lara, Marcela Teresa

Más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad y además de su condición física, mental o sensorial, las personas con discapacidad enfrentan barreras para su participación en diversos aspectos de la vida. Estas incluyen, entre otros la falta de disponibilidad de dispositivos y tecnologías de asistencia, medios de comunicación no adaptados, brechas en la prestación de servicios,y prejuicios y estigmas discriminatorios de la sociedad, junto a entornos físicos y transporte inaccesibles. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, reconoce el derecho de estos a participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Para hacerlo en igualdad de condiciones con los demás, los estados deben adoptar medidas para alentar y promover su participación, en las actividades deportivas generales y garantizar que tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas. Este documento revisa normativa en Costa Rica, España y Estados Unidos, relativa a los requerimientos exigidos a edificaciones, instalaciones o espacios físicos donde se realicen actividades deportivas, incluyendo condiciones de accesibilidad con el objeto de que las personas con discapacidad puedan participar y disfrutar en igualdad de condiciones con los demás.

01/09/2020

Sistema de compras e inversiones de las capacidades de la Defensa. Los casos de Argentina, Japón y Nueva Zelandia

Jarufe Bader, Juan Pablo

El artículo 26 de la Ley N° 24.948, de 1998, instituyó en Argentina el Sistema de Planeamiento, Programación y Presupuestación (“S3P”), que establece las necesidades de la fuerza y controla la gestión de recursos. Por su parte, Japón estableció, en octubre de 2015, la Acquisition Technology and Logistics Agency (ATLA), entidad subordinada al Ministerio de Defensa, que es responsable de la política de equipamiento sectorial, planificación logística, e investigación y desarrollo, al tiempo de elaborar el llamado Medium- to Long-term Defense Technology Outlook, que describe las perspectivas de evolución tecnológica en un horizonte de veinte años. Respecto a Nueva Zelandia, el Secretario de Defensa y el Jefe de la Fuerza de Defensa, son responsables del correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Capacidades, que busca racionalizar la gestión de las adquisiciones, con procesos de revisión asociados, en un ciclo quinquenal de planificación. En cuanto al vínculo con los proveedores del sector, mientras en Argentina existe un Sistema de Catalogación de Medios para la Defensa, creado a partir de la Resolución N° 144, de 2011; el sistema japonés procura introducir contratos de largo plazo, a la vez que propiciar economías de escala; y en Nueva Zelandia, las Government Procurement Rules consignan motivos para excluir a un proveedor, entre los que considera la bancarrota, la condena por crímenes graves, la percepción de amenaza contra la seguridad nacional, y la vinculación con organizaciones terroristas o violaciones a los derechos humanos. Finalmente, en materia de control, Argentina cuenta con la Comisión Parlamentaria de Seguimiento de la Reestructuración Militar; en Japón opera el Board of Audit, órgano independiente que somete a auditoría anual las cuentas finales de los gastos del Estado, enviando sus conclusiones a la Dieta; y en Nueva Zelandia, la Office of the Auditor-General emprende revisiones de rendimiento, chequeando el avance de proyectos de compra y entregando reportes periódicos al Parlamento.

01/09/2020

Sistemas registrales, blockchain y smart contracts: El caso de Suecia.

Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice; Wilkins Binder, James Alfred; Roberts Molina, Raimundo

Varias tecnologías informáticas recientes han mostrado ser potencialmente útiles para mejorar, entre otras funciones públicas, los registros de propiedad. Entre ellas destaca un sistema que combina dos tecnologías: el encriptamiento informático (que asegurala veracidad de los datos de un archivo digital) y el uso de redes que comparten información redundante para validar, cada nodo, el traspaso de información. Esto es lo que se conoce como "blockchain"o cadena de bloques. Aunque fue creado originalmente para realizar transferencias de valores, también permite el traspaso de información en distintos formatos digitales.El funcionamiento del blockchain es complejo y requiere de múltiples actores, pero ha mostrado ser lo suficientemente confiable como para que, en una década, se hayan creado cerca de 6.500 criptomonedas en un mercado internacional creciente. Cabe destacar, en todo caso, que la seguridad y anonimato de este sistema de valores es también un tema de preocupación por sus potenciales usos en actividades ilegales. En particular, se describen las ventajas y desventajas teóricas de la implementación de estas tecnologías a los sistemas registrales y se explica además la experiencia piloto de la oficina sueca de registros y catastros, para agilizar las transacciones inmobiliarias a través de contratos inteligentes (smart contracts), con ejecución automatizada, y su registro en un archivo electrónico, en base a una cadena de bloques.

01/09/2020

Tratados Internacionales y Legislación sobre infancia (1989-2020): Recomendaciones Internacionales del Comité de Derechos del Niño.

Truffello García, Paola

El año 1990 Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas en 1989 y, desde esa fecha, ha ido adecuando su ordenamiento jurídico interno a las disposiciones de la misma, mediante la ratificación de diversos tratados internacionales y la dictación de leyes en diversos ámbitos, tales como la responsabilidad parental, la justicia especial de familia, responsabilidad penal adolescente, la tipificación de diversas figuras de violencia contra los niños, entre otras. El Comité de Derechos del Niño, desde su rol de vigilancia del cumplimiento de la citada Convención y sus tres Protocolos Facultativos también ratificados por Chile, en sus respectivos exámenes ha destacado los avances que nuestro país ha realizado en esta materia y, del mismo modo ha planteado los desafíos aún pendientes para dotar al país de una legislación que reconozca y garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes bajo el paradigma de la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese marco durante los últimos años, la agenda legislativa del Congreso Nacional ha estado enfocada principalmente en el desafío de dotar al país de un Sistema de Protección Integral de Derechos de la infancia y adolescencia. Para ello, se han dictado leyes que crean nueva institucionalidad, como la Subsecretaría de la niñez y la Defensoría de los Derechos de la Niñez y se encuentran en tramitación en diversas comisiones legislativa de ambas cámaras, proyectos de ley que persiguen ese objetivo.

31/08/2020

Carga apícola: Definiciones, regulaciones y reglamentos.

González Ulibarry, Paco; Torres Muñoz, Rafael Rodrigo; Loiseau, Virginie Solange Marie

En países de la Unión Europea (UE), Estados Unidos de América (EE.UU) y Canadá, las abejas son consideradas ganado. En esa medida, los conceptos y terminología que son utilizados en su estudio y operación les son propios. Uno de ellos, ampliamente utilizado es el de “capacidad de carga”, definida como la “cantidad de colmenas posibles de establecer en una zona determinada, que, dependiendo de un adecuado manejo, permita a las abejas lograr buena producción en condiciones de bienestar para las colmenas”. En el ámbito internacional, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) de Perú define la “capacidad de carga” como “la disponibilidad melífera que posee una zona”y la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de Murcia la denomina “carga ganadera apícola” o “carga apícola” y la define como el “número de colmenas que puede albergar cada monte, de manera que se garantice un aprovechamiento racional y sostenible”. Entre las medidas y programas de apoyo al desarrollo de la apicultura,en la experiencia internacional, el Programa Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España,junto con una serie de instrumentos de apoyo a la apicultura, establece un programa de apoyo para la “Investigación destinada a conocer y optimizar el equilibrio ambiental de la carga ganadera apícola y su convivencia con polinizadores silvestres”. Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía y Murcia regula los aprovechamientos apícolas en los montes.

31/08/2020

Covid-19 y anticoncepción: Regulación y acceso.

Lampert Grassi, María Pilar

Según datos de la ONU, la pandemia de coronavirus puede tener un impacto catastrófico en la vida de millones de mujeres, debido a que el número de mujeres que no pueden acceder a planificación familiar y que se enfrentan a embarazos no planeados aumenta gravemente con los meses de cuarentena, así como también la violencia de género. Por esta razón, la UNFPA pide a los países redoblar los esfuerzos para facilitar el acceso a los servicios y la continuidad de uso de la anticoncepción y anticoncepción de emergencia (especialmente en los casos de violencia sexual), así como también dar acceso a la prevención y al tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH. Nuestro país no ha estado ajeno a estos efectos secundarios del confinamiento. Según datos de la Corporación Miles, en la encuesta realizada sobre salud sexual y reproductiva, el 74% de las mujeres ha tenido problemas para acceder a métodos anticonceptivos durante la pandemia, ya sea por falta de stock, aumento de precio o porque el servicio de salud no estaba entregando el medicamento. Mientras el COLMED, da cuenta de demoras en la atención y falta de stock de anticonceptivos en la atención primaria. En Chile la anticoncepción está regulada principalmente por las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile (primera versión del 2006, actualizada el 2018) y por la ley N° 20.418 que Fija Normas Sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad (2010). Se suman al marco normativo, el marco programático dependiente de la Subsecretaría de salud pública, donde se encuentra el Programa de Salud de la Mujer, sumado a la Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva (2018), el Programa Salud de la Mujer (1997) y la Norma General Técnica para la atención de víctimas de violencia sexual. Además, debe considerarse el Programa Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, bajo el cual se ha desarrollado la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Si bien los datos encontrados por la corporación Miles durante la pandemia son preocupantes, ya para el año 2016 el Barómetro Latinoamericano Sobre el Acceso de las Mujeres a los Anticonceptivos Modernos, daba cuenta de que si bien Chile disponía de un dispositivo legal y una política pública de avanzada en relación al acceso a métodos anticonceptivos, en la práctica hay deficiencias en la atención, que constituyen barreras de acceso a estos, vulnerando así los derechos de parte importante de las mujeres. Todo apunta a que las falencias en atención en salud sexual y reproductiva durante la pandemia se han agravado por la falta de un protocolo de atención en salud sexual y reproductiva que establezca directrices comunes, con participación de los actores y la asignación de un presupuesto independiente.

31/08/2020

Procedimiento de aprobación de Planes Reguladores Intercomunales: Revisión de las modificaciones vigentes.

De La Paz Mellado, Verónica Cristina

Se revisa el proceso de aprobación de los planes reguladores intercomunales o metropolitanos. Estos regulan el desarrollo físico de áreas urbanas y rurales de diversas comunas, que se integran como una unidad urbana. La denominación intercomunal o metropolitana está dada por la cantidad de población en el territorio regulado. En los casos en que sea superior a 500.000 habitantes corresponderá a uno metropolitano, bajo esa cifra será intercomunal. Al año 2013, fecha de inicio de tramitación del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, el proceso de aprobación contemplaba su elaboración por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de dicha región. Si bien el contenido final del plan no ha cambiado, en ese momento la participación correspondía a los municipios y otros órganos del Estado y se efectuaba una vez elaborado el plan regulador.