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Usted buscó: violencia digital , Roberts Molina, Raimundo
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Interoperabilidad: resultados a consulta a expertos.
Este informe contiene los resultados de la consulta a expertas y expertos de la Sub-Mesa de “Interoperabilidad e Identidad Digital” del Senado (parte del trabajo de la mesa de Ciberseguridad y de la Estrategia Nacional de Transformación Digital “Chile digital 2035”). Los principales resultados de las respuestas (9 de un total de 15 participantes) muestran que para más del 66% la instalación de un sistema de Interoperabilidad público debe buscar los objetivos de “empoderar a la sociedad, modernizar el Estado, hacerlo más eficiente; simplificar la respuesta del Estado a la población y responder a los requerimientos de la sociedad”.Sobre “¿Cómo imagina un escenario institucional y legal para la instalación de una red pública interoperable?” y sobre qué entidad, existente o imaginable, debería ser responsable de promover y fiscalizar su instalación, la mayor parte de las respuestas se inclinan por la creación de una entidad dedicada especialmente, creada por ley, con poderes suficientes para crear, promover y supervisar medidas dirigidas a establecer un sistema de interoperabilidad. Igualmente, destaca entre las respuestas la necesidad que esta entidad cuente con una visión centrada en los ciudadanos, con altos niveles de transparencia y que esté ubicada en los niveles más altos de la toma de decisiones públicas.
Sobre la restricción de contenidos musicales asociados a mensajes de incitación a la violencia: Experiencia de México y Jamaica.
La prohibición de actividades y espectáculos que promuevan conductas ilícitas mediante canciones está regulado explícitamente al menos en dos países: México y Jamaica, utilizando modelos regulatorios diferentes. En el caso mexicano, son regulaciones estatales y municipales (México es un estado federal) que sancionan actos o reproducciones musicales que, principalmente, califiquen como “apología del delito”. En el caso de Jamaica, la autoridad técnica jamaiquina encargada de la regulación nacional de la radio, televisión y televisión por cable establece una prohibición a obras audiovisuales que, por su sola reproducción em medios regulados, den la apariencia de ser socialmente aceptables. En segundo lugar, una revisión de investigaciones sobre violencia y su reproducción en medios de comunicación muestra que existe consenso sobre efectos negativos de la difusión de violencia en medios de comunicación, principalmente en menores de edad, y que ésta influye en comportamientos violentos, así como en efectos imitatorios de la violencia.
Regulación extranjera sobre representante legal de plataformas en línea Alemania, Australia, Reino Unido, Unión Europea, Brasil.
Esta minuta contiene legislación extranjera sobre la obligatoriedad de establecer representantes legales (u otras figuras similares) a plataformas digitales no residentes en el país, con poderes que garanticen una comunicación diligente entre autoridades, usuarios y empresa digital, dando cumplimiento al régimen normativo e institucional del país de destino. Al cierre de este informe se constató la existencia de este tipo de regulación en 44 países (incluyendo la Unión Europea), en una revisión no exhaustiva. De ellos, se describen las soluciones normativas adoptadas por Alemania, Unión Europea, Australia, el Reino Unido y Brasil, países y bloque que han sido referentes en la regulación de plataformas respetando los derechos humanos. Se resumen conceptos de contexto sobre economía digital y modelos de negocio de plataformas digitales sobre uso datos de usuarios, publicidad segmentada, mínima infraestructura física en países de destino, entre otros, y las principales tensiones con las regulación tradicional, internacional y local, en materias como tributación, cooperación judicial y regulación de contenido. Finalmente se sintetiza un catastro internacional de una veintena de países (incluyendo a India, Turquía, Rusia, Corea del Sur, México y Japón) que han implementado figuras obligatorias de representación o enlace operativo. La revisión muestra una tendencia regulatoria global destinada a superar los vacíos de deslocalización, garantizar canales expeditos de notificación judicial y administrativa, y equiparar las obligaciones de las plataformas digitales transfronterizas con las exigidas a los actores económicos tradicionales.
Modelo uruguayo de transformación digital e interoperabilidad.
El modelo uruguayo de gobierno digital, uno de los más avanzados del mundo según Naciones Unidas, basa su desarrollo en la generación y cumplimiento de una serie de planes y programas de modernización del Estado, más el fortalecimiento (como entidad ejecutiva) de la “Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento”, AGESIC. En particular sobre la implementación de servicios de interoperabilidad, la AGESIC desarrolló la “Plataforma de Interoperabilidad”, dentro de la Plataforma de Gobierno Electrónico (PGE) de AGESIC. Aunque está principalmente orientada a la modernización del Estado y al intercambio de información entre entidades públicas (incluyendo infraestructura y servicios para ellos, así como capacitación y desarrollo de protocolos), en 2019 se le encarga desarrollar servicios de interoperabilidad para empresas (nuevas empresas de sociedad por acciones) en que éstas se vinculen con servicios de recaudación tributaria y previsional.
Conectividad efectiva: resultados a consulta a expertos.
Se presentan los resultados de la consulta a expertas y expertos de la Mesa de “Conectividad efectiva” del Senado, parte del trabajo de la Estrategia Nacional de Transformación Digital “Chile digital 2035”. Se recibieron 19 respuestas a 13 preguntas sobre cómo eliminar las barreras de conectividad existentes en el país. Quienes respondieron forman parte de un grupo de especialistas de la citada mesa, representantes de la academia, la entidades públicas, sociedad civil y empresas. Las preguntas se agruparon en 3 tipos de brechas de conectividad: zonas rurales, zonas extremas y zonas urbanas sin cobertura. En cada una se consultó sobre soluciones tecnológicas, regulatorias y de posibles subsidios a la oferta y la demanda. Los resultados muestran que la mayoría de los participantes consideran que, para las zonas rurales y extremas, tendría sentido establecer un subsidio a la demanda, asociado a condicionantes que dirijan el instrumento a la población de menores recursos. Menos aceptación tuvo la consulta sobre un subsidio a la oferta. En el caso de las zonas urbanas sin cobertura (que consideró áreas de poca seguridad, zonas patrimoniales y lugares de muy bajos recursos), ambos tipos de subsidio tuvieron menos aceptación, pero destacó la necesidad de generar lazos con la comunidad y aumentar la seguridad para las empresas. Sobre las soluciones tecnológicas y no regulatorias más adecuadas para cerrar brechas en zonas rurales, extremas y urbanas, se propusieron varios tipos de tecnologías existentes, las cuales deberían ser evaluadas según las características del territorio, mientras que destacó la necesidad de promover el desarrollo de habilidades digitales y la participación de actores locales en las soluciones.
Coincidencias entre proyectos de ley sobre ultimas voluntades digitales y protección de datos personales.
Existen coincidencias temáticas entre los dos proyectos de ley analizados, esto es, ambos proponen la modificación de la actual Ley 19.628 “sobre protección de la vida privada”. El proyecto de ley que “modifica la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, para regular la expresión y ejecución de la voluntad respecto de las cuentas digitales activas y su contenido, tras el fallecimiento del titular” (boletín N° 12231-19), es acotado a una materia concreta, la incorporación en la legislación del concepto de “últimas voluntades digitales” de una persona, y un proceso para el cierre de cuentas y otros registros que den cuenta de la identidad digital generada por estos espacios virtuales. Este proyecto de ley está en su primer trámite legislativo y no ha sido visto en mociones desde su ingreso en 2018.
Sobre portabilidad numérica en Chile.
En Chile, la portabilidad numérica se implementó entre 2011 y 2016, permitiendo que los usuarios puedan cambiarse de compañía o incluso de tecnología (telefonía móvil, fija o sobre Internet) de forma automatizada y sin perder su número. Actualmente hay cerca de 28.3 millones de líneas telefónicas en el país. De ellas, las líneas fijas son poco más de 2,8 millones (un 10% del total), las que se dividen en: 1,56 millones residenciales (un 5%) y 1,2 millones, comerciales. Las líneas celulares o móviles son 25.5 millones. De ellas, 13 millones son post pago y 12,4 millones son prepago. En este marco, desde 2011 se han realizado casi 21 millones de migraciones (cambios entre compañías). Casi 20 millones entre compañías de celulares y casi un millón entre compañías de telefonía fija o sobre Internet. Sólo cincuenta mil (cerca del 0,2%) de las migraciones han sido entre tecnologías VoIP, Móvil o Fijo. El art. 26 del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones establece que para los servicios que se venden “paquetizados”, se debe permitir el darse de baja de cada servicio “dentro del plazo de 1 día hábil a contar del requerimiento” y que “los proveedores de servicios de telecomunicaciones no podrán realizar acciones que dificulten el término del contrato”. Medios de prensa informaron en enero de 2020 que la nueva licitación incorporaría, en el formulario de migración de los usuarios, el término de servicios paquetizados. Sin embargo, no ha sido posible dilucidar lo anterior en las bases publicadas por Subtel, y la nueva licitación entrará en vigencia en octubre de 2020. Por tanto, hasta el momento la información oficial es que quien migre desde un plan comercial asociado a otros servicios puede hacerlo, pero concurriendo por su cuenta al cierre o modificación de éstos. La regulación sobre los servicios (cable, internet y telefonía) ha sido objeto de revisión durante los últimos meses.
Restricciones a la emisión de contenidos en televisión abierta: Experiencia comparada de Australia, España (Cataluña), Francia y Reino Unido.
La imitación de conductas o actos observados o relatados en televisión, en especial en secciones de noticias, está ampliamente documentada, particularmente, en casos como el suicidio, aunque también en el marco de otros hechos violentos como las matanzas masivas y otros contenidos considerados dañinos para menores de 18 años, o que pueden alterar el orden público. La influencia que la televisión y los medios en general tiene, en la mayoría de los países de ingresos altos, una regulación de sus contenidos de rango legal e incluso constitucional, con una estructura que por lo general asigna a una autoridad técnica, normalmente independiente y con capacidad de fiscalización, su cumplimiento. Durante las últimas décadas, las autoridades reguladoras de medios de comunicación pública de países como Francia, Reino Unido y otros han adaptado sus alcances regulatorios integrando a nuevos sistemas de comunicación pública, tales como plataformas de Internet o de contenido audiovisual de pago. Entre las recomendaciones de las entidades regulatorias, acorde al objeto de este informe, se han encontrado recomendaciones sobre la limitación de contenidos periodísticos televisivos que describan acciones criminales o que puedan alterar el orden público, así como aquellos que promuevan la violencia, tanto en horarios protegidos como en aquellos sin restricción.
Sistemas registrales, blockchain y smart contracts: El caso de Suecia.
- Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice
- Wilkins Binder, James Alfred
- Roberts Molina, Raimundo
Varias tecnologías informáticas recientes han mostrado ser potencialmente útiles para mejorar, entre otras funciones públicas, los registros de propiedad. Entre ellas destaca un sistema que combina dos tecnologías: el encriptamiento informático (que asegurala veracidad de los datos de un archivo digital) y el uso de redes que comparten información redundante para validar, cada nodo, el traspaso de información. Esto es lo que se conoce como
5G regulation and comparative experience ATP BCN 2019
5G is the fantasy name for the fifth generation of cellular telephony, which should have an information download speed 100 times faster than today's best technologies, and should be ready for market by 2020. 5G (as defined by the International Telecommunication Union's (ITU) IMT-2020 standard) will offer a range of technology opportunities not currently achievable with 4G (from full connectivity and standalone vehicles to Internet of Things) and is expected to generate global revenues in the order of billions of US dollars within the first few years of operation. Alongside the opportunities, 5G also presents several challenges. On the social side, an increase in the digital divide between those who have access to 5G (urban and/or high purchasing power environments) and those who do not (rural and/or low resource areas), which would be expressed in more economic, social and territorial development inequality. 5G regulators (mainly ITU and the 3GPP consortium) have warned that local regulators (such as Subtel in Chile) should prepare for the implementation process, as national policies are the key to achieving maximum benefit from new technologies. The main international recommendations are focused on adequately promoting the development of new infrastructure, harmonizing the radio spectrum, strengthening the points of access to citizens and ensuring environments that encourage the development of new services. To this end, they propose the generation of roadmaps that contemplate the restructuring of telephone concessions, experimentation and the installation of infrastructures. Countries with a roadmap include the European Union, South Korea, the United States, Chile and others.