Asesorías Parlamentarias
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Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Usted buscó: violencia digital , Rojas Castillo, Jaime Luis
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Violencia de género en el ámbito laboral: Normativa internacional y nacional.
La legislación nacional paulatinamente ha incorporado disposiciones destinadas a regular las conductas susceptibles de afectar la dignidad de las trabajadoras y trabajadores. Aunque estas normas no están dirigidas exclusivamente a tratar las violencias que experimentan mayormente las mujeres en razón de su género, se entiende que estas las protegen especialmente y encuentran su fundamento en disposiciones constitucionales y en las obligaciones internacionales del Estado. Los derechos de las mujeres son reconocidos principalmente por dos tratados específicos: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW (Naciones Unidas); y la Convención de Belem do Para (Organización de los Estados Americanos). Complementan estos instrumentos, el Convenio N° 190 de la OIT que define la violencia y el acoso, y el acoso y violencia por razón de género. El Código del trabajo, tras diversas modificaciones, incluyendo la Ley N° 21.643 (o Ley Karin), ordena que las relaciones laborales siempre deben fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que importa adoptar medidas para promover la igualdad y erradicar la discriminación. Son contrarias a la dignidad de la persona trabajadora, entre otras, (i) el acoso sexual, (i) el acoso laboral, y (iii) la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral.
Tipificación comparada del homicidio de personas trans. Transfemicidio y travesticidio
Las personas trans construyen su identidad de género a partir de la contravención de las normas o criterios heteronormativos sobre feminidad y la masculinidad e impugnan la relación que exige coherencia entre sexo genital y género, aun cuando la identidad de género está reconocida por el Derechos Internacional de los Derechos Humanos. En documento del Ministerio Público Argentino con ONU Mujeres señala que las personas trans enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad, marginalidad y violencia sistémica, donde el transfemicidio y travesticidio constituirían la expresión más visible y final de una cadena de violencia estructural, en el marco de un sistema social, cultural, político y económico, fundado en la división binaria excluyente entre géneros. La doctrina académica, la jurisprudencia y la legislación (aunque de rango infra legal) recogen los términos transfemicidio (homicidio de una mujer trans) y travesticidio (homicidio de una persona travesti), no así el de transhomicidio (homicidio de un hombre trans). Estas figuras se construyen a partir de la lucha de los movimientos defensores de los derechos de las personas trans por visibilizar la violencia contra ellas, que sería motivada por el desafío de las normas del sistema sexo/género, la que asumiría rasgos distintivos en relación a las demás personas.
Proyectos de ley que podrían vincularse al Proyecto de ley del Boletín N° 11077-07.
El presente documento, elaborado por solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, informa cuales son las otras iniciativas legales que pudiesen abordar la misma materia que el contenido del proyecto de ley contenido en el Boletín N° 11077-07, “Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.
Receta médica electrónica: Análisis de Boletín 17355-11 y regulación en Argentina, España y Reino Unido.
El proyecto de ley que busca establecer la prescripción médica por medio de receta electrónica y sancionar su falsificación tiene como objetivo modernizar la prescripción médica y reemplazar progresivamente las recetas en papel. Además, propone sanciones más estrictas para la falsificación de recetas, tanto físicas como digitales, para garantizar el cumplimiento normativo. De la revisión de las legislaciones de Argentina, España y Reino Unido se puede concluir lo siguiente: Solo en Argentina la receta médica electrónica se erige como la modalidad exclusiva de emisión de estas, con excepciones limitadas a áreas sin internet (Decreto 98/23 y la ley 27.553 de Recetas Médicas Electrónicas). El Ministerio de Salud supervisará el sistema, que incluye el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias. La ley garantiza la protección de datos y exige que las farmacias conserven las recetas electrónicas por tres años. A diferencia de España y Reino Unido estos países permiten la coexistencia de las recetas médicas electrónica con las gráficas. En particular en España, la receta médica está regulada por una legislación específica que complementa las normativas generales sobre la materia. Este servicio digital permite a los médicos emitir y transmitir prescripciones electrónicas, que pueden ser dispensadas en cualquier farmacia del país, incluidos centros de salud y estructuras de atención primaria. La receta electrónica incluye características como plazos de validez, la posibilidad de exigir visado y la interoperabilidad entre diferentes Administraciones sanitarias. El Ministerio de Sanidad coordina y garantiza los derechos del paciente, promoviendo además la incorporación de herramientas digitales accesibles para personas con discapacidad. En el Reino Unido, la regulación de las recetas médicas está determinada por varias leyes. El sistema de salud establece directrices sobre los medicamentos prescritos y regula la prescripción electrónica, garantizando la protección de los datos del paciente y la confidencialidad en todo el proceso. Las legislaciones de los tres países revisados enfatizan en la interoperabilidad entre las distintas entidades del sistema de salud, permitiendo que las recetas electrónicas sean válidas en diferentes regiones o sistemas.
Definición de corrupción y su consagración constitucional: Análisis de derecho internacional y comparado.
La corrupción constituye una amenaza a las democracias y pone en jaque la buena gobernanza y el desarrollo de los pueblos. Su carácter transnacional obstaculiza la prevención, investigación y sanción de las acciones que se consideran corruptas. Así, los estándares internacionales en la materia -tanto a nivel universal como regional- cobran especial relevancia, comprometiendo a los Estados a adoptar medidas legislativas para prevenir, perseguir, sancionar y erradicar la corrupción. No obstante, y a pesar de la relevancia del fenómeno de la corrupción, no existe una definición consensuada con carácter vinculante de la misma, erigiéndose distintas visiones provistas por la doctrina que permiten calificar este fenómeno desde una óptica pública como privada. La doctrina confluye en general a la definición provista por Transparencia Internacional que la define como “el abuso del poder encomendado en beneficio propio”. Este informe analiza 42 constituciones que poseen regulación expresa en esta materia, a saber: Afganistán, Albania, Angola, Argelia, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Bután, Chad, Costa de Marfil, Ecuador, Egipto, Esuatini, Fiji, Filipinas, Gambia, Ghana, Irak, Kenia, Libia, Maldivas, Marruecos, México, Namibia, Nepal, Papúa Nueva Guinea, República Dominicana, Santa Lucía, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Venezuela, Zambia y Zimbabue, sobre la base de la herramienta digital “Comparador de Constituciones del Mundo” de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN).
Desaparición forzada de mujeres en democracia y medidas de reparación. Derecho internacional y legislación de Colombia y México
La desaparición forzada de personas constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos. En el pasado se utilizó de manera sistemática y generalizada por agentes del Estado y hoy, cobran relevancia los actores no estales que actúan con el apoyo, autorización o aquiescencia del Estado. Se entiende por víctima, según la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada “la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada” (art. 24.1). Para Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, las mujeres corren mayor riesgo de ser objeto de desaparición forzada, y es una forma de violencia basada en el género cuando son objeto de un ataque debido a su sexo o género. En ciertos países, las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios y las afectadas por la pobreza y las desigualdades sociales están particularmente expuestas a las desapariciones forzadas. Siendo así, el Estado debe adoptar medidas para combatir represalias, intimidación, amenazas, y el estigma social por su activismo en respuesta, así como medidas de reparación.
Marcador no binario de género en documentos oficiales de identidad: experiencia comparada
Esta minuta contiene aspectos generales y legislación comparada y administrativa sobre marcador de género no binario en los documentos de identidad, tales como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El documento analiza de forma breve, en primer lugar, qué se entiende por género no binario en el marco de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el Experto Independiente para las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En segundo lugar se analizan disposiciones legislativas y administrativas sobre la materia en Alemania, Australia, Argentina, Islandia, Nueva Zelanda y California (EE.UU).
Principales aspectos del negacionismo en Chile: Doctrina, derecho internacional y proyectos de ley.
En Chile no existe una ley que prohíba los discursos que nieguen, justifiquen, minimicen o exalten las graves violaciones a los derechos humanos, enfrenta cuestionamientos pues podría constituir una restricción a la libertad de expresión, fuera de las hipótesis aceptadas en los distintos sistemas de protección de los derechos humanos. El Tribunal Constitucional Chileno, pronunciándose sobre el requerimiento por inconstitucionalidad del artículo que incorporó la figura del negacionismo al proyecto de ley sobre incitación a la violencia (Boletín N° 11.424-1), hizo referencia a la libertad de expresión y al negacionismo.
Aspectos generales sobre el funcionamiento de los Mecanismos de Protección a periodistas: Casos de Honduras y México.
Para hacer frente a la violencia contra periodistas y comunicadores sociales, diversos países han establecido protocolos, observatorios, mesas de seguridad, y mecanismos de monitoreo, con el objeto de establecer diversos niveles de riesgo y disponer las medidas de prevención y protección correspondientes. Del estudio de los Mecanismos establecidos por Honduras y México, se concluye: Ambos países cuentan con leyes marco en materia de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que establecen un mecanismo institucional de protección. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hacen presente que los respectivos Mecanismos no estarían cumpliendo su finalidad, puesto que continúan los ataques contra periodistas, e incluso en algunos casos han recrudecido. Existe la necesidad de fortalecer los Mecanismos dotándolos de mayores recursos económicos y personal calificado. Asimismo, el CDH en sus informes sobre el EPU, hace presente la necesidad de mejorar las medidas para proteger a periodistas y asegurar la sanción a las agresiones contra estos. Respecto de México, la organización ARTICLE 19 pone en relieve el aumento de los asesinatos contra periodistas. Asimismo, critica que los lugares de refugio no se ajustan a las necesidades, y que no se garantiza el retorno seguro, aceleración de los procesos de retorno, así como la falta de profundidad en el análisis de riesgo en el retiro de la medida de refugio. Por su parte, en Honduras entre las críticas al organismo se señala que no existiría investigación y sanción a agresores, lo que haría complejo el retorno en caso de refugio. Reporteros Sin Fronteras (RSF), hace presente que existe un debilitamiento en la confianza en el Mecanismo, y la falta de personal para hacer seguimiento de casos y análisis de riesgo.
Mecanismos para proteger a periodistas en la experiencia internacional. Unión Europea, Brasil, Colombia, Honduras, México y Paraguay.
Los y las periodistas son fundamentales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades públicas. Con todo, la seguridad de los periodistas se encuentra amenazada en todo el mundo. Para hacer frente a la violencia contra periodistas y comunicadores sociales, diversos países han establecido, entre otros, protocolos, observatorios, mesas de seguridad, y mecanismos de monitoreo para establecer diversos niveles de riesgo y disponer las medidas de protección correspondientes.