Asesorías Parlamentarias

01/06/2019

Evolución del femicidio y de los demás delitos de violencia de género en Chile.

• Fernández Lores, Guillermo Javier

El Ministerio del Interior proporciona datos específicos sobre violencia de género en contra de mujeres, distinguiendo dicha información de otro tipo de víctimas, a saber: adultos mayores;niños y niñas; y hombres.A nivel de tasas de comisión, entre 2005 y 2018 a nivel nacional se registra un promedio anual de 589,4 casos cada 100 mil habitantes.A nivel regional, solo las regiones de Coquimbo y Metropolitana de Santiago se encuentran bajola media; siendo las regiones del norte y del sur del país las que poseen las mayores tasas de delitos de violencia intrafamiliar contra mujeres (se exceptúa la región de Magallanes).Respecto a su evolución en el tiempo, desde el año 2005, este tipo de violencia presentó un sostenido aumento. Sin embargo, dicho año (en que se registranmás de 150 mil casos,de los cuales 123.820 correspondieron a violencia contra mujeres),marca un punto de inflexión en este tipo de denuncias, las cuales evolucionan a la baja, llegando a 86.445 casosel año pasado.El descenso en las cifras también es experimentado a nivel comunal: solo 15 de las 102 comunas incorporadas al presente estudio,presentan un alza en la comisión de este delito. Respecto al femicidio, desde que se crea esta figura penal a fines del 2010,se han producido, en promedio, 88,9 femicidios anualmente, lo que suma 711 casos en los últimos 8 años.

El Ministerio del Interior proporciona datos específicos sobre violencia de género en contra de mujeres, distinguiendo dicha información de otro tipo de víctimas, a saber: adultos mayores;niños y niñas; y hombres.A nivel de tasas de comisión, entre 2005 y 2018 a nivel nacional se registra un promedio anual de 589,4 casos cada 100 mil habitantes.A nivel regional, solo las regiones de Coquimbo y Metropolitana de Santiago se encuentran bajola media; siendo las regiones del norte y del sur del país las que poseen las mayores tasas de delitos de violencia intrafamiliar contra mujeres (se exceptúa la región de Magallanes).Respecto a su evolución en el tiempo, desde el año 2005, este tipo de violencia presentó un sostenido aumento. Sin embargo, dicho año (en que se registranmás de 150 mil casos,de los cuales 123.820 correspondieron a violencia contra mujeres),marca un punto de inflexión en este tipo de denuncias, las cuales evolucionan a la baja, llegando a 86.445 casosel año pasado.El descenso en las cifras también es experimentado a nivel comunal: solo 15 de las 102 comunas incorporadas al presente estudio,presentan un alza en la comisión de este delito. Respecto al femicidio, desde que se crea esta figura penal a fines del 2010,se han producido, en promedio, 88,9 femicidios anualmente, lo que suma 711 casos en los últimos 8 años.

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Violencia de Género

Femicidio

Maltrato a la Mujer

Derechos Humanos

Género

13/09/2023

La violencia como práctica antidemocrática en los procesos electorales en América Latina y el Caribe.

• Amar Díaz, Mauricio Guillermo

La violencia política en América Latina y el Caribe abarca acciones destructivas para obtener poder y suprimir la oposición, practicada por diversos actores, desde agentes estatales hasta medios de comunicación. Incluye violencia política de género, obstaculizando la participación plena de mujeres y diversidades en la política. Aunque existen leyes contra ello, sigue siendo un problema destacado en la región. En nuestra región se ha vuelto necesario analizar y discutir el fenómeno de la violencia política, especialmente aquella dirigida contra los candidatos electorales. En un mundo cada vez más polarizado, donde la democracia y los derechos civiles a menudo son puestos a prueba, este tema es de suma importancia, pues atañe a la esencia misma de nuestras instituciones democráticas. El análisis de este fenómeno no puede ser unidimensional, ya que la violencia política está enraizada en una multitud de factores interconectados. Entre las variables claves a considerar se incluyen, pero no se limitan a, la corrupción, la desigualdad social, la inestabilidad política, y la influencia de grupos de poder ilegítimos.

La violencia política en América Latina y el Caribe abarca acciones destructivas para obtener poder y suprimir la oposición, practicada por diversos actores, desde agentes estatales hasta medios de comunicación. Incluye violencia política de género, obstaculizando la participación plena de mujeres y diversidades en la política. Aunque existen leyes contra ello, sigue siendo un problema destacado en la región. En nuestra región se ha vuelto necesario analizar y discutir el fenómeno de la violencia política, especialmente aquella dirigida contra los candidatos electorales. En un mundo cada vez más polarizado, donde la democracia y los derechos civiles a menudo son puestos a prueba, este tema es de suma importancia, pues atañe a la esencia misma de nuestras instituciones democráticas. El análisis de este fenómeno no puede ser unidimensional, ya que la violencia política está enraizada en una multitud de factores interconectados. Entre las variables claves a considerar se incluyen, pero no se limitan a, la corrupción, la desigualdad social, la inestabilidad política, y la influencia de grupos de poder ilegítimos.

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Organizaciones Criminales

Corrupción

Elecciones

América Latina

Procesos Electorales

Igualdad de Género

Violencia Política

05/05/2026

Antecedentes sobre los hechos de violencia ocurridos en la denominada Macrozona Sur.

• Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa

El análisis aborda la situación de violencia registrada en la Macrozona Sur de Chile —integrada por las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos— entre 2022 y marzo de 2026, en un contexto marcado por la persistencia de hechos de criminalidad rural y conflictividad territorial. Entre las principales manifestaciones de violencia se identifican atentados incendiarios, ataques armados, robo de madera, robos con intimidación y usurpaciones, fenómenos que han generado impactos significativos en la seguridad pública, la actividad productiva y la estabilidad social de la zona. Frente a este escenario, el Estado chileno ha sostenido una estrategia de intervención extraordinaria basada en la aplicación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en sectores específicos de las regiones del Biobío y La Araucanía. Esta medida, implementada inicialmente durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y posteriormente prorrogada por las administraciones siguientes, ha permitido mantener el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a las labores de control y resguardo del orden público, reflejando la continuidad de una política de seguridad orientada a contener la violencia en la zona.

El análisis aborda la situación de violencia registrada en la Macrozona Sur de Chile —integrada por las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos— entre 2022 y marzo de 2026, en un contexto marcado por la persistencia de hechos de criminalidad rural y conflictividad territorial. Entre las principales manifestaciones de violencia se identifican atentados incendiarios, ataques armados, robo de madera, robos con intimidación y usurpaciones, fenómenos que han generado impactos significativos en la seguridad pública, la actividad productiva y la estabilidad social de la zona. Frente a este escenario, el Estado chileno ha sostenido una estrategia de intervención extraordinaria basada en la aplicación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en sectores específicos de las regiones del Biobío y La Araucanía. Esta medida, implementada inicialmente durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y posteriormente prorrogada por las administraciones siguientes, ha permitido mantener el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a las labores de control y resguardo del orden público, reflejando la continuidad de una política de seguridad orientada a contener la violencia en la zona.

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Orden público

Conflictos Territoriales Sur de Chile

Seguridad Pública Región del Biobío

Violencia Rural Chile

Estado de Excepción Constitucional

01/07/2020

Uso de medios telemáticos para cumplir orden de alejamiento

• Fernández Lores, Guillermo Javier
• Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice

En materia violencia de género, uno de los derechos de las víctimas es a ser protegida de su agresor por medio de una institucionalidad especial. Desde el punto de vista del procedimiento penal, esto se persigue a través de medidas preventivas, tales como las órdenes de alejamiento del presunto agresor respecto de la víctima. Las legislaciones de las que da cuenta este informe cuentan con normas específicas para casos de violencia de género y/o violencia doméstica, contemplando la posibilidad de que el juez decrete dicho alejamiento como medida cautelar o preventiva (especialmente frente a la concesión del beneficio de la libertad bajo fianza). Asimismo, se establece que dicha orden de alejamiento pueda ser controlada mediante algún mecanismo de monitoreo telemático. Esta medida de prohibición de acercamiento a la víctima también se contempla como sanción accesoria a sanciones no privativas de libertad y/o como condición del otorgamiento de la libertad condicional o provisional. La imposición de este tipo de instrumentos debe fundarse en que contribuirá significativamente a la seguridad de la víctima, ante un eventual incumplimiento del acusado de la orden de alejamiento. En caso de decretarse la medida, la prohibición se materializa mediante el establecimiento de zonas de exclusión geográfica, las que incluyen áreas alrededor de la residencia de la víctima y espacios tales como el lugar de trabajo, y la escuela de sus hijos, entre otros. Para ello, el Tribunal ordena al acusado usar un dispositivo de localización y si ingresa a una zona de exclusión, los datos de ubicación del acusado se transmitirán inmediatamente a la víctima y a la policía, y se revocará su libertad condicional. El mecanismo de seguimiento remoto debe siempre contar con el consentimiento del acusado. Portugal incluye como requisito que las personas que viven con éste otorguen también su consentimiento. También resulta relevante que para el caso de Estados Unidos, la normativa de los estados estudiados establece que el sistema debe ser costeado por el presunto agresor y que, en caso de no contar con recursos para ello, puede liberarse de dicho costo a través de la prestación de servicios comunitarios.

En materia violencia de género, uno de los derechos de las víctimas es a ser protegida de su agresor por medio de una institucionalidad especial. Desde el punto de vista del procedimiento penal, esto se persigue a través de medidas preventivas, tales como las órdenes de alejamiento del presunto agresor respecto de la víctima. Las legislaciones de las que da cuenta este informe cuentan con normas específicas para casos de violencia de género y/o violencia doméstica, contemplando la posibilidad de que el juez decrete dicho alejamiento como medida cautelar o preventiva (especialmente frente a la concesión del beneficio de la libertad bajo fianza). Asimismo, se establece que dicha orden de alejamiento pueda ser controlada mediante algún mecanismo de monitoreo telemático. Esta medida de prohibición de acercamiento a la víctima también se contempla como sanción accesoria a sanciones no privativas de libertad y/o como condición del otorgamiento de la libertad condicional o provisional. La imposición de este tipo de instrumentos debe fundarse en que contribuirá significativamente a la seguridad de la víctima, ante un eventual incumplimiento del acusado de la orden de alejamiento. En caso de decretarse la medida, la prohibición se materializa mediante el establecimiento de zonas de exclusión geográfica, las que incluyen áreas alrededor de la residencia de la víctima y espacios tales como el lugar de trabajo, y la escuela de sus hijos, entre otros. Para ello, el Tribunal ordena al acusado usar un dispositivo de localización y si ingresa a una zona de exclusión, los datos de ubicación del acusado se transmitirán inmediatamente a la víctima y a la policía, y se revocará su libertad condicional. El mecanismo de seguimiento remoto debe siempre contar con el consentimiento del acusado. Portugal incluye como requisito que las personas que viven con éste otorguen también su consentimiento. También resulta relevante que para el caso de Estados Unidos, la normativa de los estados estudiados establece que el sistema debe ser costeado por el presunto agresor y que, en caso de no contar con recursos para ello, puede liberarse de dicho costo a través de la prestación de servicios comunitarios.

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Control Telemático

Violencia de Género

Derechos de las Víctimas

Igualdad de Género

Género

14/07/2025

Instalación de pórticos detectores de metales en establecimientos educacionales: Ventajas y desventajas. Evaluación empírica en Estados Unidos de Norteamérica.

• Fernández Lores, Guillermo Javier
• Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa

El ingreso de armas a las escuelas ha llevado a la necesidad de analizar distintas iniciativas para frenar la violencia escolar, tales como la instalación de detectores de metales. Estos elementos se remontan a la década de 1980 en los Estados Unidos, época en la cual las ciudades más grandes como Los Ángeles o Chicago habían implementado su uso, con el fin de combatir las armas y el tráfico de drogas al interior de los colegios. Actualmente, aparte de evaluar el uso de los tradicionales detectores de metales, se evalúa la implementación de Inteligencia Artificial para prevenir hechos de violencia en el espacio educacional. Respecto al funcionamiento de los detectores de metales, básicamente existen 2 tipos: los portátiles o de uso manual; y los de arco o “de paso”. Si bien el costo de los pórticos es mayor a la inversión que debe hacerse para la adquisición de los equipos manuales, en ambos casos existe un costo asociado que corresponde a los operadores del sistema. Algunos autores sostienen que la implementación de detectores de metales tiene un fuerte efecto disuasorio; otros, en cambio creen que con dicha medida se envía un mensaje equivocado en materia de seguridad. Quienes ven aspectos positivos relevan que constituye, por una parte, una medida eficaz de control y, por otra, una medida disuasiva: La mera presencia de las máquinas podría ser suficiente para prevenir la violencia, siendo una medida meramente intrusiva. Por su parte, los detractores de esta medida señalan que es intrusiva, que provoca estigmatización (no se disponen en todos los sectores de la población) y acarrean una falsa sensación de seguridad ya que las armas pueden introducirse por cualquier parte del establecimiento, que no cuente con detectores; por lo tanto su eficacia sería solo simbólica.

El ingreso de armas a las escuelas ha llevado a la necesidad de analizar distintas iniciativas para frenar la violencia escolar, tales como la instalación de detectores de metales. Estos elementos se remontan a la década de 1980 en los Estados Unidos, época en la cual las ciudades más grandes como Los Ángeles o Chicago habían implementado su uso, con el fin de combatir las armas y el tráfico de drogas al interior de los colegios. Actualmente, aparte de evaluar el uso de los tradicionales detectores de metales, se evalúa la implementación de Inteligencia Artificial para prevenir hechos de violencia en el espacio educacional. Respecto al funcionamiento de los detectores de metales, básicamente existen 2 tipos: los portátiles o de uso manual; y los de arco o “de paso”. Si bien el costo de los pórticos es mayor a la inversión que debe hacerse para la adquisición de los equipos manuales, en ambos casos existe un costo asociado que corresponde a los operadores del sistema. Algunos autores sostienen que la implementación de detectores de metales tiene un fuerte efecto disuasorio; otros, en cambio creen que con dicha medida se envía un mensaje equivocado en materia de seguridad. Quienes ven aspectos positivos relevan que constituye, por una parte, una medida eficaz de control y, por otra, una medida disuasiva: La mera presencia de las máquinas podría ser suficiente para prevenir la violencia, siendo una medida meramente intrusiva. Por su parte, los detractores de esta medida señalan que es intrusiva, que provoca estigmatización (no se disponen en todos los sectores de la población) y acarrean una falsa sensación de seguridad ya que las armas pueden introducirse por cualquier parte del establecimiento, que no cuente con detectores; por lo tanto su eficacia sería solo simbólica.

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Detectores de Metales

Prevención de Delitos

Violencia Escolar

Establecimientos Educacionales

Seguridad en los Colegios

15/06/2026

Control telemático de medidas cautelares y penas de alejamiento: España e Italia.

• Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa

El uso del monitoreo electrónico se ha implementado en distintas jurisdicciones, como España e Italia, como una manera de controlar a los infractores, principalmente en los casos de libertad condicional y penas sustitutivas, entre otros. Además, ha cobrado relevancia en materia de violencia de género. Las legislaciones de las que da cuenta este documento cuentan con normas específicas, tanto para los ámbitos penitenciario, como de protección de víctimas de violencia de género y acoso. Esta medida puede ser decretada por un tribunal o un juez, requiriendo que el mecanismo de vigilancia electrónica deba contar con el consentimiento del acusado. En el caso de la vigilancia remota en el ámbito de la violencia de género/doméstica y acoso, tanto el acusado como la víctima cuentan con dispositivos con monitoreo en tiempo real y alertas automáticas.

El uso del monitoreo electrónico se ha implementado en distintas jurisdicciones, como España e Italia, como una manera de controlar a los infractores, principalmente en los casos de libertad condicional y penas sustitutivas, entre otros. Además, ha cobrado relevancia en materia de violencia de género. Las legislaciones de las que da cuenta este documento cuentan con normas específicas, tanto para los ámbitos penitenciario, como de protección de víctimas de violencia de género y acoso. Esta medida puede ser decretada por un tribunal o un juez, requiriendo que el mecanismo de vigilancia electrónica deba contar con el consentimiento del acusado. En el caso de la vigilancia remota en el ámbito de la violencia de género/doméstica y acoso, tanto el acusado como la víctima cuentan con dispositivos con monitoreo en tiempo real y alertas automáticas.

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Medidas Cautelares

Tecnologías de Geolocalización

Monitoreo de Personas

Vigilancia Telemática

17/12/2019

Uso de medios telemáticos como medida de vigilancia de la orden de alejamiento de víctimas de violencia de género: Los casos de Chile y España.

• Fernández Lores, Guillermo Javier

El presente informe se enfoca en el análisis de la normativa española en materia de control de penados vía monitoreo electrónico, especialmente en lo referido a la utilización de dicho sistema como medida de protección de víctimas de violencia de género. Junto a ello -a manera de antecedente- se describe la normativa chilena sobre cumplimiento de penas sustitutivas a la privación de libertad, la cual sufre importantes cambios en 2013, incorporando precisamente el monitoreo telemático como medida de control.

El presente informe se enfoca en el análisis de la normativa española en materia de control de penados vía monitoreo electrónico, especialmente en lo referido a la utilización de dicho sistema como medida de protección de víctimas de violencia de género. Junto a ello -a manera de antecedente- se describe la normativa chilena sobre cumplimiento de penas sustitutivas a la privación de libertad, la cual sufre importantes cambios en 2013, incorporando precisamente el monitoreo telemático como medida de control.

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Violencia Intrafamiliar

Análisis Comparado

Violencia Doméstica

Vigilancia Electrónica

Telecomunicaciones

20/09/2017

Estadísticas de denuncias y aprehensiones por casos de Violencia Intrafamiliar (VIF): Comunas seleccionadas.

• Fernández Lores, Guillermo Javier

El presente documento da cuenta de la evolución de los delitos de Violencia Intrafamiliar para una serie de comunas de la Región Metropolitana de Santiago, comparando dichas cifras con los promedios nacional y regional. Por ello, la estadística utilizada es la tasa de casos policiales por cada 100.000 habitantes, la cual es informada trimestralmente por el Ministerio del interior y Seguridad Pública.

El presente documento da cuenta de la evolución de los delitos de Violencia Intrafamiliar para una serie de comunas de la Región Metropolitana de Santiago, comparando dichas cifras con los promedios nacional y regional. Por ello, la estadística utilizada es la tasa de casos policiales por cada 100.000 habitantes, la cual es informada trimestralmente por el Ministerio del interior y Seguridad Pública.

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Maltrato Físico

Maltrato Sicológico

Violencia Intrafamiliar

Violencia Doméstica

12/03/2025

Normativa sobre robo de teléfonos móviles. Experiencia internacional.

• Jarufe Bader, Juan Pablo

regulación internacional en materia de robo de teléfonos móviles, considerando la penalidad asociada a este delito y los procedimientos existentes para la protección de datos de los usuarios. En Alemania, la Sección 249 del Código Penal sanciona con pena de cárcel superior a un año a quienes sustraigan con violencia o amenaza contra una persona, poniendo en peligro su integridad física, alguna cosa ajena mueble, como un teléfono celular, con el afán de apropiársela para sí o para un tercero. En el mismo sentido, el artículo 164 del Código Penal argentino castiga con reclusión de entre un mes y seis años a quien se apodere de manera ilegítima de una cosa mueble, “total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas”. Un enfoque similar se aprecia en el paradigma español, donde el artículo 234 del Código Penal castiga con entre seis y 18 meses a quienes, con ánimo de lucro, tomaren las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, tratándose de objetos cuyo valor supere los 400 Euros.

regulación internacional en materia de robo de teléfonos móviles, considerando la penalidad asociada a este delito y los procedimientos existentes para la protección de datos de los usuarios. En Alemania, la Sección 249 del Código Penal sanciona con pena de cárcel superior a un año a quienes sustraigan con violencia o amenaza contra una persona, poniendo en peligro su integridad física, alguna cosa ajena mueble, como un teléfono celular, con el afán de apropiársela para sí o para un tercero. En el mismo sentido, el artículo 164 del Código Penal argentino castiga con reclusión de entre un mes y seis años a quien se apodere de manera ilegítima de una cosa mueble, “total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas”. Un enfoque similar se aprecia en el paradigma español, donde el artículo 234 del Código Penal castiga con entre seis y 18 meses a quienes, con ánimo de lucro, tomaren las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, tratándose de objetos cuyo valor supere los 400 Euros.

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Protección de Datos Personales

Datos Personales

Legislación Comparada

Telefonía Móvil

Celulares

Robo con Violencia

14/09/2023

Ciberataques contra la infraestructura de salud: Experiencia internacional.

• Jarufe Bader, Juan Pablo

La Organización Panamericana de Salud, ente regional de la Organización Mundial de la Salud, ha categorizado a la seguridad de la información como “uno de los ocho principios rectores de la transformación digital del sector de la salud”. A su vez, el Banco Mundial recomienda adoptar una serie de medidas para mejorar la resiliencia del sector salud ante ciberataques, entre las que menciona el liderazgo de los Ministerios de Salud y de las autoridades subnacionales, de manera que propongan legislaciones y regulaciones que promuevan prácticas de ciberseguridad en el sector, tanto respecto a los pacientes, trabajadores, proveedores y operadores de la industria; y la consonancia entre la implementación de medidas de ciberseguridad en salud y los llamados Principios de Desarrollo Digital, específicamente el diseño de usuario, el uso de estándares abiertos, el open data y open source, así como la colaboración internacional.

La Organización Panamericana de Salud, ente regional de la Organización Mundial de la Salud, ha categorizado a la seguridad de la información como “uno de los ocho principios rectores de la transformación digital del sector de la salud”. A su vez, el Banco Mundial recomienda adoptar una serie de medidas para mejorar la resiliencia del sector salud ante ciberataques, entre las que menciona el liderazgo de los Ministerios de Salud y de las autoridades subnacionales, de manera que propongan legislaciones y regulaciones que promuevan prácticas de ciberseguridad en el sector, tanto respecto a los pacientes, trabajadores, proveedores y operadores de la industria; y la consonancia entre la implementación de medidas de ciberseguridad en salud y los llamados Principios de Desarrollo Digital, específicamente el diseño de usuario, el uso de estándares abiertos, el open data y open source, así como la colaboración internacional.

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Ciberataques

Seguridad Informática

Países Europeos

Salud Pública

Infraestructura de la Salud

Hospitales