Políticas del Estado para enfrentar la brecha digital en Chile.
En términos simples, la brecha digital representa las diferencias en la capacidad de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación entre distintos grupos de población ya sea en un mismo país o en comparación a otros (Agostini & Willington, 2010). En Chile, de acuerdo a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (2020), el índice de conexiones alcanza los 16,1 por cada 100 habitantes. Y según la Fundación País Digital, al año 2017 tan sólo el 49,6% de las zonas rurales posee conectividad a la red, versus el 76,1% de las ciudades. En el último reporte de la Subtel, se indicó que el acceso a internet fijo alcanzó las 3,4 millones de suscripciones, lo que equivale a un aumento del 5,5% respecto al año anterior. En la Internet movil (3G + 4G) se reporta un aumento equivalente al 4,7%, alcanzando los 18.961.000 accesos. Si se considera un periodo más amplio, entre el 2000 y 2019, el número de conexiones totales fijas aumentaron en un 487% al pasar de 585.489 a 3.434.402, mientras que los accesos por cada 100 habitantes se incrementaron de 3,78 a 17,8 accesos, en igual periodo. En Chile, las políticas públicas de telecomunicaciones se han ejecutado durante los últimos años a través de un modelo público-privado. Particularmente, las referidas al desarrollo digital y la canalización de inversión que acorte la brecha digital y equidad en su acceso en localidades lejanas y aisladas se han ejecutado bajo un modelo que implica un Estado subsidiario. Lo anterior implica que, por ejemplo, a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones o la concesión de espectro radioelétrico, el Estado subsidie a los privados en zonas donde la demanda no es suficiente para justificar la inversión y costos incrementales asociados. Por lo tanto, bajo este modelo de desarrollo, la concesionaria de telecomunicaciones se encarga del desarrollo de infraestructura, ya sea a través de un subsidio directo o través del mecanismo de contraprestación en el centro poblado bajo condición de aislamiento, permitiendo así la conexión de servicios de voz y datos (internet), y acceso al área de cobertura nacional.