Exigencias a directores de empresas de infraestructura crítica a nivel internacional.
De acuerdo al Consejo Europeo, la infraestructura crítica puede ser concebida como “el elemento, sistema o parte de este, situado en los estados miembros, que es esencial para el mantenimiento de funciones sociales vitales, la salud, la integridad física, la seguridad, y el bienestar social y económico de la población, cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente a un estado miembro, al no poder mantener esas funciones”. Respecto al nivel de preparación de los directores de empresas esenciales australianas, el artículo 30AC de la Security of Critical Infrastructure Act, de 2018, les entrega la misión de implementar un programa de gestión de riesgos de infraestructura crítica. En Colombia, en tanto, el artículo 2.2.21.1.4.2 del Decreto 338, de 2022, dispone que las autoridades titulares de infraestructura crítica, presenten un plan de seguridad digital, protección de redes, infraestructuras críticas cibernéticas y de sistemas de información ciberespacial, para lo cual deben actualizar periódicamente sus evaluaciones de riesgo digital. Por su parte, la regulación española incluye en el artículo 13 de la Ley 8, de 2011, por la que se establecen Medidas para la Protección de las Infraestructuras Críticas, a los operadores críticos dentro del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas del país, para que coadyuven con las autoridades gubernamentales en la optimización de los mecanismos que permitan cautelar estos activos. Para esto, se les exige asesorar al Ministerio del Interior, mediante el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, en el análisis de los activos esenciales, renovando cada año la información disponible; contribuir al diseño de planes estratégicos sectoriales y a la elaboración de análisis de riesgos; y nombrar a un Responsable de Seguridad y Enlace, así como a un Delegado de Seguridad para cada una de las empresas de infraestructura. Finalmente, en Singapur, el artículo 15 de la Cybersecurity Act, de 2018, obliga al director de un activo esencial a ordenar, al menos cada dos años, una auditoría que dé cuenta del nivel de cumplimiento de las prácticas y estándares de rendimiento asociados a infraestructura crítica.