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Usted buscó: violencia digital , Regulaciones

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18/10/2022

Regulación contra la violencia infantil y nueva institucionalidad: Derecho nacional e internacional.

El derecho a la protección contra la violencia de niños, niñas y adolescentes en el derecho internacional se encuentra consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, de la cual Chile es parte desde 1990. El Comité de Derechos del Niño ha desarrollado este derecho, caracterizando las distintas formas de violencia que se pueden ejercer contra NNA y los distintos espacios en los que esta puede producirse. En su último Informe de Observaciones finales a Chile de junio del 2022, el citado Comité en lo que respecta a la protección contra la violencia de NNA recomienda especialmente proporcionar recursos para una rápida aplicación de la ley de creación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, reconocer el derecho de los niños a ser protegidos contra la violencia, en especial contra el abuso mental, físico y sexual, y adoptar medidas rápidas y eficaces para prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia contra los niños (CRC, 2022: párr.19, letra g).

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22/11/2024

Violencia de género en el ámbito laboral: Normativa internacional y nacional.

La legislación nacional paulatinamente ha incorporado disposiciones destinadas a regular las conductas susceptibles de afectar la dignidad de las trabajadoras y trabajadores. Aunque estas normas no están dirigidas exclusivamente a tratar las violencias que experimentan mayormente las mujeres en razón de su género, se entiende que estas las protegen especialmente y encuentran su fundamento en disposiciones constitucionales y en las obligaciones internacionales del Estado. Los derechos de las mujeres son reconocidos principalmente por dos tratados específicos: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW (Naciones Unidas); y la Convención de Belem do Para (Organización de los Estados Americanos). Complementan estos instrumentos, el Convenio N° 190 de la OIT que define la violencia y el acoso, y el acoso y violencia por razón de género. El Código del trabajo, tras diversas modificaciones, incluyendo la Ley N° 21.643 (o Ley Karin), ordena que las relaciones laborales siempre deben fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que importa adoptar medidas para promover la igualdad y erradicar la discriminación. Son contrarias a la dignidad de la persona trabajadora, entre otras, (i) el acoso sexual, (i) el acoso laboral, y (iii) la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral.

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04/04/2024

Sobre la restricción de contenidos musicales asociados a mensajes de incitación a la violencia: Experiencia de México y Jamaica.

La prohibición de actividades y espectáculos que promuevan conductas ilícitas mediante canciones está regulado explícitamente al menos en dos países: México y Jamaica, utilizando modelos regulatorios diferentes. En el caso mexicano, son regulaciones estatales y municipales (México es un estado federal) que sancionan actos o reproducciones musicales que, principalmente, califiquen como “apología del delito”. En el caso de Jamaica, la autoridad técnica jamaiquina encargada de la regulación nacional de la radio, televisión y televisión por cable establece una prohibición a obras audiovisuales que, por su sola reproducción em medios regulados, den la apariencia de ser socialmente aceptables. En segundo lugar, una revisión de investigaciones sobre violencia y su reproducción en medios de comunicación muestra que existe consenso sobre efectos negativos de la difusión de violencia en medios de comunicación, principalmente en menores de edad, y que ésta influye en comportamientos violentos, así como en efectos imitatorios de la violencia.

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07/06/2022

Ley de violencia en los Estadios 19327: Aspectos principales y evaluación de la norma.

El 31 de agosto de 1994 y para enfrentar los graves hechos de violencia en los espectáculos de fútbol profesional chileno, el gobierno del Presidente Eduardo Frei, publicó la Ley Nº 19.327 sobre “Normas para prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional”, luego denominada Ley de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional. El presente documento ofrece una evaluación de la ley N°19, centrado en un análisis de la norma, considerando las opiniones de entendidos en la materia.

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25/10/2023

Recomendaciones de marco regulatorio para la instalación de la Ficha Clínica Electrónica en países de América Latina: Ejemplo del Expediente Digital Único de Salud en caso de Costa Rica.

Junto al desarrollo de la tecnología informática, la historia clínica electrónica (HCE) se ha venido consolidando como una herramienta fundamental para el apoyo de los procesos de atención al paciente. Para su implementación se ha visto que es fundamental proporcionar marcos normativos habilitantes, lo que se ha revelado como una tarea especialmente compleja. Esto, entre otras razones, por la diversidad de dimensiones que compromete, el manejo de Big Data y la necesidad de conciliar la circulación fluida de datos sensibles con su protección y seguridad.

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03/08/2026

Regulación de redes sociales virtuales, experiencia comparada.

El análisis comparado de la regulación digital en Australia, Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea muestra una transición global desde la autorregulación a sistemas de corresponsabilidad legal, integrando la protección de menores en marcos más amplios sobre servicios digitales, inteligencia artificial y privacidad. Además, la protección de menores se está integrando en leyes generales de servicios digitales, datos y competencia, con el desafío de establecer deberes legales de prevención y transparencia sin vulnerar la libertad de expresión ni las garantías del Estado de Derecho.

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20/08/2021

Control de armas en Chile: principales hitos.

La tramitación de la Ley de Control de Armas, hacia 1972, se produjo en un contexto marcado por la violencia e inestabilidad social en el país. Por entonces, el artículo 22 de la Constitución Política de 1925, disponía que las Fuerzas Armadas y Carabineros tenían el monopolio del uso de las armas, disposición complementada por otros cuerpos legales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado; y el Reglamento de Fabricación y Comercio de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Productos Químicos. En la actualidad, en tanto, las principales prescripciones normativas sobre adquisición, tenencia y porte de armas de fuego están contenidas en la Constitución Política de 1980; el Código Penal; la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas; y el Reglamento Complementario de este último texto legal.

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15/07/2022

Regulación sobre prohibición de intervenciones médicas en niñez intersex: Malta, Portugal, Uruguay y Francia.

El año 2015 se aprobó en Malta la Ley de identidad de género, expresión de género y características sexuales, pionera, según las fuentes consultadas, en dar reconocimiento y protección a las “características sexuales” de las personas. Así, salvo casos excepcionales, prohíbe los tratamientos o intervenciones quirúrgicas para asignación de sexo de personas menores de edad, si ello puede diferirse hasta que puedan consentir informadamente. Por su parte, el año 2018 en Portugal aprobó la Ley sobre el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y protección de las características sexuales de cada persona, la que también, salvo situaciones de riesgo para la salud, ordenó esperar a que se revelara la identidad de género de una persona menor de edad intersex, para proceder con tratamientos e intervenciones quirúrgicas que implicaran cambios en su cuerpo y características sexuales. El mismo año 2018, se aprobó en Uruguay la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, que exigió la protocolización de las intervenciones de personas intersexuales y prohibió los procedimientos médicos innecesarios en niñas, niños y adolescentes.

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26/05/2026

Inspectores municipales: régimen jurídico. Régimen actual y el vigente desde agosto de 2026.

La regulación de los inspectores municipales en Chile, distinguiendo entre el marco legal vigente y las modificaciones que introduce la Ley No. 21.802 a partir del 12 de agosto de 2026, enfocadas en la seguridad pública. Actualmente, estos funcionarios operan bajo el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y ejercen labores generales de supervigilancia, además de actuar de forma complementaria en seguridad ciudadana. Las funciones de los inspectores se dividen en dos grandes ámbitos sectoriales: 1. Funciones de Supervigilancia; en este caso los inspectores velan por el cumplimiento de diversas leyes y ordenanzas locales. 2. Funciones de Seguridad Pública (Ley N° 21.802). A contar de agosto de 2026, entra en vigencia un estatuto especial para los inspectores municipales de seguridad municipal. Sus atribuciones se clasifican en dos tipos: i) Prevención y Convivencia: Labores preventivas que incluyen el patrullaje, la vinculación comunitaria, la televigilancia, el auxilio en emergencias viales y el control o incautación del comercio ambulante. y ii) Rol Coadyuvante: Actuaciones coordinadas con las Fuerzas de Orden y Seguridad. Esto contempla patrullajes mixtos, control de identidad policial, fiscalización de alcohol y drogas en la vía pública, y resguardo de víctimas o cautelares en casos de violencia intrafamiliar. El nuevo régimen les prohíbe explícitamente ejercer atribuciones exclusivas de las fuerzas policiales y les impone estrictos deberes de denuncia y reserva de información.

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22/03/2021

Infraestructuras Integradas de Datos: el caso de Nueva Zelanda.

El presente Informetiene por objetodescribir la legislación de Nueva Zelanda que sustenta la implementación de los sistemas de Infraestructura de Datos Integrados (IDI)y legislaciones relacionadas. El presente informe se centra tanto en aspectos normativos, procedimentales(reglamentarios) y de equilibrios institucionales para resguardar el uso correcto de los datos integrados en materia de seguridad, protección de datos personales, participación ciudadana y transparencia.

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