Durante el periodo legislativo 2022–2026, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado conoció y discutió cerca de 60 proyectos de ley, incluyendo proyectos de reforma constitucional, vinculados a diversos temas, tales como: Modernización de los sistemas político, penal, procesal y constitucional para reforzar instituciones; Combate más eficaz al crimen organizado, terrorismo, violencia digital y explotación de menores, junto con mayor protección a víctimas; Actualización de medidas como flagrancia, prisión preventiva y ocupación ilegal, incorporando nuevos derechos ciudadanos e indígenas. Además, se propone crear sistemas de inteligencia económica y modernizar regímenes civiles, seguridad y control de armas.

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Periodo Legislativo 2022–2026

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Actividad Legislativa

01/11/2021

Regulación de la violencia vicaria en España y el caso de niñas y niños como víctimas de la violencia de género: Derecho comparado.

La violencia vicaria es reconocida como un tipo de violencia de género que se ejerce sobre los hijos e hijas como instrumento para dañar a la mujer. En el derecho comparado ésta ha sido legislada a nivel nacional en España, donde el año 2021 se incorporó, como un tipo específico de violencia de género, aquélla que se ejerce sobre los familiares o allegados menores de edad de la mujer, con el objetivo de causarle perjuicio. La figura se recoge expresamente también en legislaciones autonómicas en Andalucía, Cataluña y Galicia. En esta temática, se advierte adicionalmente preocupación por los efectos que produce la violencia de género en los hijos e hijas menores de edad que la presencian, así como que ésta sea considerada para limitar u suspender el régimen de custodia o visitas respecto del padre que la ejerce en los procesos de separación o divorcio. En ambos sentidos se pronunció el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica de 2011 (Convenio de Estambul). A nivel del Parlamento Europeo, la Resolución de octubre de 2021, sobre el impacto de la violencia doméstica y del derecho de custodia en las mujeres y los niños propone asignar el estatuto de víctima de violencia de género a los niños y niñas testigos de violencia en el marco de la pareja o expareja, lo que denomina “violencia presenciada”, además de garantizar que el interés superior del niño sea la consideración primordial para determinar el régimen de custodia y visita. Finalmente, en España, Francia y Canadá existen normas que buscan dar protección a las mujeres, hijos e hijas como víctimas de la violencia de género y garantizar que, en esos casos, sea el interés superior del niño la consideración primordial para determinar los regímenes de custodia y visita, debiendo impedirlo o restringirlo respecto del progenitor que ejerce violencia doméstica o de género.

Violencia por Sustitución

28/05/2019

Violencia contra la Mujer Derecho Comparado

A diferencia de las primeras leyes de protección contra el abuso doméstico, las leyes de “segunda generación” tipifican diversas expresiones de violencia contra las mujeres y contextos, como la económica, la cometida en espacios públicos, a raíz de conflictos armados, migración y narcotráfico, entre otros. En este marco se encuentra en discusión un proyecto de ley en Chile, al igual como ha ocurrido en Argentina (2009, reformada por última vez en 2019), Brasil (2006, reformada por última vez en 2019), España (2004, ampliamente reformada en 2018), EE.UU. (reautorizada en 2013), México (2007, reformada por última vez en 2018) y Uruguay (2017). Todas ellas se encuentran complementadas por otras relacionadas, como las que tipifican el delito de femicidio (feminicidio), sobre igualdad de género u otras anteriores sobre violencia doméstica. Tanto el proyecto de ley chileno, como las normativas extranjeras (salvo EE.UU. y Brasil) definen “violencia contra las mujeres” (Chile, Argentina, México), “violencia de género” (España) o “violencia basada en género hacia las mujeres” (Uruguay). Brasil, si bien define “violencia doméstica y familiar”, su contenido excede este ámbito, por fundamentarla en el género. Además, la mayoría sub clasifican sus variadas expresiones (violencia física, psicológica, sexual e incluso simbólica y por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad de género o expresión de género) así como contextos (violencia laboral, institucional, política, indirecta, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, familiar, comunitaria). También se entregan diversas atribuciones a entes públicos especializados de la mujer (ministerios u otros), destacando el de Argentina, que cuenta con múltiples funciones, que exceden el rol coordinador y asesor de otras entidades. En Uruguay y España se han creado fiscalías especializadas y en este último unidades policiales especializadas, pero en varias legislaciones, se refuerza la necesidad de capacitar a los agentes públicos (incluso a legisladores y sus asesores, en Argentina) en el tratamiento de estos casos o de la materia. Finalmente, destaca que todas las legislaciones revisadas (salvo EE.UU.) detallan diversas medidas de protección a las que pueden acceder las víctimas de violencia, las que cada país clasifica en forma diferente, pero que se refieren a medidas cautelares según la edad de la víctima; según los tipos y modalidades de violencia; según obliguen al agresor, protejan a la víctima o afecten a los bienes; sean de emergencia o preventivas; y según su generalidad o especificidad.

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Violencia contra las Mujeres

Violencia Intrafamiliar

Femicidio

Feminicidio

Derechos de Segunda Generación

Mujeres, Género y Diversidad

29/10/2025

La era digital a rango constitucional: Estudio de las Propuestas constitucionales de Chile y Constituciones Extranjeras.

El informe analiza la incorporación de la transformación digital en normas constitucionales, tanto en Chile como en otras constituciones del mundo. Revisada estos contenidos en las Propuestas constitucionales de 2022 y 2023 de Chile y constituciones extranjeras se concluye lo siguiente: En Chile, la Propuesta de 2022 incluyó derechos como acceso universal a la conectividad digital, la protección de datos personales, la seguridad informática, la educación digital y la participación ciudadana mediante medios digitales. También se establecieron principios como neutralidad en la red y modernización del Estado. Por su parte, en la Propuesta de 2023 redujo la presencia del tema, limitándose a derechos sobre datos personales, peticiones digitales a la administración y desconexión digital en el trabajo. A nivel constitucional comparado, se identifican referencias del concepto “digital” en la Constitución de Ecuador y Egipto (ambas, con el propósito de erradicación del analfabetismo digital); Constitución de México (inclusión digital universal); Constitución de Nepal (regulación de medios de comunicación); y República Dominicana (inviolabilidad de la correspondencia, entre ellas, digital) evidenciando que la tendencia global aún es incipiente.

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Análisis Comparado en Transformación Digital

Inclusión Digital Universal

Seguridad Informática

Conectividad Digital

Transformación Digital

01/04/2020

Sobre la digitalización del Estado de Chile: Políticas en curso.

Roberts Molina, Raimundo

Con la Agenda Digital 2020 con un cerca de un 80% de avance y la presentación del Instructivo presidencial de transformación Digital del Estado por parte del presidente Piñera, en enero de 2019, el país está en proceso de consolidar una nueva etapa de desarrollo en Gobierno Digital. El gobierno digital requiere de una infraestructura que le haga accesible a la población. Aunque aún existen debilidades, tanto en infraestructura de telecomunicaciones (con áreas del país con nula o mínima conectividad digital, así como con un porcentaje de la población ajeno a Internet por razones económicas, etáreas o ambas), Chile cuenta con una penetración de aproximadamente 115 conexiones a internet por cada 100 habitantes, con el proyecto de Fibra Óptica Austral en sus fases finales de desarrollo y con un lugar entre los países avanzado en materia de TICS en el mundo, así como líder en la materia en el contexto latinoamericano. Igualmente, en lo que respecta a Gobierno Digital, en América del sur Chile sólo es superado por Uruguay en el ranking mundial de las Naciones Unidas sobre gobierno digital, y se encuentra en un nivel similar al de países europeos como Lituania o Hungría.De hecho, las recomendaciones realizadas por la OCDE en 2019 dan cuenta del buen trabajo realizado desde la anterior evaluación de políticas de gobierno digital, en 2016, y las medidas que está llevando a cabo actualmente la División de Gobierno Digital de la Ministerio Secretaría General de la Presidencia están en línea con varias de las propuestas del organismo internacional. En todo caso, entre las propuestas de la OCDE están el desarrollo de instrumentos de evaluación de impacto a mediano plazo para formular políticas basadas en la evidencia, una estrategia integral de adquisiciones e inversiones en TIC, y una política de datos del sector público que asegure su privacidad, seguridad, infraestructura e intercambio, y fomente la toma de decisiones basada en datos, entre otros.

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Gobierno Digital

Modernización del Estado

Digitalización Gubernamental

31/12/2021

Políticas para el desarrollo de la educación digital. Infraestructura digital, currículum, evaluación y formación digital docente

Para llevar adelante un proceso educativo digital y a distancia es necesario que los países cuenten con una adecuada infraestructura digital. En este sentido, la Comunidad Europea ha venido sistemáticamente midiendo esta dimensión en los países miembros, a través del Índice DESI (Digital Economy and Society Index), así como estimulando el desarrollo de planes de inversión en infraestructura digital para darle soporte a esta modalidad educativa. Así y todo, la realidad de estos países es disímil, aunque la mayoría viene intensificando la instalación de planes de infraestructura, donde la autoridad estatal juega un rol central en garantizar que sea distribuida de manera equitativa en el sistema. Dada esta condición de infraestructura, la dimensión pedagógica de la educación digital y a distancia se puede desplegar. Esta dimensión, a su vez, puede dividirse en tres elementos, donde también la autoridad educativa de cada país juega un rol central, a saber: el currículum nacional, la evaluación de los aprendizajes y la capacitación docente en términos digitales. Durante la pandemia por COVID-19, estos elementos adquirieron una importancia crucial a la hora de implementar modalidades de teleducación en el mundo. Así, a través del análisis de tres casos —España, Finlandia y Uruguay— , este informe describe cómo estos tres elementos son abordados en un contexto que fuerza radicalmente hacia procesos educativos no presenciales, y donde los casos analizados no fueron la excepción. Respecto a las modificaciones curriculares, los tres países debieron realizar una priorización de aprendizajes, focalizándose en ciertos contenidos considerados centrales del currículum educativo de cada país. Así y todo, en Finlandia y Uruguay se han incentivado el uso de herramientas digitales para la enseñanza, incorporándoselas en el currículo y generando así diversos programas y plataformas para contribuir al aprendizaje. En los tres países estudiados, se estableció la flexibilidad como un eje central, tanto para el estudiantado, mediante la aplicación de evaluaciones participativas y formativas, como para los docentes, donde se les apoyó en los lineamientos educativos, para poder diseñar evaluaciones y lograr planificar en concordancia con un contexto de educación digital a distancia. Sumado a lo anterior, se evidenció un gran énfasis sobre las competencias digitales de los docentes en los tres países analizados, por lo que se puso acento en el aumento recursos para capacitaciones y talleres, con el objetivo de mejorar las destrezas docentes digitales. Cabe señalar que algo que contribuyó a darle una continuidad general al proceso de aprendizaje fue que, en estos países, aunque especialmente Finlandia y Uruguay, se contaba con programas de digitalización educativa, por lo que se pudo acompañar el proceso de aprendizaje mediante las tecnologías (programas, aplicaciones, sitios Web, juegos digitales, etc.). Esto, sin duda, contribuyó a que el cierre de escuelas no interrumpiera tan abruptamente la continuidad de estudios.

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Infraestructura Digital

Formación digital docente

Evaluación Curricular

Brecha Digital

01/04/2019

Comparado: Proyecto de ley sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con otros proyectos de ley relacionados con sus contenidos.

Cifuentes Vidal, Pamela Alejandra

En el marco del estudio del “Proyecto de ley sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia”, Boletín N° 11.077-07, en segundo trámite constitucional, Senado; la Comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la Mujer y la Igualdad de Género solicita detectar si las ideas matrices y materias que contiene también son abordadas en otras iniciativas legales, actualmente en tramitación. La revisión del conjunto de proyectos de ley en tramitación revela que, las siguientes materias contenidas en el proyecto de ley en estudio, en lo que dice relación con la ley propiamente tal, sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia también se encuentran tratadas, en al menos un proyecto de ley en tramitación. Estas materias son: Tipos de violencia o maltrato; Violencia en las relaciones íntimas de pareja sin convivencia; Fomento de una educación no sexista; Violencia en el ámbito de la educación, incluido el acoso y ciber acoso escolar; Violencia en materia de salud. Respecto a esto último, se incluye la violencia obstétrica.

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Libertad de Violencia Género

Violencia Contra la Mujer

Violencia Intrafamiliar

17/06/2024

Soberanía Digital.

Hoehn, Marek

La soberanía digital se refiere al control y la independencia de un país u organización sobre sus activos digitales, incluidos datos, software, normas e infraestructuras. En el discurso político, la soberanía digital se refiere a las posibilidades de uso y organización autodeterminados de la tecnología de la información (TI) por parte de las sociedades, los Estados, las empresas y los individuos. Esto incluye tanto la competencia digital, entendida como pericia, como la competencia en el sentido de autorización para llevar a cabo actividades de forma independiente. La administración pública depende en gran medida de los proveedores de TI. Esto conlleva el riesgo de perder el control sobre sus propias TI y dejar de poder garantizar la protección de la información y los datos de acuerdo con la misión institucional y con la normativa nacional. Por ello, los gobiernos del mundo, tanto a nivel central como a nivel local, suelen fijarse el objetivo de preservar y reforzar continuamente la soberanía digital de su administración pública. Soberanía digital describe las capacidades y oportunidades de las personas e instituciones para desempeñar su(s) papel(es) en el mundo digital de forma independiente, autodeterminada y segura. Para lograrlo, el tratamiento de los datos necesarios para la administración debe estar garantizado por una tecnología de la información moderna, funcional y fiable. Esto requiere una transformación de la tecnología de la información en la administración pública con el objetivo de hacerla más independiente de proveedores y productos individuales y aumentar su resiliencia mediante la intercambiabilidad de componentes. Por lo tanto, la soberanía digital significa, en particular, crear alternativas y apoyar y dar forma a un mercado abierto y competitivo. Esto favorece la innovación y la flexibilidad en las TI de la administración pública, dos importantes motores de la digitalización de la administración pública. Por tanto, la soberanía digital tiene el potencial de acelerar la digitalización de la administración pública

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Dependencia Tecnológica

Privacidad de los Datos

Control Sobre los Datos

Soberanía Digital

03/11/2020

Regulaciones, códigos y políticas de conducta aplicables a deportistas acusados de violencia de género.

Cáceres Lara, Marcela Teresa

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer de las Naciones Unidas, de 1993, la define como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. Entre los factores socioculturales que influyen en el comportamiento del agresor, cabe señalar las normas culturales en las sociedades patriarcales, además de razones económicas, factores demográficos, históricos, religiosos y educativos. La violencia ejercida por un agresor en el ámbito de su vida privada, en algunas ocasiones tiene implicancias en su vida laboral. Al respecto, el documento tiene por objeto entregar un panorama respecto de la existencia de regulaciones legales en Argentina, España, Francia y México. Asimismo, indaga en los códigos de ética y políticas de conducta aplicables a deportistas acusados de violencia de género, que no tiene un origen estatal sino que en las mismas instituciones deportivas. La revisión indica la existencia de regulaciones legales sobre la materia, que están incorporadas en leyes sobre violencia contra la mujer sin que se evidencien disposiciones particulares respecto de las conductas violentas que puedan ser cometidas por deportistas. Se da cuenta de experiencias pioneras de clubes del fútbol argentino, que han incluido cláusulas en los contratos de los jugadores que podrían llegar a rescindirse en caso de violencia doméstica. Asimismo, instituciones como la National Football League (NFL), en Estados Unidos, poseen una Política de Conducta que prohíbe comportamientos como violencia doméstica, el abuso de niños y otras formas de violencia familiar, estableciendo además sanciones disciplinarias.

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Violencia de Género

Violencia en el Deporte

Género

20/12/2022

Seguridad en los estadios Normativa en Argentina, España, México e Inglaterra.

Cáceres Lara, Marcela Teresa

La tragedia ocurrida en 1985 en el Estadio de Heysel, Bélgica, donde murieron 39 hinchas de la Juventus tras enfrentamientos con seguidores del Liverpool, puso de manifiesto la necesidad de adoptar medidas urgentes para aumentar la seguridad en los acontecimientos deportivos. La respuesta a esa inquietud fue el Convenio Europeo sobre la Violencia y el Mal Comportamiento de los Espectadores en los Espectáculos Deportivos, en particular, en los partidos de fútbol, que exige a los Estados adoptar medidas prácticas para prevenir y controlar la violencia y el mal comportamiento de los espectadores. Con el tiempo y, en virtud de la ocurrencia de hechos similares, aunque con consecuencias menos graves, diversos países han adoptado legislaciones en relación a la violencia en eventos deportivos. Es así como en Argentina, junto con crearse una Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, que tiene a su cargo el diseño e instrumentación de medidas, políticas, estrategias y acciones destinadas a prevenir la violencia y el delito en eventos deportivos, se aprueba la Ley 24. 192, que establece el Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en los Espectáculos Deportivos. En España, la ley se centra en delitos relacionados con la violencia racial y los ataques contra las personas, penalizándose una serie de conductas, que sanciona también a los asistentes o personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos. En Reino Unido y, particularmente, Inglaterra, los desarrollos normativos vinculados a la violencia en el deporte, se iniciaron con la Safety of Sports Grounds Act, de 1975, que sentó las bases de la actual legislación. Si bien la Football Spectators Act de 1985, tiene una importancia fundamental al buscar controlar la admisión de espectadores a determinados partidos de fútbol en Inglaterra y Gales, mediante un sistema nacional de afiliación o membresías y licencias de admisión. También establece la emisión por parte de los tribunales y la ejecución de órdenes que impongan restricciones a las personas condenadas por determinados delitos En México, por su parte, destaca la creación de la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, cuyas atribuciones abarcan desde promover e impulsar acciones de prevención contra la violencia y la cultura de paz en el deporte; además de fomentar y coordinar campañas de sensibilización contra la violencia.

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Violencia en los Estadios

Fútbol

Violencia en el Deporte

Legislación Comparada

Barras de Fútbol

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