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Marco normativo para la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. El caso de Chile: Ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.
Esta minuta fue elaborada para apoyar la labor parlamentaria de la delegación que asistirá a la Sesión ordinaria del Parlamento Andino que se llevará a cabo en Cochabamba, Bolivia, entre los días 25 al 29 de junio de 2024. El documento introduce al proceso de elaboración del Marco Normativo para la Erradicación de todas las Formas de Violencia hacia la Mujer en el seno del Parlamento Andino el año 2016. Luego, presenta sus componentes principales y hace referencia a los instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que abordan la Violencia de Género. Posteriormente, en razón de la reciente promulgación y publicación de la Ley Integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en Chile (Ley 21.675), se exponen los elementos esenciales que pueden ser un aporte al debate de actualización del documento Marco y se presenta una cronología de la legislación nacional que aborda la violencia contra las mujeres.
Evolución del femicidio y de los demás delitos de violencia de género en Chile.
El Ministerio del Interior proporciona datos específicos sobre violencia de género en contra de mujeres, distinguiendo dicha información de otro tipo de víctimas, a saber: adultos mayores;niños y niñas; y hombres.A nivel de tasas de comisión, entre 2005 y 2018 a nivel nacional se registra un promedio anual de 589,4 casos cada 100 mil habitantes.A nivel regional, solo las regiones de Coquimbo y Metropolitana de Santiago se encuentran bajola media; siendo las regiones del norte y del sur del país las que poseen las mayores tasas de delitos de violencia intrafamiliar contra mujeres (se exceptúa la región de Magallanes).Respecto a su evolución en el tiempo, desde el año 2005, este tipo de violencia presentó un sostenido aumento. Sin embargo, dicho año (en que se registranmás de 150 mil casos,de los cuales 123.820 correspondieron a violencia contra mujeres),marca un punto de inflexión en este tipo de denuncias, las cuales evolucionan a la baja, llegando a 86.445 casosel año pasado.El descenso en las cifras también es experimentado a nivel comunal: solo 15 de las 102 comunas incorporadas al presente estudio,presentan un alza en la comisión de este delito. Respecto al femicidio, desde que se crea esta figura penal a fines del 2010,se han producido, en promedio, 88,9 femicidios anualmente, lo que suma 711 casos en los últimos 8 años.
Beneficios habitacionales y violencia domestica
A solicitud del requirente se revisa la situación comparada de algunos países en donde se han implementado normas específicas para asegurar beneficios habitacionales para víctimas de violencia física, sexual y psicológica en contra de mujeres y otros grupos. Se describe la normativa de Dinamarca, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. Desde el año 2008, en que el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon lanzó la campaña mundial llamada “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, que hace un amplio llamado a respaldar estrategias para abordar la violencia contra mujeres y niñas se han implementado distintas alternativas, entre cuyas líneas de atención se encuentra la implementación de beneficios habitacionales para abordar la situación de las víctimas.
Programas estatales para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
Se revisan los programas que los Gobiernos en Chile a través de diversos ministerios y organismos públicos han desarrollado para prevenir, enfrentar, erradicar y reparar la violencia contra la mujer. En particular, se entrega información sobre programas en violencia intrafamiliar, femicidio y violencia sexual, así como también programas que buscan garantizar derechos económicos, como es el acceso al trabajo, disminución de la brecha laboral y la brecha salarial de género.
Desarrollo de marcos legales contra la violencia contra la mujer en Latinoamérica y El Caribe.
Cada año el 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Es en este contexto que el Comité Técnico de Género de la Biblioteca del Congreso Nacional en trabajo coordinado con la Unidad de Género del Senado y la Coordinadora de Políticas de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, han desarrollado un programa de 16 días de actividades que buscan informar y sensibilizar sobre esta problemática, con el objetivo de prevenir la violencia de género, en particular aquella que se da en ambientes laborales. Para aportar con el programa, el presente documento busca mostrar, con un enfoque histórico, el desarrollo de algunas de las normativas más relevantes en Latinoamérica y el Caribe, que buscan prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género.
Violencia escolar e involucramiento de la familia en la educación escolar. Ley federal, política e implementación en un caso de EE.UU.
La literatura ha identificado que los factores a intervenir para mitigar la violencia escolar son: „la seguridad escolar‟, es decir, dirigidas a prevenir crímenes en el contexto escolar; „el clima escolar‟, entendido como el nivel de calidad de la vida estudiantil en un determinado establecimiento; el „involucramiento de la comunidad‟, en otras palabras la participación de todos los actores que juegan un rol en el proceso educativo; y el „involucramiento parental‟, que se refiere al rol específico que juegan los padres, madres y otros miembros de las familias en el proceso educativo del estudiantado. Bajo este panorama, se ha sostenido que ninguno de estos factores por sí solo es lo suficientemente efectivo para disminuir la violencia escolar, sino que abordarlos en conjunto o paralelamente contribuiría a la reducción de la violencia escolar. Sin embargo, existen diversas políticas y programas que se han desarrollado para abordar estos factores por separado. En efecto, un grupo de ellas está dirigida a potenciar el rol parental en la prevención de la violencia escolar. Este sería el caso de las políticas de involucramiento parental en los EE.UU. Estas políticas son prescritas en la legislación federal, especialmente en la Every Student Succeeds Act de 2015, la cual entrega un marco general para la elaboración de políticas educativas de este tipo a nivel sub-nacional. De esta forma, son las „agencias locales de educación‟ –unidades administrativas que congregan grupos de establecimientos educacionales dentro de los estados– las que están encargadas del diseño de estas políticas. Así, estas agencias entregan los lineamientos de la política, junto con una serie de regulaciones, para que cada establecimiento educacional implemente los programas y acciones necesarias que dan forma concreta a la manera en que padres, madres y otros miembros de las familias se involucren en todo lo que concierne al proceso educativo. Dentro de las acciones que se implementan están: informar clara y oportunamente de los derechos parentales para participar del proceso educativo; informar de los avances o retrocesos en cuestiones de aprendizaje de los estudiantes, así como en otros aspectos escolares; facilitar la participación parental y familiar en la escuela; adecuar mecanismos de participación a la vida de padres, madres y otros miembros de las familias de los estudiantes; implementar mecanismos de comunicación eficientes y permanentes entre escuela y familias, como puede ser el uso de redes sociales; preparar a todo el personal escolar en la valoración de la participación parental y familiar en el proceso educativo estudiantil; entre otros.
Legislación comparada de protección a las trabajadoras víctimas de violencia de género: Argentina, Ecuador, España, Estados Unidos de América (Nueva York), Nueva Zelanda y Uruguay.
En el derecho internacional de los derechos humanos existen Convenios e instrumentos que tienen como fin eliminar la discriminación y/o la violencia contra las mujeres, a saber: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Recomendaciones Generales del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer N° 12 y N° 19 sobre la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará y el Convenio de Estambul. En el ámbito laboral, en el 2019 la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre la violencia y el acoso, (núm. 190) y la Recomendación núm. 206 que se refieren a la violencia doméstica y su impacto en el mundo del trabajo, enunciándose una serie de medidas que pueden implementar los Estados Miembros, para mitigar los efectos de esta en el trabajo.
La violencia como práctica antidemocrática en los procesos electorales en América Latina y el Caribe.
La violencia política en América Latina y el Caribe abarca acciones destructivas para obtener poder y suprimir la oposición, practicada por diversos actores, desde agentes estatales hasta medios de comunicación. Incluye violencia política de género, obstaculizando la participación plena de mujeres y diversidades en la política. Aunque existen leyes contra ello, sigue siendo un problema destacado en la región. En nuestra región se ha vuelto necesario analizar y discutir el fenómeno de la violencia política, especialmente aquella dirigida contra los candidatos electorales. En un mundo cada vez más polarizado, donde la democracia y los derechos civiles a menudo son puestos a prueba, este tema es de suma importancia, pues atañe a la esencia misma de nuestras instituciones democráticas. El análisis de este fenómeno no puede ser unidimensional, ya que la violencia política está enraizada en una multitud de factores interconectados. Entre las variables claves a considerar se incluyen, pero no se limitan a, la corrupción, la desigualdad social, la inestabilidad política, y la influencia de grupos de poder ilegítimos.
Violencia de género en el ámbito laboral: Normativa internacional y nacional.
La legislación nacional paulatinamente ha incorporado disposiciones destinadas a regular las conductas susceptibles de afectar la dignidad de las trabajadoras y trabajadores. Aunque estas normas no están dirigidas exclusivamente a tratar las violencias que experimentan mayormente las mujeres en razón de su género, se entiende que estas las protegen especialmente y encuentran su fundamento en disposiciones constitucionales y en las obligaciones internacionales del Estado. Los derechos de las mujeres son reconocidos principalmente por dos tratados específicos: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW (Naciones Unidas); y la Convención de Belem do Para (Organización de los Estados Americanos). Complementan estos instrumentos, el Convenio N° 190 de la OIT que define la violencia y el acoso, y el acoso y violencia por razón de género. El Código del trabajo, tras diversas modificaciones, incluyendo la Ley N° 21.643 (o Ley Karin), ordena que las relaciones laborales siempre deben fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que importa adoptar medidas para promover la igualdad y erradicar la discriminación. Son contrarias a la dignidad de la persona trabajadora, entre otras, (i) el acoso sexual, (i) el acoso laboral, y (iii) la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral.
Avances desde la implementación del acuerdo de asociación digital (DEPA) en chile.
DEPA es un acuerdo que regula materias cruciales en el marco del comercio digital tales como el libre flujo de datos y no discriminación a productos digitales, la inteligencia artificial, la identidad digital y la privacidad, con el propósito de facilitar y potenciar las oportunidades de intercambio comercial a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) en el entorno digital (Vargas Cárdenas, 2020). El acuerdo fue suscrito por Chile el 11 de junio del año 2020 entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur y fue despachado por el congreso en nuestro país el 3 de agosto del año 2021 y entró en vigor a contar del 23 de noviembre del mismo año, y a continuación se informan los últimos avances en relación con el mismo.