La industria de concesiones de obras públicas en Chile, que ha modernizado la infraestructura nacional, presenta problemas que hacen necesario modificar su normativa. El principal es el tratamiento de los numerosos convenios complementarios. Actualmente las renegociaciones no se construyen sobre un modelo de eficiencia económica, pueden afectar el interés fiscal y dan lugar a comportamientos oportunistas, lo que afecta la eficacia de la licitación. La regulación, que fija la remuneración del inversionista cuando no es posible licitar nuevamente la obra, se ajusta más a la teoría económica y es más adecuada para determinar el valor económico del proyecto modificado. La licitación no sustituye a la regulación, sino que, por la naturaleza incompleta de los contratos, ambas son mecanismos complementarios para incorporar la inversión privada a las tareas públicas.