El presente artículo plantea la eficacia práctica que puede tener la limitación de los poderes dispositivos del promotor para conseguir que el piso futuro resulte conforme con la descripción hecha en el contrato y con la legislación urbanística, o bien para sustraer el suelo de las consecuencias derivadas de la insolvencia del promotor (embargo o quiebra). También se plantean las dificultades existentes al tasar el daño derivado del incumplimiento del promotor y la implicación de estos casos con el denominado "daño moral".