Con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1990 por parte del Estado de Chile, se han promulgado una serie de normas dirigidas al cumplimiento progresivo de este compromiso. En conjunto con estas reformas al marco legal, ha habido preocupación por mejorar la calidad tanto de los servicios y programas, como de las instituciones, para dar una mayor y mejor protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país.