A medida que nuestro país progresa, se hace más frecuente la iniciativa estatal para invertir en infraestructura. El contrato de obra pública es una manera efectiva de materializar tal iniciativa cuya finalidad es la satisfacción de necesidades públicas por medio de la realización de obras públicas. La Administración cuenta con numerosas facultades exorbitantes que la ubican en una posición de superioridad con respecto al contratista encargado de ejecutar las obras. El lus Variandi corresponde a una de ellas, y se traduce en la facultad unilateral de la Administración para modificar el contrato de obra pública, siempre y cuando la causa que motiva su aplicación sea imprevista. En virtud de esta facultad la Administración puede exigir al contratista aumentar las cantidades de obra, disminuirlas, o realizar obras nuevas pero sin alterar el objeto del contrato original. Como contrapartida a ello deberá indemnizar al contratista según los porcentajes establecidos por la ley.