En este comentario, el autor afirma que el fallo que declara la inaplicabilidad de la Ley N° 17.288, pronunciado por el Pleno de la Corte Suprema, ha sido uno de los más decisivos del máximo tribunal ordinario en el ámbito del derecho de propiedad y constituye un hito jurisprudencial de magnífica relevancia. Con ocasión de ello, el comentario se interna en el concepto constitucional de función social de la propiedad, su llegada a la Constitución de 1925 en el año 1967 -misma época de la ley impugnada-, en sus influjos doctrinarios de aquella época y en su posterior readecuación para la Constitución de 1980. El autor sugiere que entender la función social en su sentido de 1967, como lo hizo la Ley de Monumentos Nacionales, daría pie para una contradicción en la Constitución, con serio daño para una sociedad libre. Al declarar la inconstitucionalidad de la ley, la Corte ha asignado correctamente los costos de una política de monumentos que beneficia a la comunidad toda: el Estado deberá soportarlo y no exclusivamente el propietario, lo que si así fuera vulneraría el principio constitucional de igualdad ante las cargas públicas. Así, la ley que obliga conservar un inmueble declarado monumento nacional por el Estado e impide destruirlo, transformarlo o repararlo libremente, constituye una privación de las facultades de uso, goce y disposición, y pugna con la garantía constitucional de la propiedad. En el curso del artículo, el autor repasa el problema doctrinario de las expropiaciones regulatorias, ya tratado en el derecho comparado -particularmente Alemania y Estados Unidos- pero de escaso desarrollo doctrinario y jurisprudencial en Chile. Analiza también los elementos económicos y de hecho que deben considerarse para estimar que una regulación ha llegado a privar la esencia de la propiedad o uno de sus atributos. Concluye que el fallo comentado -Maullín con Fisco- es un positivo avance para una correcta aproximación del problema en Chile.