La reciente aprobación [en España] de la ley 27/2006, de 18 de julio, abre las puertas a las personas jurídicas (ONGs, organizaciones ecologistas, etc.) para acudir a la vía contencioso administrativa para la defensa del medio ambiente. Pero la legislación española no prevé aún de modo expreso la legitimación activa de los ciudadanos particulares en defensa del entorno medioambiental. En el presente trabajo, el autor defiende la admisibilidad de tal legitimación y la posibilidad de la defensa preventiva del medio ambiente mediante la solicitud de medidas cautelares en el marco de un procedimiento ordinario, así como por medio del ejercicio de determinados procedimientos posesorios, especialmente adecuados para tal fin.