El presente informe tiene dos objetivos. En primer lugar, examina el funcionamiento del recurso de inaplicabilidad a través de un modelo de ingresos (demanda) y fallos (oferta). En segundo lugar, analiza la integridad y la coherencia de las decisiones constitucionales producidas por la Corte Suprema en materia de propiedad, de igualdad y en el tema de la derogación tácita y la inconstitucionalidad sobrevenida. El informe explícita el precario diseño institucional que presenta esta acción constitucional y sugiere que se genera una tendencia a producir decisiones meramente formales por parte de la Corte. Además, el trabajo da cuenta de las deficiencias de nuestra jurisdicción constitucional y de cómo este recurso no ha contribuido a generar una práctica interpretativa íntegra y coherente de la Constitución ni de los derechos fundamentales en ella reconocidos.