Los delitos asociados a operaciones urbanísticas están de moda en los medios de comunicación desde hace un tiempo, aunque la lacra del urbanismo desmedido en nuestro país viene de lejos, circunstancias ambas que han conducido a que la sociedad se encuentre hoy en día altamente sensibilizada con el problema de las graves irregularidades urbanísticas. De esos delitos que guardan relación con el urbanismo una buena parte son constitutivos de prevaricaciones urbanísticas y de delitos urbanísticos en sentido estricto. Estas figuras delictivas fueron tipificadas por primera vez en el Código penal de 1995, en los artículos 319 y 320. Desde entonces han sido numerosos los estudios doctrinales sobre tales delitos y su efectiva aplicación por los jueces y tribunales los ha consolidado como infracciones penales de cierta proliferación. En esta obra se hace un estudio sistemático de los delitos y prevaricaciones urbanísticas, incluyendo esa amplia y variada doctrina y jurisprudencia. Desde el punto de vista del autor estos delitos están perfectamente legitimados en una sociedad como la nuestra en la que el suelo es un bien escaso y caro, hecho que dificulta hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, y en la que la especulación o el mero interés particular ponen en peligro lugares y espacios excluidos del proceso urbanizador o de edificación por su interés general o comunitario, razón por la que están necesitados de una especial protección normativa, incluida la penal. La regulación legal resulta un banco de pruebas excelente de toda la teoría jurídica del delito, dado que se ponen a prueba toda clase de principios fundamentales del Derecho penal actual, pues no en vano son delitos que forman parte de la necesaria modernización del Derecho Penal y deben desentrañarse las razones por las que tales delitos son compatibles y acordes con el ordenamiento jurídico vigente.