El trabajo procede a analizar los problemas que plantea el artículo 355 del Código Penal. Este precepto establece una serie de medidas que pueden ser adoptadas por los Tribunales de Justicia tras la verificación de un delito de incendio forestal, las cuales han gozado hasta la fecha de muy escasa aplicación jurisprudencial. Concretamente las medidas previstas en el citado precepto son tres: la prohibición del cambio de la calificación del suelo en las zonas afectadas en un plazo de hasta treinta años; la limitación o supresión de los usos que se vinieran llevando a cabo en las mismas zonas afectadas, así como la intervención administrativa de la madera quemada. El estudio concluye con una referencia al decomiso de la madera quemada como medida cautelar y sanción administrativa, fuera, pues, de lo que constituye el Derecho penal en sentido estricto, pero aprovechando el análisis previo.