La eliminación de las construcciones existentes e ilegales siempre ha constituido uno de los objetivos del derecho urbanístico. Si el derecho español tiene una eficacia indiscutible de momento, su homólogo francés se queda totalmente estéril. Sin embargo, en la hora de la profusión de leyes autonómicas en España, el estudio del ejemplo francés permite catalogar y sistematizar los efectos perversos de una legislación urbanística demasiado complicada y borrosa. En efecto, en Francia, en el plano contencioso-administrativo, la obligación de legalizar se puede evitar fácilmente aprovechándose del inadecuado control judicial. Además, los poderes de policía urbana de los alcaldes, el derecho penal urbanístico, la responsabilidad civil del infractor son puramente teóricos. Por lo tanto, el estudio del régimen de las construcciones existentes e ilegales en el derecho urbanístico galo pone de relieve las carencias de un sistema jurídico controlado por una magistratura alérgica a los objetivos urbanísticos del Legislador.