Una de las consecuencias principales de que una sustancia u objeto caiga dentro de la definición de residuo es su sumisión a un régimen jurídico caracterizado por un elevado grado de intervensionismo administrativo (autorizaciones, registros, limitación de exportación e importación, etc.) en razón del objeto tutelado por la norma: la protección de la salud de las personas y el medio ambiente. En los últimos años se han ido consolidando una serie de realidades afines al concepto jurídico de residuo que intentan escapar del mismo, principalmente subproductos y materias primas secundarias. Lo anterior ha suscitado distintos contenciosos ante el TJCE que, a través de diversos pronunciamientos, ha ido esbozando una serie de criterios que con más o menos acierto intentan diferenciar las anteriores categorías.