La reforma constitucional introducida por Ley N° 20.050 modificó el marco de competencias del Tribunal Constitucional posicionándolo como garante exclusivo del principio de supremacía constitucional. Sin embargo, y en lo que dice relación con el control de constitucionalidad del reglamento ejercido por el Tribunal Constitucional, puede verificarse que la reforma adolece de cuatro deficiencias que lejos de robustecer dicho rol vino a debilitar la tutela de este organismo frente a actos normativos, las que, a modo somero, son las siguientes: La reforma constitucional limita la competencia del Tribunal Constitucional, con motivo de un requerimiento de constitucionalidad de reglamento, para pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la ley remisora. Limitación inexplicable de la legitimación activa para requerir al Tribunal Constitucional el control de constitucionalidad del reglamento. Esta situación contrasta con la regulación que el propio constituyente realiza de la acción de inaplicabilidad y de la acción pública de inconstitucionalidad de las leyes, pues en ambas se confiere legitimación activa al particular. Empero, tratándose de reglamentos el particular carecería de tal legitimación para requerir el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Además, en este mismo punto, es posible constatar que cuando se trata de reglamentos autónomos, se limitó la legitimación activa solamente a las Cámaras del Parlamento, excluyendo la posibilidad de que la minoría parlamentaria pueda recurrir al Tribunal Constitucional, lo que representa un debilitamiento a las bases del régimen democrático; Falta de cobertura del control de constitucionalidad respecto de otros actos normativos de la Administración del Estado que no adoptan la forma de decretos supremos; y Ausencia de tratamiento acerca de la problemática de la inconstitucionalidad por omisión de reglamento. Es por ello que, en el presente documento, junto con exponer estas deficiencias, se ofrecen propuestas de solución que, naturalmente, van más allá de la reforma eventual a la Carta Fundamental.