La Ley 26/2007, de responsabilidad medioambiental consagra el principio de que «quien contamina, paga» e impone a los operadores estrictas obligaciones de prevención, evitación y reparación de los daños ambientales y de las amenazas de este tipo de daños. Esta Ley consolida en España un régimen más severo que el previsto en la Directiva que traspone, potenciando la necesaria concienciación y responsabilidad del sector privado por los riesgos para el medio ambiente que generan sus actividades. El objetivo de este trabajo es analizar el régimen jurídico que establece la Ley y aclarar algunas de las dificultades interpretativas que plantea la norma.