El contrato administrativo tiene un importante rol en el mercado mundial, representa entre un 5% y un 15% del PIB en cada país, de modo que es a través de las compras públicas que los Estados asumen un importante rol económico como principal agente que adquiere bienes y servicios. El Derecho de la contratación pública reconoce una serie de principios que forman parte del acervo de la contratación pública internacional, que en la actualidad se incorporan a los Estados ya no solo como aspiraciones, sino que con valor positivo, de manera que generan una obligación para las Administraciones y que debe ser aplicado por la justicia administrativa para resolver las contiendas que surjan por la aplicación o vulneración de las normas de contratación pública. En la actualidad los principios en la contratación pública son tanto fuente creadora de normas como, asimismo el parámetro legitimador de la actividad estatal cuando este se presenta como un agente económico que pretende satisfacer las necesidades públicas por medio de la interacción con los particulares, actuando dentro del diseño arquitectónico de los sistemas globales de contratación pública determinados por los principios de esta disciplina del Derecho.