El contrato de prestación de servicios a honorarios, como instrumento corriente de gestión por la Administración Pública, representa hoy un espacio normativo árido, pero con todo útil para encubrir relaciones laborales en sentido estricto y sostener la precariedad del empleo público. El régimen de contración a honorarios que contiene el art. 11 del Estatuto Administrativo, buscó originalmente erigirse sobre la excepcionalidad de esta forma de empleo, habilitando a la Administración del Estado para acceder a él únicamente a fin de proveerse de servicios no habituales de la instituciónde que se trate. El legislador estatutario de 1989, sin embargo, abrió el campo y la habitualidad o no de los servicios ha dejado de ser el eje de permisibilidad del sistema, y por eso, de conformidad al actual art. 11 del Estatuto Administrativo, una contratación a honorarios si está bien especificado el cometido, es válida y cumple con la norma, aun cuando recaiga sobre servicios habituales de la institución pública. Luego, si la Administración contrata servicios habituales sobre la base de honorarios, ello no habilita el ingreso del Código del Trabajo para disciplinar esa relación, en tanto no se hayan prestado esos servicios bajo vínculos de dependencia y subordinación de conformidad a los arts. 7° y 8° del Código del Trabajo.