Si se admitiera la constitucionalidad de la ley derogatoria del inciso cuarto del artículo 10 de la ley No.18.401, se afectarían contratos plenamente válidos y vigentes y el derecho de dominio de quienes tienen propiedad sobre las acciones preferentes. La derogación de esta ley afectaría a los accionistas preferentes y al banco mismo, el cual tiene derecho de pagar la "obligación subordinada" con los excedentes de cada ejercicio. El proyecto de ley que motiva el informe es claramente inconstitucional al sobrepasar el derecho de dominio y quebrantar con ello el art.19 No.24 de la Constitución Política.