La legislación aludida afectó a las entidades financieras que en 1981 entraron en cesación de pagos, perdieron todo su capital, fueron intervenidas y desde entonces administradas por delegados designados por el Gobierno. A fin de responder la consulta se describe la situación jurídica vigente de los bancos deudores con el Banco Central y, la situación de sus accionistas que dan orígenes a derechos y obligaciones claramente diferenciables.