La argumentación jurídica sostiene que el proyecto de ley que modifica las normas de negociación colectiva sería inconstitucional, y situa los cuestionamientos de constitucionalidad básicamente en tres de sus aspectos medulares: que la negociación colectiva multiempleadora sería contraria a la norma establecida en el art.19 No.6 de la Constitución; que el derecho a la información propuesto violaría el derecho a la intimidad y excedería del derecho a la información consagrado en el texto constitucional y; que la eliminación de la facultad de contratar reeemplazantes durante la huelga afectaría al derecho de propiedad, la iniciativa económica y la libertad de contratar. Se analiza estas cuestiones.