Según parte de los autores, el derecho ambiental no existiría como tal sino que sólo consistiría en una recopilación de legislaciones que, pese a compartir una finalidad común, encuentran inspiración en principios independientes, como lo demostraría la codificación ya existente de cada una de ellas (derecho administrativo, penal, internacional o civil). La crítica planteada por esta posición es relevante para efectos de una codificación del derecho ambiental. Entendida en un sentido restrictivo, la elaboración de códigos supera la sola agrupación de normas, debiendo ser coherente y responder a principios comunes. Es la posición afirmada por el Tribunal Constitucional chileno, precisamente con ocasión del análisis constitucional del Código del Medio Ambiente. Sin embargo, las dificultades teóricas para la codificación del derecho ambiental no han impedido que distintos países asuman el desafío. Este ha sido el caso de Perú, Colombia y Francia ¿entre otros?. Cada uno de estos Estados han adoptado códigos de derecho ambiental, aunque de manera diversa y con resultados distintos. En relación con la forma de consagración, mientras que Colombia y Perú han considerado la codificación con anterioridad a la dictación de leyes generales, Francia ha implementado leyes generales con anterioridad al proceso codificador. Una diferencia en este sentido no es sólo cronológica. Ella implica que los países latinoamericanos han utilizado la técnica codificadora para innovar en el ordenamiento, a diferencia del caso francés, que se ha limitado a compilar en un código el derecho existente. Esta ausencia de regulación en cuanto al fondo podría explicar que, a diferencia de Perú y Colombia, dicho país mantenga la práctica de codificación del derecho ambiental, descartada en los Estados latinoamericanos analizados, a través de distintas derogaciones, que han vuelto a establecer la vigencia de legislaciones dispersas para la protección ambiental.