La protección a los derechos de los usuarios a través de la libre competencia entre prestadores del servicio es la razón fundamental que justifica la regulación y el control que el Estado se reserva en relación con la prestación de los servicios públicos. La Constitución de 1991 consolida el paso de una democracia representativa a una democracia participativa y es, desde esta perspectiva, que enfoca el tema de los servicios públicos domiciliarios. Tema que es desarrollado por los Artículos 365 a 370 del actual texto de la Constitución Política.