En América Latina, el transporte público es el medio más utilizado por la población para movilizarse, sin embargo, el miedo a contraer COVID-19 ha llevado a las personas a buscar opciones de traslado con la mínima interacción con otros . Así, la pandemia ha propiciado que los gobiernos impulsen un mayor uso de la bicicleta, aporten más infraestructura y la integren al transporte público. La política nacional de Noruega de reducir en un 50% las emisiones de CO2 a 2030, propone alejar a las personas de los automóviles y acercarlas a las bicicletas. En el caso de Argentina, medidas tales como, habilitar espacios de detención para reparar la bicicleta disponiendo para ello kits de herramientas gratuitos en los trayectos y reasignar espacios para estacionarlas en lugares destinados sólo a automóviles son medidas que impulsan su uso. La instalación en Canadá de parklets, viejos contenedores reciclados para espacios públicos instalados en lo que fueron espacios de estacionamientos, recuperó la calle para las personas, habilitando asientos, paisajes y estacionamientos para bicicletas involucrando el comercio local, juntas de vecino y organizaciones sin fines de lucro en su desarrollo. Finalmente, viajar en bicicleta y conectar trayectos a través del transporte público (por ejemplo, con autobuses y metro); así como, integrar el comercio local en los trayectos de los ciclistas (restaurants con espacios exclusivos para estacionamientos de bicicletas antes destinados a autos) resultan ser incentivos que en Europa incluso llevan a las personas a continuar utilizando la bicicleta durante todo el año, aún cuando la temperatura promedio en invierno alcance los -8,7oC.