Analizadas las legislaciones penales en materia de delitos medioambientales de Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, España y Perú, se constata que ellas sancionan penalmente las conductas graves contra el medioambiente, describiendo casuísticamente las conductas ilícíticas, pero sin detallar elementos sustancias o elementos contaminantes, ni sus niveles o límites de concentración, tiempo, medida, etc. Por otro lado, parte de la doctrina nacional recomienda adoptar en Chile, delitos de resultado, de peligro y de mera actividad, atendiendo al objeto de protección. Así, propone: Delitos de resultado para los casos de grave contaminación, con reglas especiales para determinar cuándo se producen los resultados que se pretenden evitar, vinculados a pruebas objetivas de cantidades de emisiones y de relación causal; Delitos de peligro, consistentes en la producción, transporte y almacenamiento no autorizado de ciertas sustancias contaminantes peligrosas para el medio ambiente, exigiendo que tales sustancias y sus cantidades sean fijadas previamente por reglamento; y En los delitos relativos a la protección del Sistema de Evaluación Ambiental, propone mantener el sistema tradicional en esta clase de delitos vinculados a la protección de la administración, consistente en figuras de mera actividad realizadas por particulares (ejecución no autorizada de proyectos o actividades sujetos a evaluación ambiental, presentación de documentos falsos, entre otros), o por funcionarios públicos (aprobación o concesión indebida de permisos ambientales, etc.)