Se postula que la adopción de prácticas orientadas al mercado y el nivel de autonomía tanto respecto del gobierno como de grupos sociales determinan hasta qué punto las instituciones tienen responsabilidad efectiva por su gestión, lo que se valora considerando en qué medida someten a evaluaciones sistemáticas e independientes los efectos de sus programas. Los cuatro casos que se examinan: el Sebrae de Brasil, Nafin de México, la Corfo de Chile y la sepyme de Argentina demuestran que la hipótesis es válida para las instituciones públicas, pero lo es menos para las instituciones privadas con presupuestos asegurados