Con el restablecimiento de la democracia se inició en España la regulación de la actividad financiera de las formaciones políticas. Este artículo aborda el estudio de las subvenciones públicas para el funcionamiento corriente de los partidos y examina la evolución durante el último cuarto de siglo tanto de las normas legales aplicadas como de los fondos repartidos. Nuestro objetivo es averiguar si el comportamiento observado por las organizaciones políticas durante el amplio período temporal examinado es compatible con las predicciones de la teoría de la elección racional. También formulamos una propuesta de financiación de los partidos que eliminaría, a nuestro juicio, los aspectos más criticables del sistema vigente.