El trabajo examina los artículos 329.1 y 329.2 del Código Penal, denominadas prevaricaciones ambientales. Para ello transita por los diversos niveles que presenta la estructura estratificada del delito: bien jurídico, sujetos activos, conducta típica, formas de aparición del delito -tentativa y codelincuencia- y pena. En relación con el apartado primero, los informes ilícitos de funcionarios en materia medioambiental, se hace especial hincapié en dos aspectos. Por una parte, la omisión consistenteen silenciar la infracción de normas reguladoras de actividades contaminantes, donde se concluye que sólo la falta de impulso de la persecución de las infracciones administrativas, y no de los delitos, contra el medio ambiente tiene cabida en el artículo 329.1. Por otra parte, la potencial relevancia de la comisión imprudente, donde se opta por aceptar tal posibilidad. En lo que respecta al apartado 2, destaca por un lado el estudio de las posibilidades punitivas que presenta el caso en el que el funcionario público, la autoridad vota a favor de conceder una licencia y la resolución no se adopta por el juego de las mayorías. Por otro, se detiene el autor en el examen de las relaciones concursales con el apartado 1.