En los últimos tiempos asistimos a dos fenómenos contradictorios. Por un lado, se da una sensibilidad ecológica cada vez más intensa. Por otro, la enorme presión urbanística provoca que algunas administraciones busquen los recovecos que permite el ordenamiento jurídico para aprobar proyectos urbanísticos en zonas de especial valor ecológico. Una de las medidas más recientes y habituales es la aprobación por ley de normas de contenido básicamente administrativo para soslayar principios y derechos constitucionales, impidiendo el derecho de los administrados a un recurso efectivo, como ha ocurrido en el caso de la Ciudad del Medio Ambiente.