El autor del artículo sostiene que si el Estado aspira a terminar con la violencia en los territorios indígenas debe revertir la violencia que en ellos generó en el pasado, hoy en día aún presente en la exclusión, el trato policial discriminatorio y en megaproyectos de inversión que atentan contra los derechos de los pueblos que en ellos habitan. Afirma que hay una contradicción progresiva entre el discurso en favor de los pueblos indígenas y sus derechos, y el tratamiento que en la práctica se ha dado a ellos. Se trae al presente el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989, en que representantes de pueblos indígenas y de la Concertación asumieron compromisos de trabajo conjunto para el reconocimiento de los derechos de eses sector en el marco de la transición.