El programa de gobierno de Michelle Bachelet destacó en su formulación central que la desigualdad existente en la sociedad chilena es "insostenible", por lo cual la necesidad de resolverla "exige realizar cambios profundos y estructurales". Ha transcurrido ya la cuarta parte del período presidencial, por tanto es necesario analizar cuánto se ha avanzado en esa dirección. Por ello consideramos el tema de la distribución particularmente de la riqueza como un aspecto central en nuestro análisis, así como los manejos del mundo de grandes intereses económicos y sus relaciones con la política que tiene en el escándalo Penta y Soquimich capítulos relevantes, pero no son los únicos como lo ratificó el actuar de Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco de Chile, en un crédito proporcionado a una empresa donde la mitad de los títulos pertenecen a una nuera de la presidenta y en cuya reunión con él participó su hijo, Sebastián Dávalos. O en el escándalo de las Cascadas de Julio Ponce Lerou. La historia interna y externa demuestra que las reformas progresistas generalmente son logradas superando la férrea resistencia de los sectores dominantes, que después se juegan por buscar revertirlas, como aconteció con la reforma agraria o la nacionalización del cobre que posibilitaron cambios importantes en el país sin los cuales no se pueden explicar muchos acontecimientos posteriores. Ello hace necesario construir una alianza con los amplios sectores de la sociedad que están por su concreción. El curso del proceso de reformas en el primer año de gobierno no se dio de esta manera. A pesar de la abrumadora mayoría que entregó su respaldo en la elección presidencial se fue expresando la oposición a las reformas, incluso en las calles, como sucedió por ejemplo en la educacional, facilitado por la forma como se inició, sin poner en primer lugar el desarrollo de la educación pública y sin lograrse unir los planteamientos efectuados con el movimiento social. En ello también influyó negativamente la desaceleración económica, que objetivamente tuvo un impacto negativo en sectores muy amplios de la población. Ni en el plano tributario ni el de la educación se produjo la necesaria alianza y entendimiento entre las formulaciones oficiales y los actores sociales que serán los beneficiarios de ellas. Es un gran desafío sin resolverse que debilita el proceso reformista. El primer año de gobierno fue afectado por un acentuado proceso de desaceleración económico más agudo y por un lapso más prolongado a todas las previsiones que se fueron dando a conocer tanto por el ministerio de Hacienda como por el Banco Central. Ello afectó directamente al financiamiento del programa comprometido ya que constituía la segunda fuente de recursos a obtener después de la reforma tributaria. Las proyecciones de ingreso efectuadas en el programa no tienen ninguna relación con lo acontecido, tanto en materia de crecimiento propiamente tal como en la cotización del cobre que en los inicios de 2015 experimentó una fuerte caída.