Introducción. Bien jurídico y constitución. Toda legislación ha de ser dictada, en nuestro régimen constitucional, con algún propósito útil, pues la existencia y actvidad del Estado se justifica constitucionalmente por encontrarse al servicio de las personas y propender al bien común, como señala el Art. 1°, inc. 4° CPR. El Derecho penal, como ordenación de rango inferior producto de la actividad estatal, también ha de tener ese propósito. En consecuencia, esos derechos, libertades e instituciones reconocidos en la Carta Fundamental constituyen los bienes jurídicos que legítimamente pueden, protegen las normas penales.Pero eso no significa que todo derecho, libertad o institución constitucionalmente reconocido deba ser protegido mediante normas penales. De hecho, no reciben una protección penal especial los derechos a la educación, la libertad de enseñanza, a ser admitido a todas las funciones y empleos públicos, a la libertad sindical, a la igual repartición de los tributos y varios más. Por otra parte, dado el carácter centenario del Código, la no siempre consciente vinculación entre las disposiciones penales y los intereses constitucionalmente reconocidos en el proceso legislativo, y la complejidad propia de los fenómenos criminales, es un hecho que muchas figuras penales protegen más de un interés constitucionalmente reconocido a la vez, y según la época de su dictación, puede aparecer como preponderante en su formulación el interés que, desde la perspectiva actual, podría encontrarse subordinado, tal como ocurre con los robos calificados del Art. 433, que bien podrían considerarse como homicidios, violaciones, secuestros y lesiones calificadas por el móvil o la ocasión baladíes (el atentado contra la propiedad) en que se cometen, pero que aparecen todavía bajo un "nomen juris" que enfatiza el ataque a la propiedad antes que a la vida, integridad física y psíquica o seguridad individuales. Luego, tomando en consideración estas limitaciones, se procurará en este texto sistematizar, de acuerdo con los intereses contitucionalmente reconocidos que protegen, el conjunto de delitos que comprende el Programa del curso de la Parte Especial del Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, más algunas otras figuras cuyo conocimiento es esencial -a nuestro juicio- para la práctica ante los tribunales con jurisdicción criminal en nuestro país.