Si bien Chile ha aprobado acuerdos internacionales respecto de la relación del Estado con los pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT, Undrip), esto no se ha reflejado en adecuaciones internas que se hagan cargo del tema. El proceso constitucional ofrece una oportunidad para abordar esta temática histórica, asentándola en las bases de la institucionalidad.