Su intervención se refiere a un proyecto de ley preparado en el Ministerio de Justicia por el asesor del Ministro, profesor José Antonio Ramírez (1993). Este establecía un servicio del Estado con la función de contribuir a la protección de los datos personales; servicio que implicaba alrededor de 300 millones de pesos en consecuencia requería la aprobación de Hacienda. El proyecto se llamó "Regulación Legal de la Informática", pero no se refiere sólo a la informática sino también a la acumulación de datos por medios manuales.