Se justifica que ante el avance y desarrollo tecnológico del poder informativo, se legisle a fin de garantizar que estos sistemas, en su operación y tratamiento, procesen o tranfieran con el debido respeto a la intimidad, privacidad, imagen y honra de las personas. La idea es que se reconozca a los afectados, acciones que puedan interponer ante algún órgano jurisdiccional que les permita restablecer su privacidad o imagen afectada y el derecho a ser indemnizado de los daños o perjuicios que deba soportar por la intromisión ilegítima.