Al crearse las Zonas Económicas Exclusivas de los países con litoral marítimo, los Estados pasaron a tener jurisdicción sobre las riquezas marinas hasta la distancia de 200 millas. Las divergencias entre Estados costeros y naciones con flotas pesqueras de ultramar, sobre estrategias y métodos de conservación y fijación de cuotas no se solucionaron con la Convención de Montego Bay en 1982. La Convención fijaba rumbos a los Estados para evitar que la pesca y caza marina indiscriminada continuaran extinguiendo las especies, entre las que se cuentan las altamente migratorias. Naciones Unidas, comprendiendo la necesidad de fijar normas a las zonas de alta mar adyacentes a las aguas jurisdiccionales de los Estados costeros propició la adopción de una Convención especial, que sin alterar principios, derechos y deberes establecidos en la Convención de Jamaica, diera solución a los conflictos. Para Chile, la intervención en las ZEE implicaría un deterioro de derechos conquistados en 1982.